El gobierno bonaerense puso a disposición el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA) para conservar las fuentes laborales amenazadas por el cierre de la histórica fábrica de margarina Dánica en Llavallol.
En noviembre, el Grupo Beltrán comunicó a los 150 trabajadores de Dánica Llavallol el cierre de la planta luego de 85 años de actividad. El holding cordobés adquirió la empresa en 2018 y desde un inicio se mostró hostil con sus empleados, con reiterados conflictos laborales por constantes violaciones del convenio aceitero.
Puertas adentro, los responsables de la firma aseguraban que por la caída de las ventas se había decidido avanzar en una reestructuración para unificar la producción de margarina en Córdoba. Además, la empresa pretendía pagar las indemnizaciones al 50%.
Sin embargo, durante todas estas semanas el conflicto continuó siendo trabajado bajo la tutela del Ministerio de Trabajo bonaerense y en las últimas horas se conoció que la fábrica volvería a funcionar el próximo 27 de enero, aunque todavía no está claro con qué dotación de trabajadores.
Para poder revertir el cierre definitivo, el gobierno bonaerense puso a disposición de Dánica Dorada el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA) con una asistencia no reembolsable por 12 meses del 50% del salario mínimo, vital y móvil por trabajador.
Por su parte, Beltrán pretende pagar un 65% del salario previsto por el convenio aceitero, de modo tal que los trabajadores cobrarían sueldos cercanos al 80% de lo establecido por el mismo.
Este lunes, el ministro de Trabajo, Walter Correa, adelantó: «Recién terminamos una audiencia haciendo todo el esfuerzo para que la fábrica reabra sus puertas y no perder las esta fuente de trabajo. Tenemos el compromiso de revertir situaciones difíciles».
Según pudo averiguar Todo Provincial, las negociaciones no están cerradas y todavía no quedó definido la cantidad de puestos laborales que se conservarán ya que la empresa pretende dejar un dotación de apenas 40 trabajadores.
El acuerdo tendría una vigencia inicial de tres meses, aunque puede extenderse hasta un año, siempre que no haya desvinculaciones.
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