Gremios
El SOEMLP y la FESIMUBO rechazan el acuerdo y recurren al Ministerio de Trabajo por la reapertura de paritarias en La Plata
En conferencia de prensa el titular del gremio local y dirigentes de la Federación de municipales informaron sobre una nueva denuncia contra el intendente Julio Garro por “no respetar la libertad sindical”. Sobre el acuerdo cerrado con “gremios amigos”, Hernández sostuvo que es “paupérrimo porque se aplicará sobre salarios deprimidos” y que se selló por una necesidad política de “tapar otros temas”, en referencia al escrito presentado hoy por el intendente.
Esta tarde se llevó a cabo en la sede del SEMLP una conferencia a cargo del titular del gremio Gustavo Hernández junto al Secretario de Negociación Colectiva de la FESIMUBO, Gustavo Seva y el abogado de la Federación, Ricardo Bradley, en la que informaron sobre una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia contra el intendente de la Plata, frente “la violación del artículo 52 de la ley 14.656”, y solicitando la “inmediata y urgente intervención de la Ministra Mara Ruiz Malec”.
En ese marco Hernández, expresó que el intendente convocó a una serie de reuniones para discutir salarios “a gremios afines, cuando somos tres los sindicatos que tenemos representatividad de los trabajadores municipales”. “El intendente desoye y se sienta a arreglar salario con quien cree que le va a hacer una propuesta más acorde a sus necesidades pero no a la de los trabajadores”, dijo.
En tanto, sobre el acuerdo cerrado esta tarde en tres tramos del 47%, Hernández manifestó que “es insuficiente y engañoso”. “Respecto al 47%, que publicaron, consideramos que es insuficiente ya que se adeuda un 20% del año pasado y que la base para discutir la paritaria tendría que haber incluido ese faltante”, dijo.
“Más que hablar del 47% de aumento hay que hablar de los números que representa ya que se va a pagar en varias cuotas y cada una representa muy poco a nivel de poder adquisitivo”, remarcó.
“El primer pago va a ser de un 16% que para un salario municipal promedio de $25000 representan $3500. Y si el aumento fuera en una sola cuota representaría $11750 quedando el salario en $36750. Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil aumento un 45% y para fines del 2022 va a estar en $46000, estaríamos lejos de alcanzar ese mínimo y ni hablar de poder acceder a una canasta básica que ya supera los $72000”, fundamentó.
En esa línea se expresó también el dirigente de la FESIMUBO, Gustavo Seva, quien sostuvo que a nivel federativo el planteo no pasa por los “porcentajes” dado el marcado deterioro salarial del sector, y que la discusión debe pasar “por un sinceramiento salarial”, más aún en la capital provincial donde “el salario promedio es de 25 mil pesos, es decir muy por debajo de la línea de indigencia”. “Si se aplican porcentajes sobre sueldos muy deprimidos el resultado es un aumento deprimido también”, completó.
Asimismo, Seva destacó que el ámbito paritario es para discutir condiciones de trabajo además de las cuestiones salariales: “Es una herramienta fundamental para abordar toda la problemática y para eso hay que sentarse con los interlocutores válidos y el SOEMLP tiene legalidad y legitimidad para hacerlo”.
En tanto ratificó el apoyo de la Federación: “Nuestro secretario general Rubén cholo García dio pleno apoyo a todas las decisiones que tomen nuestros dirigentes del SOEMLP. La federación va a movilizar cuando ellos lo dispongan para que de una vez por todas esta situación en la plata se normalice”.
En cuanto a este nuevo proceso disciplinario iniciado contra el intendente, por ignorar la Ley de Paritarias y Negociación Colectiva del sector, impulsada paródicamente por la FESIMUBO, el abogado Ricardo Bradley manifestó que “Garro no tiene prurito tanto en desobedecer una orden judicial como una normativa vigente” y que la cartera laboral “tiene facultades para intervenir”.
“Garro está acostumbrado a moverse en una legalidad aparente continuamente, el 60% de los trabajadores están en planta transitoria, el 10% es planta política transitoria, queda un 30% de planta permanente”. “Meses atrás hubo un conflicto importante con los trabajadores cooperativos, el planteo de estos trabajadores era la negativa a pasar a planta transitoria del municipio, iban a cobrar menos salario de lo que venían cobrando, estamos hablando de un pobre que desprecia al pobre. Tiene beneficios sociales, que ellos no aun así se negaban por la paupérrima situación salarial”, graficó.
“La ley consagra la estabilidad y es muy taxativa con respecto a la forma de incorporación del personal. Prohíbe concretamente a los municipios incorporar en planta transitoria al personal que haga tareas habituales. Es decir está incumpliendo nuevamente la ley porque tiene la mayoría en planta transitoria cuando debería estar el 100 por ciento”, completó Seva.
“Lo lamentable de todo esto es que siempre va a terminar repercutiendo, no en el patrimonio de Julio Garro que hace y deshace, sino que va a recaer en los contribuyentes como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Recuerden que venimos de una sanción por desoír este tipo de convocatoria. Estamos hablando de 15 millones de pesos que lo termina pagando el contribuyente por el capricho de un intendente que no quiere respetar la libertad sindical”, remarcó Bradley en referencia a la multa aplicada anteriormente también por desobediencia.
Para finalizar Gustavo Hernández no descartó medidas gremiales en el corto plazo, y expresó que el acuerdo sellado hoy con los gremios afines a la comuna obedece a “una urgencia política de tapar un tema con otro”. Esto en referencia al escrito presentado hoy por el mandatario ante el juez Ernesto Kreplak en el marco de la investigación judicial sobre el presunto armado político contra sindicalistas. “Solamente por una necesidad política se da un porcentaje que puede sonar rimbombante pero resulta que no termina de beneficiar al trabajador en la realidad”, concluyó.
Gremios
Jorge Castellano asumió como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
Este viernes 29 de noviembre se llevó a cabo el acto de traspaso de mando en el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), marcando el inicio de una nueva gestión encabezada por el ingeniero Jorge Castellano como presidente de la institución.
En su discurso, Castellano destacó la importancia de continuar con el proyecto de gestión en curso y de enfrentar los desafíos que atraviesa la profesión en el contexto actual. “Estamos en momentos de cambio para la Argentina, que nos obligan a adaptarnos para fortalecer la profesión”, señaló.
Además, enfatizó la voluntad de la nueva gestión de mantener un diálogo constructivo con otras disciplinas como Higiene y Seguridad y agrimensura para resolver tensiones por incumbencias, aunque advirtió que “si de esa manera no se consiguen resultados, estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias”.
El nuevo tesorero del CIPBA, Leandro Campos, alertó sobre el impacto de la disminución en la obra pública, especialmente aquella financiada con capitales nacionales, en la recaudación del Colegio, y adelantó que la institución implementará nuevos mecanismos para fortalecer sus ingresos y garantizar la sostenibilidad económica.
Por su parte, el vicepresidente Ricardo Brassesco hizo un llamado a la unidad de los ingenieros e ingenieras de la provincia. “La única manera de cuidar nuestra actividad y enfrentar los desafíos inmediatos es trabajando juntos como colectivo profesional”, afirmó, remarcando la importancia de la cohesión interna para la defensa de la ingeniería.
El secretario, Jorge Jurado, respaldó esta postura y subrayó la necesidad de afrontar la gestión con el apoyo de todos los profesionales de la provincia. “Debemos asumir nuestra responsabilidad de defender a la ingeniería y a nuestra entidad en momentos difíciles como estos”, expresó.
Los desafíos para la nueva gestión del Colegio de Ingenieros
La nueva gestión reafirmó su compromiso de combatir la usurpación de incumbencias por parte de otras profesiones y de regularizar la matriculación de quienes trabajan irregularmente en la provincia. Estos puntos, junto con la continuidad de los reclamos administrativos y judiciales para defender las incumbencias profesionales.
Castellano enfatizó que será necesario generar «políticas de fortalecimiento institucional y modernización de procedimientos que nos hagan ser más efectivos, entre ellos un nuevo sistema unificado de gestión on line», dijo.
Este jueves fue el último turno de trabajo en Dánica Llavallol. Los trabajadores que salieron a los 5 de la mañana ya no deben volver porque la empresa les dio vacaciones obligadas hasta que concreten los despidos. Además de eliminar 150 puestos laborales, la firma del mega grupo frigorífico Beltrán pretende pagar indemnizaciones al 50%.
En dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa mostró una postura inflexible de cerrar la planta donde se fábrica margarina desde 1939.
“Con los compañeros hicimos una asamblea, algunos querían ir a la lucha pero la mayoría ya están cansados porque venimos de 5 años de conflictos permanentes”, dijo a Todo Provincial el trabajador de la planta y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA) seccional CABA y Gran Buenos Aires, Diego Kañe.
Con 8 frigoríficos en las principales zonas de producción ganadera del país, el Grupo Beltrán es el número 1 en faena ganadera. En 2018, compró la empresa Dánica al grupo brasileño BRF. Desde ese momento, comenzaron los conflictos laborales constantes.
«De entrada, Beltrán quiso cambiarnos de convenio para que salgamos de aceiteros y pasemos a contratos individuales bajo el convenio de alimentación”, recordó Kañe que mencionó: «En San Luis cerraron la planta y después la reabrieron con nuevos empleados en esas condiciones”.
Aunque desde el SOEIA sospechan una maniobra similar en la histórica planta de Dánica Llavallol, la empresa asegura que avanzará con su cierre definitivo para una unificación de la producción de margarina en Córdoba. “Quieren llevarse la planta de hidrógeno que es el corazón de la fábrica”, advirtió Kañe.
Para colmo, Beltrán pretende pagar las indemnizaciones al 50% y en cuotas, aplicando el artículo 247 que establece esa posibilidad cuando un trabajador es despedido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.
“Ahora nos queda es pelear por la indemnizaciones al 100%”, dijo el representante del SOEIA y reprochó: “Encima tenemos que soportar que pretendan pagar al 50% y en cuotas. Es una cargada, poco más y nos piden que le limpiemos la casa”.
Con este cierre, serán despedidos 100 trabajadores encuadrados en el convenio de aceiteros y unos 50 contratados. En total son 150 personas que se quedarán sin su fuente de sustento.
El próximo miércoles a las 9 de la mañana, los trabajadores se movilizarán a la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata en reclamo del pago de las indemnizaciones en tiempo y forma. Desde el SOEIA reclamarán que mientras dure el conflicto, la firma no avance con el vaciamiento de la planta.
“La verdad que venimos de muchos años de desgaste, todo los años antes de las fiestas empezaban los conflictos. Siempre hablaron de crisis pero en todos estos años les fue muy bien y ganaron mucha plata”, apuntó Kañe.
Gremios
Plan de ajuste en el INTA: “Sería como pegarse un tiro en el pie, trabajamos para el sector más productivo del país”
El jueves 28 de noviembre el Consejo Directivo del INTA tratará una propuesta presentada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, que plantea el despido de más de 500 trabajadores antes de fin de año. Otra presentación enumera tierras del Instituto para su venta. Los trabajadores iniciaron un plan de lucha para evitar su desguace.
En diálogo con Todo Provincial, el secretario general de APINTA, seccional Balcarce, Leandro Cambareri, explicó: «Todo surgió a partir de un documento de la presidencia del organismo que plantea la desvinculación de 535 personas», y detalló: «Sería todo el personal que ingresó a planta transitoria en 2023, y todos los técnicos de apoyo en planta transitoria».
Actualmente el INTA tiene 6400 trabajadores, en su gran mayoría personal altamente calificado con maestrías, doctorados y post doctorados. La cantidad de empleados es la misma que en 2018 y, en caso de avanzar con los despidos, quedaría reducida a la equivalente en 2007. Con los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, sumarían más de mil las desvinculaciones en lo que va del año.
«Por otra parte tuvimos acceso a otro documento, que se trataría más adelante, que detalla las tierras disponibles para ser alquiladas y luego vendidas. En el Boletín Oficial del viernes salió a la venta el edificio de Cerviño donde funciona la Fundación ArgenINTA», explicó el dirigente de APINTA.
Ante esta situación, el sindicato de los trabajadores del INTA inició un plan de lucha y el jueves realizará una movilización al INTA Central, donde el Consejo Directivo tratará la propuesta de despidos.
Motosierra en el INTA: “Es algo irrisorio”
Cambareri señaló que el INTA es un organismo con presencia de La Quiaca a Tierra del Fuego y desde la Cordillera hasta el mar. «Abarca las diferentes producciones del país, desde pequeños a medianos y grandes productores, con convenios con el sector privado y el público», remarcó.
Y advirtió: «Lo que se está planteando es irrisorio, es un organismo de ciencia y técnica que trabaja para el desarrollo de tecnologías para uno de los sectores más productivos del país».
El titular de APINTA Balcarce mencionó algunos de los desarrollos tecnológicos que benefician al sector rural como la creación de los silobolsas, el desarrollo de la vacuna contra la fiebre aftosa y también de una variedad de papa con menor consumo de agua, entre muchos otros.
En una reciente reunión, la dirección nacional del INTA, las direcciones de investigación y las regionales sentaron una postura contraria a este achicamiento. Sin embargo, por más que el Consejo Directivo rechace este plan de achicamiento, el gobierno podría avanzar con la intervención del organismo para proceder con las medidas.
«El INTA es un generador de divisas para el país porque desarrolla tecnologías para que los productores agropecuarios puedan mejorar su producción. Por eso consideramos que su achicamiento sería como pegarse un tiro en el pie«, planteó Cambareri y analizó: «Creo que detrás hay una cuestión ideológica, odian al Estado como han manifestado y lamentablemente actúan en consecuencia».
