En conferencia de prensa el titular del gremio local y dirigentes de la Federación de municipales informaron sobre una nueva denuncia contra el intendente  Julio Garro por “no respetar la libertad sindical”.  Sobre el acuerdo cerrado con “gremios amigos”, Hernández sostuvo que es “paupérrimo porque se aplicará sobre salarios deprimidos” y que se selló por una necesidad política de “tapar otros temas”, en referencia al escrito presentado hoy por el intendente.

Esta tarde se llevó a cabo en la sede del SEMLP una conferencia a cargo del titular del gremio Gustavo Hernández junto al Secretario de Negociación Colectiva de la FESIMUBO, Gustavo Seva y el abogado de la Federación, Ricardo Bradley, en la que informaron sobre una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia contra el intendente de la Plata, frente “la violación del artículo 52 de la ley 14.656”, y solicitando la “inmediata y urgente intervención de la Ministra Mara Ruiz Malec”.

En ese marco Hernández, expresó que el intendente convocó a una serie de reuniones para discutir salarios “a gremios afines, cuando somos tres los sindicatos que tenemos representatividad de los trabajadores municipales”.  “El intendente desoye y se sienta a arreglar salario con quien cree que le va a hacer una propuesta más acorde a sus necesidades pero no a la de los trabajadores”, dijo.

En tanto, sobre el acuerdo cerrado esta tarde en tres tramos del 47%, Hernández manifestó que “es insuficiente y engañoso”. “Respecto al 47%, que publicaron, consideramos que es insuficiente ya que se adeuda un 20% del año pasado y que la base para discutir la paritaria tendría que haber incluido ese faltante”, dijo.

 “Más que hablar del 47% de aumento hay que hablar de los números que representa ya que se va a pagar en varias cuotas y cada una representa muy poco a nivel de poder adquisitivo”, remarcó.

“El primer pago va a ser de un 16% que para un salario municipal promedio de $25000 representan $3500. Y si el aumento fuera en una sola cuota representaría $11750  quedando el salario en $36750. Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil aumento un 45% y para fines del 2022 va a estar en $46000, estaríamos lejos de alcanzar ese mínimo y ni hablar de poder acceder a una canasta básica que ya supera los $72000”, fundamentó.

En esa línea se expresó también el dirigente de la FESIMUBO, Gustavo Seva, quien sostuvo que a nivel federativo el planteo no pasa por los “porcentajes” dado el marcado deterioro salarial del sector, y  que la discusión debe pasar “por un sinceramiento salarial”, más aún en la capital provincial donde “el salario promedio es de 25 mil pesos, es decir muy por debajo de la línea de indigencia”. “Si se aplican porcentajes sobre sueldos muy deprimidos el resultado es un aumento deprimido también”, completó.

Asimismo, Seva destacó que el ámbito paritario es para discutir condiciones de trabajo además de las cuestiones salariales: “Es una herramienta fundamental para abordar toda la problemática y para eso hay que sentarse con los interlocutores válidos y el SOEMLP tiene legalidad y legitimidad para hacerlo”.

En tanto ratificó el apoyo de la Federación: “Nuestro secretario general Rubén cholo García  dio pleno apoyo a todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes del SOEMLP. La federación va a movilizar cuando ellos lo dispongan para que de una vez por todas esta situación en la plata se normalice”.

 En cuanto a este nuevo proceso disciplinario iniciado contra el intendente, por ignorar la Ley de Paritarias y Negociación Colectiva del sector, impulsada paródicamente por la FESIMUBO, el abogado Ricardo Bradley manifestó que “Garro no tiene prurito tanto en desobedecer una orden judicial como una normativa vigente” y que la cartera laboral “tiene facultades para intervenir”.

 “Garro está acostumbrado a moverse en una legalidad aparente continuamente, el 60% de los trabajadores están en planta transitoria, el 10% es planta política transitoria, queda un 30% de planta permanente”. “Meses atrás hubo un conflicto importante con los trabajadores cooperativos, el planteo de estos trabajadores era la negativa a pasar a planta transitoria del municipio, iban a cobrar menos salario de lo que venían cobrando, estamos hablando de un pobre que desprecia al pobre. Tiene beneficios sociales, que ellos no aun así se negaban por la paupérrima situación salarial”, graficó.

“La ley consagra la estabilidad y es muy taxativa con respecto a la forma de incorporación del personal. Prohíbe concretamente a los municipios incorporar en planta transitoria al personal que haga tareas habituales. Es decir está incumpliendo nuevamente la ley porque tiene la mayoría en planta transitoria cuando debería estar el 100 por ciento”, completó Seva.

“Lo lamentable de todo esto es que siempre va a terminar repercutiendo, no en el patrimonio de Julio Garro que hace y deshace, sino que va a recaer en los contribuyentes como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Recuerden que venimos de una sanción por desoír este tipo de convocatoria. Estamos hablando de 15 millones de pesos que lo termina pagando el contribuyente por el capricho de un intendente que no quiere respetar la libertad sindical”, remarcó Bradley en referencia a la multa aplicada anteriormente también por desobediencia.

Para finalizar Gustavo Hernández no descartó medidas gremiales en el corto plazo, y expresó que el acuerdo sellado hoy con los gremios afines a la comuna obedece a  “una urgencia política de tapar un tema con otro”. Esto en referencia al escrito presentado hoy por el mandatario ante el juez Ernesto Kreplak en el marco de la investigación judicial sobre el presunto armado político contra sindicalistas. “Solamente por una necesidad política se da un porcentaje que puede sonar rimbombante pero resulta que no termina de beneficiar al trabajador en la realidad”, concluyó.