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Dirigentes denunciados mantienen la ocupación de una sede de Fesimubo en Chivilcoy: “Vamos a esperar los tiempos legales”, dijo Ferro


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El Subsecretario de Prensa y Comunicación de la Federación de Municipales que conduce Rubén Cholo García se refirió al proceso penal contra Ángel García y Fernando Garrido por ocupación de la sede de calle Necochea tras las serias denuncias de fraude contra el gremio.

EL gremio se encuentra intervenido desde el 6 de junio de 2017, momento en que la Federación de Sindicatos Municipales inició las acciones legales pertinentes contra la anterior gestión encabezada por Ángel García y Fernando Garrido por administración fraudulenta. En ese sentido el Subsecretario de Prensa y Comunicación de la Fesimubo, Daniel Ferro, explicó en diálogo con Todo Provincial, que “nunca hicieron elecciones como marca la ley 23551 y tampoco presentaron certificado de autoridades que extiende el Ministerio de Trabajo de la Nación”. “Manejaron mucho dinero, que no se sabe que pasó”, dijo y agregó: “En doce años nunca presentaron los balances del gremio”.

 Sumado a esto García y Garrido, se niegan a entregar la sede gremial de calle Necochea a la interventora María Inés Mora, quien se encuentra desde hace un año a cargo del Sindicato, con asesoramiento de la Fesimubo en el marco de la ley de asociaciones sindicales 23551. “Desde hace un año venimos periódicamente a colaborar con la interventora en todo este proceso que esperamos sea breve, para poder llevar adelante las elecciones”, dijo Ferro al tiempo que confirmó que actualmente los fondos están siendo administrados por la Federación, para cumplir con los beneficios a los afiliados y el pago a proveedores, que también se había visto interrumpido, hasta tanto se cumpla con el proceso legal y la normalización.

En ese sentido expresó además que entre las irregularidades se encuentra el cobro de cheques provenientes del municipio, cuando la comuna como Agente de Retención debería haber depositado los fondos en una cuenta del Sindicato. Esto salpica a la comuna por no haber cumplimentado con los trámites administrativos correspondientes que derivó en la fuga de entre 300 y 800 mil pesos que corresponden al patrimonio del gremio.

En cuanto a la situación legal, el asesor legal y miembro de la mesa directiva de la Fesimubo, Gustavo Sánz, explicó que “en principio se tramitó en la Ayudantía de Chivilcoy y después en la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Mercedes, investigando dos delitos: el de usurpación, relacionado con el inmueble que históricamente fue la sede del sindicato de municipales Chivilcoy; y por otro lado una denuncia por defraudación, por administración fraudulenta, dado que durante todo este tiempo que García y Garrido,- sin tener mandato legal- administraron los fondos de los trabajadores municipales de Chivilcoy”.

El proceso lleva más de un año, pero tanto Ferro como Sanz aseguran que esperarán los tiempos de la justicia como lo hicieron hasta ahora, aunque “siempre se encuentran trabas”. En se sentido, cabe mencionar que el pasado 5 de julio todo indicaba que finalmente García y Garrido iban a devolver las llaves del inmueble a la representación de los trabajadores, pero esto finalmente no ocurrió, a pesar de que los acusados así lo habían anunciado en declaraciones a un medio local.

Al respecto el asesor legal señaló que se trata de “un tema complejo” y que “por eso está en esa fiscalía, que tiene el personal experto para poder escudriñar, investigar, respecto de este manejo irregular y que seguramente se va a poder comprobar todo lo que ha denunciado la Federación”. “Por el momento hay una orden expedida por el Juzgado de Garantías, que como toda orden judicial requiere que adquiera firmeza y no podemos hacer otra cosa que esperar los tiempos de la Justicia”, aseguró.

En esa linea se expresó también Ferro: “No quisimos hacer nada que estuviera fuera de la ley. Esperaremos un poco más, si llevamos 13 meses en estas condiciones”. “El 6 de junio de 2017 presentamos la documentación para la intervención a cargo de María Inés Moras. Los pasos legales los cumplimos, por eso vamos a cumplir la cuestión legal de la causa penal, esta es una condición Sine qua non para nosotros”, afirmó.

Al finalizar aclaró: “Esto se acomodará con una elección legal, donde los trabajadores elijan a quiénes ellos quieran que conduzcan el histórico sindicato, y después vamos por la cuestión de aclarar el tema de los fondos de todos los trabajadores de Chivilcoy que García y Garrido cobraron e hicieron desastres”.

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Como Milei les debe millones, decidieron echar 19 trabajadores y pagarles media indemnización

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cantera galasur

Los dueños de cantera Galasur de Olavarría despidieron 19 trabajadores y pretenden pagar media indemnización aduciendo una deuda millonaria de Nación en la compra de piedra balasto para Ferrocarriles Argentinos. También reportan una caída de la actividad por el parate de la obra pública.

El conflicto por los despidos en la cantera Galasur continúa generando tensión en Olavarría. Tras el envío de 19 telegramas de cesantía, el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que el gremio busca abrir una instancia de negociación con la empresa para evitar la pérdida de más puestos de trabajo y cuestionó la forma en que se llevaron adelante las desvinculaciones. Los empresarios culpan al gobierno nacional por la caída de la obra pública y una deuda de 1.800 millones de Ferrocarriles Argentinos.

En diálogo con Todo Provincial, Alejandro Santillán explicó que los trabajadores realizaron una asamblea y resolvieron manifestarse de manera pacífica frente a la cantera.

“Pudimos hacer una asamblea en la que resolvimos no ingresar a trabajar y permanecer en las inmediaciones, sin impedir el paso, para visibilizar el conflicto en Galasur”, señaló.

Santillán recordó que el conflicto comenzó la semana pasada, cuando la empresa propiedad de la familia Embón comunicó una suspensión de actividades por supuestas tareas de mantenimiento.

“Los delegados nos informaron sobre una nota de suspensión desde el jueves hasta el sábado, pero durante ese período empezaron a llegar los telegramas de despido”, relató.

El dirigente destacó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que convocó a una audiencia con la empresa el viernes. Sin embargo, aseguró que la firma mantuvo la misma postura expresada en las notificaciones enviadas a los trabajadores.

“Buscamos una instancia de diálogo para encontrar alternativas que no sean los despidos y mucho menos que se pretenda pagar las indemnizaciones al 50%, argumentando la caída de la obra pública y una deuda superior a los 1.800 millones de pesos que mantienen empresas estatales nacionales, principalmente Ferrocarriles Argentinos por la compra de piedra balasto”, sostuvo.

Para AOMA, la prioridad es sostener el empleo en un sector que atraviesa una profunda crisis. “Queremos preservar las fuentes laborales”, remarcó Santillán.

El dirigente sindical también cuestionó la actitud de la empresa y aseguró que existían conversaciones previas sobre la difícil situación económica.

“Hace dos meses nos reunimos con el dueño porque veíamos que el panorama era complicado. Nos dijo que iba a hablar con los trabajadores para explicarles la situación, pero finalmente los suspendieron por un supuesto mantenimiento y aprovecharon ese contexto para empezar a enviar los telegramas”, afirmó.

En medio del conflicto, Santillán destacó la solidaridad de los trabajadores que conservaron sus puestos.

“Nos llena de orgullo que, pese a este momento tan difícil, los compañeros que no fueron despedidos también estén reclamando junto a nosotros para que se abra una instancia de diálogo. Hay trabajadores que quieren seguir en la empresa y otros que, si finalmente no continúan, al menos pretenden cobrar la totalidad de la indemnización que les corresponde”, expresó.

Santillán señaló además que entre los despedidos hay empleados con casi dos décadas de antigüedad.

“Hay compañeros con más de 19 años en esta cantera, personas que trabajaron con el padre de los actuales dueños y que no merecen terminar en la calle de esta manera”, manifestó.

Finalmente, advirtió que la situación de Galasur refleja una crisis mucho más amplia que afecta a toda la actividad minera en Olavarría.

“En Olavarría ya perdimos más de 400 puestos de trabajo en la minería y hay varias canteras que atraviesan una situación muy complicada”, concluyó.

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Importante cantera de Olavarría despidió a 19 trabajadores y acusó a Nación por una deuda millonaria

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La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y la crisis económica. La firma justificó la decisión en la caída de la actividad, la «fuerte retracción de las ventas» y una millonaria deuda que, según afirmó, mantiene el gobierno nacional.

Los despidos comenzaron a notificarse este jueves, luego de que un día antes la empresa comunicara a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el próximo lunes debido a supuestas tareas de reparación en la planta. La situación despertó sospechas entre los trabajadores y finalmente se confirmó con la llegada de los telegramas.

De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, fueron despedidos 17 trabajadores afiliados a AOMA y dos del gremio de Comercio, quienes se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para reclamar explicaciones. Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, aunque la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.

La empresa apuntó a la crisis de la obra pública y la construcción

En los telegramas enviados a los trabajadores, Galasur sostuvo que las cesantías responden a una «falta o disminución de trabajo» derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera.

La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores provocó una fuerte caída en la demanda de piedra y otros materiales.

Según indicó, entre enero y julio de 2026 las ventas se redujeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el incremento de los costos, afectó la sustentabilidad de la explotación.

Además, la firma aseguró que enfrenta un grave problema financiero por el incumplimiento en los pagos de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, que —según detalló— mantiene una deuda cercana a 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años.

Para la empresa, ese escenario deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, haciendo «insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral».

Un nuevo golpe para el empleo en Olavarría

Los despidos vuelven a poner el foco sobre la situación de Olavarría, uno de los principales polos mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.

La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras de la ciudad, con menor producción y conflictos laborales que ahora suman un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores de Galasur.

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Cierra la fábrica de Converse en Las Flores: “Ya perdimos el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”

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coopershoes fábrica

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) confirmaron el cierre de la emblemática fábrica de zapatillas Coopershoes en Las Flores. «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla«, expresaron desde el gremio.

En diálogo con Radio Las Flores, Daniel Coronel delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA): «En 2023 había 322 trabajadores de calzado en Cooopershoes. La política económica de Milei se llevó puestos todas estas fuentes de trabajo».

«En junio del 2024 empezaron a reducir puestos laborales y lamentablemente la empresa no tenía más pedidos de Converse», detalló el dirigente gremial y agregó: “Dentro de la desgracia debemos destacar que pagarán las indemnizaciones como corresponde».

“Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”

Coronel explicó que este cierre se produce en un contexto de apertura de importaciones por lo que a las empresas les conviene traer los productos terminados de otros países, además de la caída del consumo interno. “Adentro no hay un peso por lo que la indumentaria pasa a ser un consumo del último orden. Comer se volvió muy caro en Argentina», lamentó.

El dirigente de UTICRA señaló que el gremio intentó realizar gestiones ante el gobierno nacional pero que «no hubo respuestas».

«Esto está pasando en todo el país y es muy lamentable. Antes cuando había algún conflicto podías acudir a la Secretaría de Comercio, ahora no hay ninguna puerta para golpear», apuntó.

Y cuestionó: «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla que está pasando en Argentina»

«Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país. No hay ventas y entra todo trucho de Paraguay. Nuestra rama está desapareciendo», advirtió.

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