El Ejecutivo nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan discursos de odio, inciten a la violencia contra argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a ciudadanos extranjeros.

La medida surge en un contexto marcado por la difusión de mensajes de hostilidad en redes sociales, especialmente tras el reciente Mundial de la FIFA, según fundamentó el Poder Ejecutivo.

Nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar extranjeros

A partir de la entrada en vigencia del decreto, podrán ser rechazados en el ingreso al país o perder su residencia quienes:

• Emitan mensajes de odio, de manera oral o escrita, contra el pueblo argentino o ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad.
• Inciten a la violencia contra argentinos.
• Participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales.
• Promuevan cualquiera de esas conductas.

Además, cuando la residencia sea cancelada por estos motivos, la Dirección Nacional de Migraciones podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se establezca o disponer directamente su expulsión, evaluando las circunstancias particulares de cada caso.

Los fundamentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que, si bien Argentina mantiene una histórica política de apertura hacia la inmigración, el Estado tiene la potestad de establecer condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger:

• El orden público.
• La seguridad interior.
• La convivencia social.

El texto también señala que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que motivó el fortalecimiento de las herramientas legales en materia migratoria.

Asimismo, el decreto destaca que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial frente a actos considerados de ultraje.

El decreto aclara que no limita la crítica política

El Gobierno remarcó que las nuevas disposiciones no alcanzan al disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional.

Como respaldo jurídico, el decreto cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de establecer restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.

Palabra clave: ley migratoria.

Meta descripción: El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que permite impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra argentinos o ultrajen los símbolos patrios.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que reduce en un 58% la cantidad de unidades organizativas del organismo. La medida fue formalizada mediante el Decreto 655/2026 y se suma a los recientes despidos en el sector, en medio de fuertes cuestionamientos de trabajadores y gremios científicos.

El Gobierno de Javier Milei oficializó un recorte del 58% en la estructura organizativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto 655/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La CNEA, que depende de la Secretaría de Asuntos Nucleares, pasará de 645 unidades organizativas a un máximo de 272, con el argumento de reducir el «sobredimensionamiento de su estructura funcional».

Según el decreto, la organización vigente desde 2006 —con modificaciones introducidas en 2023— estaba integrada por 2 autoridades políticas, 11 gerencias de área, 45 gerencias de segundo nivel, 49 subgerencias, 240 departamentos y 283 divisiones.

Con la nueva normativa, el esquema queda limitado a 32 gerencias de segundo nivel operativo, 48 subgerencias, 168 departamentos y apenas 7 divisiones, además de una Auditoría Interna Adjunta y cuatro Supervisiones de Auditoría.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la medida y aseguró que durante la actual gestión «se pasó de 645 cargos a 272, un 57,83% menos».

Cómo queda la nueva estructura de la CNEA

El nuevo organigrama mantiene bajo la Presidencia y Vicepresidencia del organismo a la Unidad de Auditoría Interna, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Coordinación General.

Además, se establecen siete gerencias de área:

• Energía Nuclear, encargada de la investigación y desarrollo para reactores y del ciclo del combustible nuclear.
• Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos, responsable de iniciativas estratégicas como el reactor modular CAREM.
• Aplicaciones Nucleares a la Salud, que coordina el Plan Nacional de Medicina Nuclear «NUCLEOVIDA».
• Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación, orientada a la operación del reactor RA-3 y la producción de insumos para medicina e industria.
• Seguridad Nuclear y Ambiente, dedicada a la protección radiológica, gestión de residuos y salvaguardias internacionales.
• Articulación Institucional, encargada de los vínculos con universidades, institutos y organismos científicos.
• Administración y Gestión, responsable de recursos humanos, presupuesto, ciberseguridad y vinculación tecnológica.

Las autoridades de la CNEA disponen de 60 días para presentar la estructura definitiva de los niveles inferiores.

La reestructuración llega tras despidos y genera rechazo

La reorganización se produce pocas semanas después de los despidos registrados en el organismo. Mientras el Gobierno confirmó oficialmente 61 desvinculaciones, desde distintos sectores denunciaron que las cesantías superaron el centenar.

Desde el ámbito científico, Ignacio Cortés, integrante del grupo de Física, Estadística e Interdisciplina de la CNEA, cuestionó la medida al señalar que las reestructuraciones «no favorecen el desarrollo de la energía atómica», sino que implican «perder el dominio de estas tecnologías».

En la misma línea, los gremios ATE y APCNEAN advirtieron que el ajuste podría afectar la producción de radioisótopos utilizados en tratamientos oncológicos y profundizar la salida de profesionales altamente especializados del organismo.

El 29 de julio de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía intervino las universidades nacionales y reprimió violentamente a estudiantes y docentes. Seis décadas después, el aniversario reaviva el debate sobre la autonomía universitaria, el financiamiento y el rol de la educación pública.

Este 29 de julio se cumplen 60 años de la Noche de los Bastones Largos, uno de los episodios más emblemáticos de la historia universitaria argentina. Aquella noche de 1966, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía ordenó el desalojo violento de facultades tomadas por estudiantes, docentes e investigadores que rechazaban la intervención de las universidades nacionales y la eliminación de su autonomía.

La represión dejó cientos de detenidos y golpeados, además de provocar el exilio de destacados científicos e intelectuales, con un fuerte impacto sobre el desarrollo académico y científico del país.

Un hecho que marcó la historia de la universidad pública

La denominada Noche de los Bastones Largos se produjo poco después del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia. La intervención de las universidades puso fin al régimen de autonomía y cogobierno universitario vigente desde la Reforma Universitaria de 1918.

Las imágenes de la Policía Federal ingresando a las facultades y reprimiendo con bastones a docentes y estudiantes quedaron como un símbolo del ataque a la libertad académica y al pensamiento crítico.

El aniversario reaviva el debate sobre el presente universitario

A seis décadas de aquellos hechos, distintos sectores políticos, universitarios y sindicales aprovecharon la fecha para expresar su preocupación por la situación actual del sistema universitario argentino.

Entre los principales cuestionamientos al Gobierno nacional se encuentran el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, las discusiones en torno al acceso de estudiantes extranjeros y la asignación de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.

En ese marco, desde diversos espacios sostuvieron que la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria y el desarrollo científico continúa siendo un eje central del debate democrático.

Memoria, educación y democracia

A 60 años de la Noche de los Bastones Largos, el episodio sigue siendo recordado como un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las universidades argentinas.

El aniversario invita a reflexionar sobre el valor de la educación pública, la producción científica y la libertad académica, así como sobre la importancia de preservar las instituciones democráticas y el respeto por la autonomía universitaria.