El intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó un recurso amparo ante la Justicia Federal para reclamar por obras en la Ruta Nacional Nº 3.
En este sentido, el Ejecutivo local inició el mencionado recurso, exigiendo de manera urgente que la Dirección de Vialidad Nacional y la empresa concesionaria Corredores Viales SA cumplan con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad que tienen.
Al respecto, la presentación judicial destaca la omisión de sus obligaciones, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio de la Ruta 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el partido de Azul.
“Esta clara omisión afecta de manera actual, y tiene la potencialidad de empeorar, la seguridad de circulación, la prestación de los servicios públicos municipales y además el desarrollo del comercio y la industria, conculcando los derechos del Municipio y también de todos los usuarios que protege la Constitución Nacional Derecho a la Vida, Salud, Derecho a la Libertad de circulación, Derecho a la Educación, y Derecho al Trabajo conforme a los arts. 14, 14 bis, y 16 de la Constitución Nacional y la Autonomía Municipal consagrada en los arts. 5 y 123 del mismo cuerpo legal”, asegura la denuncia ante la Justicia.
En este marco, se reclama que las partes demandadas “reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad” y con la acción de amparo se solicita una medida cautelar protectoria dado el peligro que representa la situación actual de la ruta.
El estado de la ruta 3
En cuanto al «estado de la ruta», en la demanda se menciona que «es de público y notorio conocimiento que la Ruta Nacional N° 3 en el tramo que atraviesa el partido de Azul presenta un deterioro significativo y que en su circulación son muy frecuentes los siniestros viales que han provocado la muerte y lesiones de muchas personas».
«El tramo de la RN3 comprendido entre Azul y Cacharí, y en particular en sentido de circulación Sur a Norte, se encuentra caracterizado actualmente por la presencia de deformaciones de calzada importantes en la mano descendente, escasa señalización horizontal y banquinas en mal estado y descalzadas», se añade.
Del mismo modo, «se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes».
«La gran cantidad de roturas y pozos en el pavimento impiden una circulación ordenada y uniforme impidiendo el normal tránsito vehicular. A ello se suma la falta de demarcación de la Ruta, la falta de cartelería y la ausencia de trabajos de mantenimiento de las banquinas y cunetas y la falta de control sobre la circulación y sobre la existencia de animales sueltos», se sostiene en la presentación judicial.
Proyecto de autovía y mantenimiento abandonado
Otra cuestión incorporada en la presentación de la Municipalidad ante el Juzgado Federal se relaciona directamente con la «obligación del Estado».
En tal sentido, se sostiene que «el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó a la codemandada [Corredores Viales S.A.]».
En esa línea, se cita jurisprudencia al referir que «la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha señalado que quien tiene a su cargo la conservación y custodia de las rutas nacionales posee una responsabilidad objetiva sustentada en la creación del riesgo y en su deber de seguridad, no pudiendo excluir su obligación cuando el deficiente estado de la arteria constituye un peligro inminente para quienes circulan por el lugar'».
«En definitiva -se indica en la presentación judicial de la Municipalidad de Azul-, no caben dudas que existe un mandato legal que les atribuye a las demandadas la conservación, mejoramiento y custodia de las rutas nacionales, y que dicho mandato no puede ser suspendido, incumplido o relevado«. Y también se observa que «el principio de continuidad de los servicios públicos esenciales, ampliamente reconocido en la doctrina y jurisprudencia administrativista, impone que, durante los procesos de transición o reestructuración, las prestaciones básicas deben mantenerse sin solución de continuidad».
«Inacción y falta de servicio»
Al respecto, se plantea que «la situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos. Tanto es así que hasta se ha proyectado en algún momento, la construcción de una autovía. Con ello el Estado Nacional ha admitido que la Ruta 3 ya no satisface las necesidades de la región en relación al gran caudal de circulación».
«El proyecto de autovía fue abandonado y no existen expectativas de que en el corto o mediano plazo se desarrolle», se subraya, al tiempo que se indica que «lo que ha ocurrido también, y motiva este amparo, es que se abandonó por completo el mantenimiento y servicio en la Ruta omitiendo realizar toda actividad de mantenimiento, infraestructura y seguridad vial, conforme al siguiente detalle:
Por otra parte, la presentación menciona el intento de privatización al señalar que «La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentra en proceso de licitación para la privatización del Tramo Sur de la Red Federal De Concesiones que incluye a la RN3 en su recorrido por todo el partido de Azul. La etapa correspondiente es la Etapa II», pero advirtió que «el proyecto de privatizar resulta claramente futuro e incierto pues dependerá de que efectivamente se concrete la licitación, la adjudicación, que se dé inició a la ejecución».
Y remarcó: «al respecto es muy probable que la licitación no se concrete, ya que la inversión inicial que debería asumir el eventual concesionario es muy significativa por lo que la concesión a priori es antieconómica».
«El problema que se presenta es qué mientras todo ello ocurre, no existe un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonables que permitan una adecuada circulación«, apuntaron.
En la presentación se indica que, «por todo ello, se pretende que se haga lugar a la presente acción condenado a las demandadas para que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de la infraestructura de la Ruta 3 y asimismo provea un servicio de seguridad vial que incluya la cartelería y demarcación».
