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El SOEMLP y la FESIMUBO rechazan el acuerdo y recurren al Ministerio de Trabajo por la reapertura de paritarias en La Plata

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En conferencia de prensa el titular del gremio local y dirigentes de la Federación de municipales informaron sobre una nueva denuncia contra el intendente  Julio Garro por “no respetar la libertad sindical”.  Sobre el acuerdo cerrado con “gremios amigos”, Hernández sostuvo que es “paupérrimo porque se aplicará sobre salarios deprimidos” y que se selló por una necesidad política de “tapar otros temas”, en referencia al escrito presentado hoy por el intendente.

Esta tarde se llevó a cabo en la sede del SEMLP una conferencia a cargo del titular del gremio Gustavo Hernández junto al Secretario de Negociación Colectiva de la FESIMUBO, Gustavo Seva y el abogado de la Federación, Ricardo Bradley, en la que informaron sobre una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia contra el intendente de la Plata, frente “la violación del artículo 52 de la ley 14.656”, y solicitando la “inmediata y urgente intervención de la Ministra Mara Ruiz Malec”.

En ese marco Hernández, expresó que el intendente convocó a una serie de reuniones para discutir salarios “a gremios afines, cuando somos tres los sindicatos que tenemos representatividad de los trabajadores municipales”.  “El intendente desoye y se sienta a arreglar salario con quien cree que le va a hacer una propuesta más acorde a sus necesidades pero no a la de los trabajadores”, dijo.

En tanto, sobre el acuerdo cerrado esta tarde en tres tramos del 47%, Hernández manifestó que “es insuficiente y engañoso”. “Respecto al 47%, que publicaron, consideramos que es insuficiente ya que se adeuda un 20% del año pasado y que la base para discutir la paritaria tendría que haber incluido ese faltante”, dijo.

 “Más que hablar del 47% de aumento hay que hablar de los números que representa ya que se va a pagar en varias cuotas y cada una representa muy poco a nivel de poder adquisitivo”, remarcó.

“El primer pago va a ser de un 16% que para un salario municipal promedio de $25000 representan $3500. Y si el aumento fuera en una sola cuota representaría $11750  quedando el salario en $36750. Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil aumento un 45% y para fines del 2022 va a estar en $46000, estaríamos lejos de alcanzar ese mínimo y ni hablar de poder acceder a una canasta básica que ya supera los $72000”, fundamentó.

En esa línea se expresó también el dirigente de la FESIMUBO, Gustavo Seva, quien sostuvo que a nivel federativo el planteo no pasa por los “porcentajes” dado el marcado deterioro salarial del sector, y  que la discusión debe pasar “por un sinceramiento salarial”, más aún en la capital provincial donde “el salario promedio es de 25 mil pesos, es decir muy por debajo de la línea de indigencia”. “Si se aplican porcentajes sobre sueldos muy deprimidos el resultado es un aumento deprimido también”, completó.

Asimismo, Seva destacó que el ámbito paritario es para discutir condiciones de trabajo además de las cuestiones salariales: “Es una herramienta fundamental para abordar toda la problemática y para eso hay que sentarse con los interlocutores válidos y el SOEMLP tiene legalidad y legitimidad para hacerlo”.

En tanto ratificó el apoyo de la Federación: “Nuestro secretario general Rubén cholo García  dio pleno apoyo a todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes del SOEMLP. La federación va a movilizar cuando ellos lo dispongan para que de una vez por todas esta situación en la plata se normalice”.

 En cuanto a este nuevo proceso disciplinario iniciado contra el intendente, por ignorar la Ley de Paritarias y Negociación Colectiva del sector, impulsada paródicamente por la FESIMUBO, el abogado Ricardo Bradley manifestó que “Garro no tiene prurito tanto en desobedecer una orden judicial como una normativa vigente” y que la cartera laboral “tiene facultades para intervenir”.

 “Garro está acostumbrado a moverse en una legalidad aparente continuamente, el 60% de los trabajadores están en planta transitoria, el 10% es planta política transitoria, queda un 30% de planta permanente”. “Meses atrás hubo un conflicto importante con los trabajadores cooperativos, el planteo de estos trabajadores era la negativa a pasar a planta transitoria del municipio, iban a cobrar menos salario de lo que venían cobrando, estamos hablando de un pobre que desprecia al pobre. Tiene beneficios sociales, que ellos no aun así se negaban por la paupérrima situación salarial”, graficó.

La ley consagra la estabilidad y es muy taxativa con respecto a la forma de incorporación del personal. Prohíbe concretamente a los municipios incorporar en planta transitoria al personal que haga tareas habituales. Es decir está incumpliendo nuevamente la ley porque tiene la mayoría en planta transitoria cuando debería estar el 100 por ciento”, completó Seva.

“Lo lamentable de todo esto es que siempre va a terminar repercutiendo, no en el patrimonio de Julio Garro que hace y deshace, sino que va a recaer en los contribuyentes como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Recuerden que venimos de una sanción por desoír este tipo de convocatoria. Estamos hablando de 15 millones de pesos que lo termina pagando el contribuyente por el capricho de un intendente que no quiere respetar la libertad sindical”, remarcó Bradley en referencia a la multa aplicada anteriormente también por desobediencia.

Para finalizar Gustavo Hernández no descartó medidas gremiales en el corto plazo, y expresó que el acuerdo sellado hoy con los gremios afines a la comuna obedece a  “una urgencia política de tapar un tema con otro”. Esto en referencia al escrito presentado hoy por el mandatario ante el juez Ernesto Kreplak en el marco de la investigación judicial sobre el presunto armado político contra sindicalistas. “Solamente por una necesidad política se da un porcentaje que puede sonar rimbombante pero resulta que no termina de beneficiar al trabajador en la realidad”, concluyó.

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Molinos Río de la Plata anuncia despidos masivos y rebajas salariales

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despidos molinos río de la plata

La Comisión Interna de Molinos Río de la Plata, en la planta ubicada en Esteban Echeverría, denunció el inicio de un plan de despidos masivos y reducción salarial que calificaron como ilegal y peligroso para la salud de los trabajadores. Según advirtieron, la empresa pretende mantener los niveles de producción con menos personal, lo que pondría en riesgo tanto la seguridad operativa como los derechos laborales básicos.

Quieren producir lo mismo con menos gente y eso lo pagaremos con hambre de las familias de los operarios despedidos y con la salud de quienes sigan trabajando. No lo vamos a permitir”, expresó Luciano Greco, delegado de la comisión interna, al rechazar el ajuste patronal.

En asambleas, los trabajadores decidieron rechazar la extorsión empresarial y mantenerse firmes en defensa de los 200 puestos de trabajo que actualmente sostienen la planta.

Greco también cuestionó el «doble discurso» de la empresa, que pese a pertenecer a la familia Pérez Companc, una de las más ricas del país según la revista Forbes, avanza con medidas que afectan a quienes producen su riqueza.

Desde el sindicato STIA – Filial Buenos Aires acompañan el reclamo de la comisión interna, y aseguran que el hostigamiento comenzó el pasado 9 de mayo, cuando representantes de la empresa iniciaron reuniones con pequeños grupos de operarios para advertirles que, por la supuesta “caída de ventas”, se ven obligados a reducir personal y quitar adicionales salariales de convenio.

El conflicto se da en un marco general de ajuste y flexibilización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, lo que, según denunciaron, está siendo aprovechado por Molinos para evadir responsabilidades ante la ART, no denunciar accidentes laborales y desconocer licencias por enfermedad.

Pese al pedido formal para que se garantice la estabilidad del plantel, el pasado miércoles 21 la empresa ratificó la decisión de avanzar con los despidos y con la eliminación unilateral de derechos laborales.

No estamos dispuestos a poner en riesgo las necesidades de nuestras familias”, afirmaron los trabajadores, que se declararon en estado de alerta y movilización.

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Este jueves no habrá paro docente pero una medida de auxiliares afecta el dictado de clases

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Este jueves 22 de mayo, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores realizarán una Jornada Nacional de Lucha. Suteba adhirió a la medida «con cese de actividades» pero desde el gremio docente aclararon no se trata de un paro sino de un permiso especial para acudir a la protesta en forma presencial para quienes quieran participar. El resto de los maestros deberán dar clases. Sin embargo, algunos auxiliares de la educación no asistirán por lo que habrá turnos en escuelas bonaeses.

La Jornada Nacional de Lucha a CTA incluye una movilización al Ministerio de Economía de la Nación en repudio al «brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional». Sólo los docentes que participen de la marcha podrán justificar su ausencia.

«La profundización de la crisis social que están sufriendo lxs Trabajadorxs, los sectores populares en la Argentina. Con un millón y medio de desocupadxs; dos millones ochocientos mil subocupadxs, es decir gente con trabajos de supervivencia; una pérdida de 180 mil empleos en el sector registrado; una caída del salario del 10% en el sector privado; el público perdió el 15% y lxs Jubiladxs y quienes cobran el salario mínimo un 30%. La motosierra sigue apropiándose de los recursos de las provincias», denunció el secretario General de la CTA-T, Hugo Yasky.

Y agregó: «Frente a esto vamos a marchar el día 22 y lo vamos a hacer con una sola bandera: queremos recuperar un nivel de vida digno para lxs que trabajan y para lxs Jubiladxs».

Desde el SUTEBA aclararon que la Jornada Nacional de Lucha no implica un paro docente y que únicamente los docentes que participen de la movilización tendrán su ausencia justificada.

Sin embargo, algunas escuelas bonaerenses verán afectado el normal dictado de clases por el Paro Nacional de ATE ya que muchos trabajadores auxiliares adherirán a la medida.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el recientemente publicado Decreto 340/25 que limita el derecho a huelga ampliando los servicios que se consideran esenciales. “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

Y alertó: “El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud».  

La norma modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza.

También crea la figura del “servicio de importancia trascendental” al que le impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación. Sin embargo, es sumamente abierto el criterio por lo que cualquier rama podrá considerarse esencial o trascendental. Entre los criterios, por ejemplo, se inscribe la “la interrupción o suspensión de la producción que pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.

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El jueves habrá un Paro Nacional de Estatales y afectará las clases en Provincia

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jueves paro docente

El próximo jueves 22 de mayo, las escuelas y universidades de todo el país estarán atravesadas por una nueva jornada nacional de lucha, con movilización. La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) junto a las centrales CTA-T y CTA-A, y en la provincia de Buenos Aires cuenta con la adhesión de SUTEBA, aunque no incluye un paro docente.

Los gremios denuncian un «ajuste salvaje» al sistema educativo, tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de fijar unilateralmente un techo paritario y eliminar fondos fundamentales como el FONID.

¡Siempre en defensa de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación!”, expresó Suteba en un comunicado, tras validar su participación en el paro con un “masivo mandato de las bases” surgido de asambleas distritales.

Aunque no incluirá un paro docente, muchas escuelas verán afectado el dictado de clases porque auxiliares de la educación adherirán al paro nacional de ATE.

Paro Nacional de Estatales: los reclamos

  • – Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • – Urgente Aumento Salarial.
  • – Restitución del FONID.
  • – Aumento y ejecución plena del Presupuesto Educativo.
  • – Fondo Compensador de Desigualdades Salariales para las provincias.
  • – Reactivación de las obras de infraestructura escolar paralizadas en todo el país.
  • – Implementación de un Plan Nacional de Formación Docente.
  • – Financiamiento para Comedores Escolares, Becas Progresar, entrega de libros y netbooks.
  • – Transferencia inmediata de recursos nacionales a las provincias para la continuidad de los Programas Educativos.
  • – Aumento de Emergencia para lxs Jubiladxs.
  • – Repudio a la represión que sufren lxs Jubiladxs cada miércoles frente al Congreso de la Nación.

La falta de respuesta oficial profundizó el malestar. Desde Ctera señalaron que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ni siquiera respondió a una carta documento enviada semanas atrás.

Universidades en pie de lucha

Los gremios docentes universitarios no se quedan atrás. Feduba, que nuclea a los docentes de la UBA, marchará junto a Ctera este jueves 22. La medida se suma a un paro nacional universitario convocado para el lunes 19 y martes 20, que afectará el dictado de clases en todas las casas de altos estudios del país.

Los reclamos universitarios incluyen:

  • Recomposición salarial
  • Cumplimiento de convenios colectivos
  • Más presupuesto para ciencia y tecnología
  • Ley de financiamiento universitario

Desde CONADU Histórica lanzaron una campaña bajo el lema “salariazo”, con recibos de sueldo que evidencian el deterioro del ingreso docente frente a la inflación. Denunciaron que un jefe de trabajos prácticos con siete años de antigüedad y dedicación simple gana $255.000, mientras la canasta básica de abril fue de $359.244, según el INDEC.

La falta de diálogo por parte del gobierno nacional anticipa una escalada en el conflicto docente, en un escenario atravesado por la pérdida del poder adquisitivo, el desfinanciamiento educativo y una profunda disputa por el rumbo del sistema público de enseñanza.

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