A menos de una semana de la sesión prevista en el Senado, el Comité Nacional de la UCR salió a jugar fuerte contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como ley de Tierras, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La conducción partidaria inició una ronda de conversaciones con los senadores radicales para intentar que rechacen la iniciativa, en una movida que podría complicar las aspiraciones de La Libertad Avanza de conseguir la media sanción.

Es importante aclarar que la postura corresponde al Comité Nacional de la UCR y no representa, por ahora, una posición unificada de todo el bloque radical en el Senado, donde conviven distintas miradas y varios legisladores aún no definieron su voto.

El Comité Nacional busca alinear a los senadores radicales

El presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, mantuvo reuniones individuales con los diez senadores del bloque que preside Eduardo Vischi para transmitirles la postura partidaria y pedirles que no acompañen la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

Según trascendió, hasta el momento Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya manifestaron públicamente que votarán en contra, mientras que el resto de los legisladores mantiene posiciones diversas, algunas más cercanas a los gobernadores de sus provincias que a la conducción nacional del partido.

Desde el Comité reconocen que el objetivo es convencer a los sectores que todavía permanecen indecisos.

«La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra»

La conducción nacional del radicalismo difundió un comunicado en el que rechaza la reforma por considerar que elimina límites considerados necesarios para proteger recursos estratégicos del país.

Con el título «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», el documento sostiene que el proyecto «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos» al flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros.

Como respaldo de esa posición, desde el Comité señalaron que realizaron un relevamiento de la legislación vigente en Estados Unidos, Australia, Francia y Brasil, donde existen restricciones para este tipo de operaciones.

«Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto establece límites. En cambio, el Gobierno argentino pretende eliminarlos cuando la tierra es un recurso finito que, una vez vendido, no puede recuperarse«, argumentaron dirigentes partidarios.

Cuestionamientos por los beneficios a grandes inversores

Otro de los ejes del rechazo apunta a que la reforma no contempla ventajas para los productores argentinos.

Desde el Comité Nacional cuestionan que la iniciativa esté orientada a facilitar inversiones extranjeras y de grandes grupos económicos, mientras los productores locales continúan soportando una elevada carga tributaria.

«Todos son beneficios para los extranjeros y para quienes tienen capital. No hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos«, señalaron durante las conversaciones internas.

Además, remarcaron que actualmente la participación de propietarios extranjeros está muy por debajo del límite del 15% fijado por la ley vigente, por lo que consideran que no existe una necesidad concreta de modificar el régimen actual.

La Libertad Avanza cuenta los votos justos

Mientras tanto, en el oficialismo admiten que la sesión del próximo jueves será compleja. Aunque el proyecto fue modificado en reiteradas oportunidades para sumar apoyos, La Libertad Avanza todavía no tendría asegurados los 37 votos necesarios para aprobar la media sanción.

El escenario es especialmente delicado porque, si parte del radicalismo decide acompañar la postura del Comité Nacional, el oficialismo dependerá aún más del respaldo de bloques provinciales y aliados.

En caso de empate, incluso podría quedar en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel la definición del proyecto, quien en otras oportunidades expresó críticas hacia la reforma al advertir sobre los riesgos de liberalizar completamente la venta de tierras.

Por eso, tanto en el oficialismo como en la oposición descuentan que las negociaciones continuarán hasta el mismo día de la sesión.

El economista Roberto Feletti advirtió que los cambios que el gobierno de Javier Milei analiza para el Banco Central implicarían un regreso al esquema de la Convertibilidad y cuestionó la posible reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Según sostuvo, el objetivo sería limitar la política monetaria y subordinarla a la disponibilidad de dólares.

En diálogo con Radio Provincia, el exfuncionario nacional que coordina un grupo de economistas enla provincia de Buenos Aires aseguró que la discusión excede una modificación técnica y plantea un debate de fondo sobre el futuro de la economía argentina.

“Nos quieren volver a la Carta Orgánica de la Convertibilidad. La discusión clave es si Argentina puede tener una moneda o no”, afirmó.

Roberto Feletti: “El FMI busca un Banco Central autónomo del poder político”

Feletti consideró que las modificaciones podrían responder a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los acuerdos con la Argentina.

“Es posible que estos cambios los pida en perspectiva el FMI, buscando un Banco Central que se autonomice del poder político, aunque eso no ocurra en ninguna parte del mundo. La idea es evitar que, si llega un gobierno popular, pueda desarrollar una política monetaria más autónoma del sector externo”, explicó.

Qué cambió con la reforma de 2012

El legislador recordó que participó de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en 2012, cuando presidía la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Según detalló, aquella modificación buscó ampliar las funciones del organismo para acompañar el crecimiento económico.

“Lo que se buscó fue que la política monetaria se armonizara con el nivel de actividad y la política de precios en una economía expansiva. Por eso se dotó al Banco Central de la posibilidad de ejecutar un programa monetario que diera medios de pago en una economía en expansión”, explicó.

Asimismo, aclaró que la emisión monetaria tiene condicionantes, pero rechazó que dependa exclusivamente de la disponibilidad de divisas.

“La emisión monetaria no es autónoma del sector externo o de la capacidad del Banco Central de acumular dólares. Pero Argentina es un país de tamaño medio, con una economía diversa y diferentes activos que le permiten tener cierta autonomía entre la oferta de divisas y la emisión monetaria”, sostuvo.

“Ese modelo llevó al trueque y a las cuasimonedas”

Feletti consideró que el Gobierno podría avanzar hacia un esquema en el que el Banco Central solo pueda emitir pesos si previamente cuenta con respaldo en dólares.

“Es posible que el Presidente plantee que la función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y, por tanto, nadie va a poder emitir si no tiene un dólar”, señaló.

Sin embargo, advirtió que esa política ya fue aplicada durante la Convertibilidad y tuvo graves consecuencias.

“Hay que recordar que ese modelo monetario llevó a la Argentina a una economía de trueque nacional y a la aparición de cuasimonedas, que fue la respuesta que dieron las provincias a la falta de medios de pago, porque se colocó la economía en función del sector externo”, afirmó.

Críticas a la acumulación de reservas y al rumbo económico

El ex diputado también cuestionó la política cambiaria del Gobierno y aseguró que la actual gestión no logró fortalecer las reservas internacionales.

“Al escenario que se planteó para fines de los ’90, la presidencia de Javier Milei tiene un agravante: no junta dólares en el Banco Central dado que frente a una oferta de 80 mil millones, solo acumuló 20 mil millones”, aseguró.

Por último, consideró que el principal límite del programa económico no será financiero sino político.

“El límite al proceso recesivo y de ajuste es político, más que nada porque está entrampado precisamente por el clima de valorización financiera, que le sirve a los especuladores, pero no para pagar la deuda ni para ganar las elecciones”, concluyó.

El Ejecutivo nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan discursos de odio, inciten a la violencia contra argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a ciudadanos extranjeros.

La medida surge en un contexto marcado por la difusión de mensajes de hostilidad en redes sociales, especialmente tras el reciente Mundial de la FIFA, según fundamentó el Poder Ejecutivo.

Nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar extranjeros

A partir de la entrada en vigencia del decreto, podrán ser rechazados en el ingreso al país o perder su residencia quienes:

• Emitan mensajes de odio, de manera oral o escrita, contra el pueblo argentino o ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad.
• Inciten a la violencia contra argentinos.
• Participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales.
• Promuevan cualquiera de esas conductas.

Además, cuando la residencia sea cancelada por estos motivos, la Dirección Nacional de Migraciones podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se establezca o disponer directamente su expulsión, evaluando las circunstancias particulares de cada caso.

Los fundamentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que, si bien Argentina mantiene una histórica política de apertura hacia la inmigración, el Estado tiene la potestad de establecer condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger:

• El orden público.
• La seguridad interior.
• La convivencia social.

El texto también señala que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que motivó el fortalecimiento de las herramientas legales en materia migratoria.

Asimismo, el decreto destaca que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial frente a actos considerados de ultraje.

El decreto aclara que no limita la crítica política

El Gobierno remarcó que las nuevas disposiciones no alcanzan al disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional.

Como respaldo jurídico, el decreto cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de establecer restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.

Palabra clave: ley migratoria.

Meta descripción: El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que permite impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra argentinos o ultrajen los símbolos patrios.