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Bahía Blanca: El intendente austero que gana medio millón le pidió un esfuerzo a los trabajadores mientras le aumentó el sueldo a todos sus funcionarios

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La doble vara de Héctor Gay para medir la crisis despertó el enojo en el Sindicato que conduce Miguel Aguero, ya que rompió un acuerdo paritario y ahora gasta 7,5 millones de pesos mensuales solo en el sueldo sus 24 funcionarios, todos ganan arriba de 100 mil pesos. Mientras que un inspector de tránsito debe trabajar un año y medio para equiparar lo que gana en un mes el intendente.

En nombre de la austeridad que pidió la Gobernadora, recientemente el intendente de Berisso, Jorge Nedela, anunció su renuncia al 20% de su sueldo, y una reducción del 10% para todos sus funcionarios. El anuncio fue bien recibido ya que practicó con el ejemplo. Algo muy distinto de lo que ocurre en Bahía Blanca, donde gobierna Héctor Gay, el intendente que gana casi medio millón de pesos mensuales, y lejos de renunciar a nada, viene además de aumentarle el sueldo a sus funcionarios, muchos de ellos con haberes mensuales superiores a los 100 mil pesos, rompiendo así un acuerdo paritario donde, en nombre de la austeridad, aplicó recortes sobre los beneficios de los trabajadores.

El secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, Miguel Aguero catalogó el accionar de Gay como “escandaloso” y “vergonzoso” por donde se lo mire e hizo su descargo a través de las redes sociales. “Los parquímetros no andan, pero se premia con aumentos de sueldo la ineficiencia, mientras los bahienses esperan respuestas de los inspectores de tránsito, quienes nada tienen que ver con eso y, encima, saben que deben trabajar un año y medio para ganar lo que gana en un mes el intendente Héctor Gay, máximo responsable de la ineficacia gubernamental”, apuntó.

“Es fácil hablar de ajustes a los trabajadores municipales, pero los bahienses se están dando cuenta de que la austeridad de la que hablan la está pagando el que menos tiene, el laburante. Ya se encargaron de ensuciar y ajustar a los trabajadores, ahora se hacen millonarios a costa de ellos”, se descargó Agüero en una carta publicada en facebook que rápidamente se viralizó.

Consultado por Todo Provincial sobre la situación generada a partir del anuncio, Agüero manifestó que el origen del encono se remonta a noviembre de 2017 cuando el intendente “en nombre de la austeridad” aplicó una serie de recortes sobre los beneficios que tenían los trabajadores que dependen de la comuna como horas extras y recategorizaciones.

La medida fue dispuesta sin consulta previa, más allá de que en Bahía Blanca rige la instancia Paritaria para negociar este tipo de condiciones. Esto generó una medida gremial ya que como sostuvo el dirigente, tocaba varios derechos. “Hubo conflicto porque vulneraba todos los derechos del trabajador tanto por el Convenio Colectivo de Trabajo como por la ley 14656 que lo que más cuida del trabajador son sus derechos adquiridos”, dijo.

A raíz de esto comenzaron las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores accedieron a practicar “la austeridad” que pedía el jefe comunal, pero a cambio este se comprometió a no atar el aumento de sueldo de sus funcionarios a la paritaria, ya que estos superan con creces las metas inflacionarias y el esfuerzo lo terminaban haciendo todos.

En base a este acuerdo resultó sorpresivo entonces que el intendente anunciara recientemente el aumento del 10% para todo su gabinete, en consonancia con el aumento que recibieron los trabajadores en el mes de junio como parte del acuerdo de recomposición y que fija en total un aumento del 15% para el primer semestre.

“No ponemos en tela de juicio lo que gana el intendente ni los concejales porque es por ley. Su sueldo nace de la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde el artículo 125 dice expresamente cuanto tienen que ganar, no es que están por fuera de la ley. Ahora lo que no dice en ningún lado cuanto tienen que ganar los funcionarios”, remarcó.

“No nos quejamos de los salarios porque tanto funcionarios como trabajadores municipales dependemos de nuestros haberes mensuales. El encono pasa por el decreto del intendente que aplicó recortes al bolsillo de los trabajadores y más aún con el ajuste que estamos viviendo, mientras que a los funcionarios le aumentó el 10% que quedaba para junio”. “Nos parece descarado porque hay funcionarios con sueldos de seis dígitos”, añadió.

Asimismo, señaló que el techo del 15% pasa por una cuestión política y no por una cuestión económica, ya que Bahía Blanca es un municipio con recursos como para superar ese tope impuesto por el gobierno nacional.  Por esto celebró que el acuerdo del 15% en el distrito se diera en forma semestral y no anual ya que como afirmó pudo preverse que la inflación iba a superar las metas fijadas por el oficialismo.

En cuanto al aumento a los funcionarios, violentando un acuerdo previo donde ese les pidió un “esfuerzo” a los trabajadores, cabe destacar que ahora la comuna gasta unos 7,5 millones de pesos al mes solo en los sueldos de 24 personas que integran el gabinete de Héctor Gay. “Rompió un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, lo que implica una voluntad política del intendente y que él debe hacerse resposnable. Le mintió a la Gobernadora y a todos los bahienses al decir que Bahía Blanca es un municipio austero”, completó Agüero.

Pero la discrecionalidad con los salarios, no es lo único que se le critica al intendente, sino también pasa por la administración de los fondos, y hoy la queja de los vecinos pasa por los parquímetros que no funcionan y la comuna deja de recaudar, pero no obstante ello la empresa concesionaria continúa recibiendo sumas siderales por un servicio que no funciona.

“No es una denuncia de poderes entre la clase trabajadora y aquellos que ganan mucho, no es eso. Si hablamos de austeridad la vara tiene que ser igual para todos, y acá la única austeridad que se practica es con los derechos de los trabajadores”, manifestó Miguel Aguero ya al finalizar.

“Esto no es una cuestión de Bahía Blanca esto le está pasando a toda la sociedad argentina donde no se llega a fin de mes. Acá no estamos hablando de que, si gana 100 o más, todo aumenta, la inflación, la meta inflacionaria del 15% no la pudieron cumplir ni siquiera los primeros 5 meses del año.  Cuando ves esa proyección ves que el único que está pagando el costo político es el trabajador”, agregó.

Antes, expresó que el próximo miércoles se reabren las paritarias en el Ministerio de Trabajo, donde se trasladará el reclamo, además del pedido de un 15% de aumento para el segundo semestre. «Está en las actas, como instrumento público, donde el Ejecutivo se comprometió a que el trabajador no pierda por inflación. Bahía Blanca es una comuna con buena recaudación y puede pagar ese aumento”, resaltó.

 

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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Toledo vendió un supermercado en Mar del Plata y remata otra sucursal para pagar sueldos

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sucursal de toledo vendida

En medio de la caída sostenida del consumo masivo, la cadena de supermercados Toledo enfrenta una grave crisis financiera. En las últimas horas trascendió que la empresa vendió una sucursal en Mar del Plata para poder abonar el sueldos de sus empleados que habían cobrado sólo el 40% del mismo.

Según trascendió, Supermercados Toledo se desprendió de la sucursal ubicada en Avenida 39 y Luis Agote de Mar del Plata. Sin embargo, la firma informó al Sindicato de Empleados de Comercio que en las próximas semanas concretará la venta de otra de sus 43 sedes.

El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica, Esteban Fraysse, habló con Radio Provincia y detalló: “Llegamos a una situación compleja con decisiones empresariales que no son las mejores teniendo en cuenta que el supermercado Toledo tiene 43 sucursales, emplea a 1800 trabajadores y tiene alrededor de 3000 proveedores”.

Desde el sindicato mayoritario critican la decisión que se toma y denuncian que “la empresa no se ha profesionalizado en ningún momento ni tampoco tuvo una mirada más allá. No hay un plan estratégico para encarar una crisis como ésta. Ni hay otra vocación, más allá de vender”.

Vender unidades para pagar sueldos es terrible porque el consumo masivo no toca piso. Y la decisión dejó a la ciudad en jaque», apuntó el dirigente sindical.

Gracias a la intervención del ministerio de Trabajo encabezado por Walter Correa, el supermercado garantizó la continuidad de los 25 trabajadores de la sucursal vendida que serán reubicados en otros supermercados de la cadena. Sin embargo, Fraysse expresó su temor de que si continúan las ventas se termine generando un “cuello de botella”.

“El dueño manifestó que hay otra sucursal en venta y la operación se concretará en estos días”, precisó el dirigente gremial.

Además, consideró que luego del fallecimiento de Antonio Toledo, fundador de la cadena, la empresa se quedó sin una conducción estratégica que permita encarar una crisis como la actual. “No vemos una reacción para mitigar la situación ante esta situación de caída del consumo que es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.

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Astillero Río Santiago: la Provincia justificó el despido de dos trabajadoras y rechazó que haya discriminación

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astillero rio santiago

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder por la situación de dos ex trabajadoras del Astillero Río Santiago que fueron desvinculadas en enero y mayo de 2026 y aseguró que los despidos estuvieron vinculados a “ausencias injustificadas y reiteradas”.

A través de un comunicado, la Provincia sostuvo que ambas trabajadoras registraron durante períodos de entre tres y cuatro años un promedio de ausentismo del 64% de los días laborables y que habían recibido sanciones disciplinarias antes de las desvinculaciones.

Según la explicación oficial, el Astillero Río Santiago actuó dentro del marco de la legislación vigente y del régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo N.º 91/75E.

La Provincia habló de ausentismo y sanciones disciplinarias

El Gobierno bonaerense señaló que las dos trabajadoras fueron sancionadas previamente mediante el régimen de progresividad previsto en la normativa laboral.

Al mismo tiempo, remarcó que, durante los períodos en los que existieron licencias vigentes, la empresa justificó alrededor de 100 días laborales por año en cada caso.

“Lo que da sobrada cuenta de la disposición y el acompañamiento brindado por la empresa”, sostuvo la Provincia al referirse a las licencias otorgadas.

El Ejecutivo bonaerense planteó así que las desvinculaciones no estuvieron relacionadas con las situaciones de violencia de género denunciadas por las ex trabajadoras, sino con el nivel de ausentismo y los antecedentes disciplinarios.

Qué dijo la Provincia sobre las denuncias de violencia de género

Las dos ex trabajadoras habían planteado situaciones vinculadas a violencia de género durante 2022 y 2023.

Frente a esas situaciones, la Provincia aseguró que el Astillero Río Santiago intervino junto a su Equipo Interdisciplinario de Género y adoptó medidas de atención y acompañamiento.

Según el comunicado oficial, después de esas intervenciones transcurrieron tres años y medio en uno de los casos y dos años en el otro hasta que se produjeron las desvinculaciones.

Durante ese período, el Gobierno bonaerense aseguró que no existieron nuevos requerimientos vinculados con cuestiones de género por parte de las ex trabajadoras o de su entorno.

Además, señaló que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires revisó la actuación del Equipo Interdisciplinario de Género y concluyó que se había ajustado a la normativa y al protocolo vigente.

Qué resolvió el Ministerio de Trabajo

La Provincia también hizo referencia a la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a una audiencia conciliatoria y analizó las actuaciones incorporadas a los expedientes.

De acuerdo con el Gobierno, el organismo emitió los dictámenes correspondientes, aunque no se pronunció sobre la existencia o no de discriminación.

En cambio, remitió la cuestión a las vías administrativas o judiciales correspondientes al régimen de empleo público.

La explicación oficial apunta a que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para resolver el fondo del conflicto debido a la naturaleza jurídica del Astillero Río Santiago.

El organismo es un ente autárquico de derecho público, por lo que, según la Provincia, se trata de un conflicto individual correspondiente al régimen de empleo público.

De esta manera, el Gobierno bonaerense buscó dejar asentada su posición frente a los cuestionamientos por los despidos y sostuvo que las desvinculaciones estuvieron fundamentadas en antecedentes de ausentismo y sanciones disciplinarias, mientras que las actuaciones relacionadas con violencia de género habían sido abordadas previamente por los organismos correspondientes.

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