Dos policías que estaban en la comisaría de Laprida admitieron ante la justicia haber falseado actas en las que se hacen constar inspecciones en los calabozos el día de la muerte de la joven Daiana Abregú.

Así se desprende de las declaraciones indagatorias de la oficial de guardia Juliana Zelaya y de la imaginaria Vanesa Núñez, ambas detenidas junto a otros tres policías (Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur) de la dependencia donde el 5 de junio último fue hallada muerta por asfixia la joven de 26 años.

Ambas policías reconocieron que lo que consta en el libro de guardia de la seccional respecto a una inspección realizada a las 14 de ese día en el calabozo en donde se encontraba Abregú es falso.

«Es mi letra, lo escribí yo, pero no se hizo lo que dice ahí, es falso», respondió Zelaya al ser consultada al respecto por el fiscal de Violencia Institucional de Azul, José Ignacio Calonje.

Cuando el representante del Ministerio Público le preguntó sobre la secuencia de los hechos, la oficial de guardia le dijo que nunca vio alterada a Daiana, que pasadas las 14.15 ingresó con otra policía al calabozo para quitar un colchón que la detenida estaba rompiendo, que más tarde volvió a ir porque la víctima hacia ruido y la sacaron de la celda, hasta que por último regresó cuando su compañera Núñez le dijo «ayudame que esta pelotuda se ahorcó». Además, Zelaya dijo que conocía a Daiana porque su hijo jugaba al fútbol con el suyo en le mismo equipo.

Por su parte, Núñez también admitió haber falseado el libro de la dependencia al firmar la constancia de una inspección previa en el calabozo: «No, es mentira, no se realizó inspección de calabozo en mi turno», dijo, a pesar de que su rúbrica figura al pie.

Ante versiones que vinculaban a Nuñez con Abregú y un conflicto por un supuesto vínculo con su pareja, la imaginaria aseguró que «solo conocía de vista a Daiana», al igual que su novio, quien «la había cruzado en la casa de un amigo común», al tiempo que aclaró que «nunca tuvo ningún problema con ella» y que en la comisaría «tampoco se generó ninguna discusión».

Núñez contó que durante la permanencia de Daiana en la dependencia envió por su celular mensajes escritos y de audio una amiga y a su novio para contarles que estaba a cargo de los calabozos cuando estaba detenida Daiana, aunque admitió que luego los borró «porque no quería tener nada de ese día».

Luego de los datos arrojados por la segunda autopsia, los investigadores aguardan para la próxima semana los resultados de una serie de peritajes que serán evaluados para luego resolver la situación procesal de los detenidos.

También se esperan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos de los cinco policías detenidos con el fin de analizar sus comunicaciones durante el día de la muerte de Daiana y los posteriores.

Caso Abregú: cuestionamientos de la CPM al Ministerio de Seguridad

Tras conocer el contenido de las indagatorias, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como querellante en la causa, calificaron de «enorme gravedad institucional que la defensa de los policías esté en manos de abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense».

«Una de las cuestiones más graves es que reconocieron que el libro de guardia de la comisaría, donde se consigna lo que sucedió ese día, describe hechos que no sucedieron. Es decir que se volcó información falsa y se adulteraron los registros», indicaron mediante un comunicado.

«Por otro lado, las mismas oficiales dijeron que nunca se realizaron las tres inspecciones al calabozo que se habían informado oportunamente. Sin embargo el oficial Adrián Nuñez , otro de los imputados, insiste con que si se hicieron.», añade.

Para la CPM, «a esta serie de reconocimientos de falsificación y contradicción entre los testimonios de los agentes policiales se sumó además un hecho que reviste una enorme gravedad institucional. La defensa de las y los agentes imputados estará a cargo de abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense», lo que demuestra «la actuación corporativa de la fuerza policial».

«El Ministerio de Seguridad debería iniciar investigaciones administrativas para delimitar la responsabilidad de los funcionarios policiales y resulta difícil de pensar que estas actuaciones sean objetivas cuando el propio Ministerio defiende penalmente a las y los policías que son el centro de esta investigación», consideraron desde el organismo.