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Crisis hídrica: Nación interviene en la emergencia, pero no explica la paralización del Plan del Río Salado

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En el municipio de 9 de Julio se llevó a cabo un nuevo encuentro entre autoridades municipales, bonaerenses y una delegación de Nación para abordar de manera integral la problemática del excedente hídrico en la región.

Con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, de Asuntos Agrarios, Seguridad y el municipio de 9 de Julio se llevó a cabo una reunión de trabajo a la que se sumó una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El eje del encuentro estuvo centrado en la coordinación para analizar el estado de situación regional por el exceso hídrico en las distintas localidades y zonas rurales del partido del centro bonaerense.

Del encuentro participaron la intendenta local María José Gentile, el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga; el administrador de Vialidad de la provincia, Roni Caggiano y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario como así también de la cartera de Seguridad bonaerense.

Esta nueva reunión, a la que se sumó una delegación del Gobierno Nacional, se da en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas que llevó adelante la Autoridad del Agua (ADA) que desempeñan un rol clave para el abordaje intersectorial del uso del recurso hídrico. 

El Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado, está conformado por nueve Subregiones, de las cuales siete (7) ya se encuentran reactivadas, y en proceso las restantes dos.

Durante este año se destinaron fondos provinciales a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales y se reforzó esa partida con $2.000 millones. 

En ese sentido, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas. 

También, a través de bombas hidráulicas, se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.

Uno de los temas centrales planteados fue el estado actual de la obra en la cuenca del Río Salado que ocupa una superficie de 170.000 Km2 en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el Presidente de la Autoridad del Agua, Damian Costamagna, explicó: “La herramienta para ordenar los recursos hídricos son los comités de cuenca, que fueron reactivados en la provincia de Buenos Aires y vienen desarrollando distintas actividades en conjunto con las obras hidráulicas que se ejecutan”.

Además, destacó que: “Estuvimos en Bragado y en 9 de Julio la semana pasada, cuando hemos anunciado las obras del nodo Bragado. Lo importante es que compartimos con el resto de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que estamos en una situación extraordinaria. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”.

PLAN MAESTRO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios, alcanzando a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires que impacta en 8 millones de hectáreas del territorio provincial que podrán ser recuperadas para la producción agrícola y ganadera bonaerense.

Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el tramo IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y está paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno Nacional; por su parte, el tramo V es el que se encuentra en proyecto y análisis presupuestario por parte del gobierno bonaerense.

El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.

Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, este fondo recibió unos $175 mil millones pero solo se ejecutaron $13.011 millones, que representan un 7,45% del total recaudado. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV podrían ser ejecutadas y finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley.

Por su parte, el Tramo V, a cargo de la provincia de Buenos Aires, se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro y que se extiende sobre 98 km en total, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

Asimismo, como obra complementaria, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos finalizó el estudio para la elaboración del proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que cuando se ejecute permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio.

El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica que forma parte de las Subregiones A2 y A3 (de igual denominación que sus respectivos Comités de Cuenca), de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.

El Plan Maestro Integral contempla en la ampliación de la capacidad del río Salado que permitirán mitigar los impactos de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas para la producción y potenciar el desarrollo productivo de esta cuenca. 

Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados. 

Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.

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Fernando Gray pidió que ABSA compita por la compra de AySA

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tanque de Aysa

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador Axel Kicillof que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

El jefe comunal advirtió que, de concretarse la privatización, existe el riesgo de que se reduzcan las inversiones destinadas a ampliar las redes de agua potable y cloacas, priorizando únicamente el mantenimiento de la infraestructura existente.

“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional. Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, expresó Gray.

Actualmente, AySA brinda el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de desagües cloacales a más de 9,6 millones en un área de concesión que abarca 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la presentación elevada por el intendente al Gobierno provincial, el plan de inversiones previsto para los primeros diez años de la futura concesión pone el foco en el mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes, relegando la expansión de las redes.

Además, Gray advierte que las principales obras estructurales quedarían postergadas para etapas posteriores y que la universalización del servicio no figura entre los objetivos previstos durante los 30 años de concesión.

El intendente remarcó que esta situación impactaría especialmente en municipios como Esteban Echeverría, donde aún existen sectores que requieren la extensión de las redes de agua y cloacas para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de la población.

Frente a ese escenario, el intendente propuso que ABSA participe en la licitación como oferente, con el objetivo de que la Provincia tenga un rol activo en la gestión de un servicio considerado estratégico.

En ese sentido, planteó que la presencia de la empresa provincial permitiría priorizar la planificación de nuevas obras, ampliar la cobertura y avanzar hacia la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento en los municipios bonaerenses.

Por ese motivo, Gray solicitó formalmente al gobernador Axel Kicillof que instruya al directorio de ABSA para que se presente en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

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Kicillof apunta a una agenda del conocimiento, trabajo y producción de cara al 2027

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Es un espacio de articulación entre la Provincia y el ecosistema del conocimiento, destinado a fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad en el sector.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio destinado al diseño de políticas públicas para fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad. Fue en el municipio de Vicente López, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En ese marco, Kicillof afirmó: «La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”. “Con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores», añadió.

«En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina».

El COPEC funciona como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento, con el fin de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezcan al sector. Del mismo, participan más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, de empresas, de universidades, de cámaras y asociaciones empresarias, de sindicatos y de municipios bonaerenses.

Por su parte, Costa sostuvo: “Este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”. “Responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”, añadió.

La economía del conocimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Comprende áreas como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética; software y servicios informáticos; industria aeroespacial y satelital; e inteligencia artificial y robótica, entre otras.

En tanto, Sujarchuk subrayó: “Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”, agregó.

Por último, Kicillof remarcó: «El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”. “Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”, concluyó.

Durante la jornada, expusieron el presidente Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; y su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A, Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza. Además, el senador Germán Lago; los diputados provinciales Mariano Cascallares y Diego Nanni; los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; los dirigentes Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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