El fiscal Ignacio Calonje, a cargo Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de Azul, solicitó la liberación de los cinco policías detenidos por la muerte de Daiana Abregú el pasado 5 de julio en la Comisaría de Laprida. La medida se concretó esta tarde. Todo Provincial dialogó con el abogado de la familia Abregú, Sergio Roldán, quien aseguró que “el terreno es muy hostil” y que “han armado todo para sea una ahorcadura”.
Los policías imputados en la causa por la muerte de la joven de 26 años son Vanesa Nuñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelay, Adrián Nuñez y Leandro Fuhr. Esta tarde por orden del Juzgado de Garantías N°1 a pedido del fiscal, los efectivos fueron liberados en Olavarría y Azul, donde permanecían detenidos en dependencias de la Policía Federal.
El abogado Cesar García, defensor de uno de los policías detenidos, aseguró al Canal Local de Olavarría que la liberación es “por ausencia de delito” luego de conocerse un informe pericial de la Policía Federal que concluyó que “analizados todos los elementos en conjunto puede concluirse que la etiología médico legal del caso correspondería a una muerte suicida”.
Foto: Central de Noticias Olavarría
Todo Provincial se contactó con Sergio Roldán, abogado de la familia Abregú, quien aseguró: “Se cumplen 30 días de la detención y el fiscal debía tomar una decisión. Lamentablemente pidió la liberación de los imputados en base a un informe de la Policía Federal que casi no tiene datos de la segunda autopsia. Ese informe sólo dice ahorcadura”.
Y agregó: “Nosotros apelamos el informe porque está incompleto. Además, pedíamos que del mismo no participara ninguna fuerza de seguridad y lo hiciera organizaciones civiles como alguna universidad”.
Roldán admitió que la decisión de solicitar la liberación de los imputados en lugar de la prisión preventiva significa un “revés judicial”. En los próximos días, el fiscal Calonje podría avanzar con un cambio de carátula.
Actualmente, los efectivos están imputados por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.
“La responsabilidad de la policía en la muerte de Daiana es indudable porque ella entró viva a la comisaría y salió muerta”, expresó el abogado de la familia Abregú quien aseguró “no tener dudas de que se trató de un homicidio”.
El 16 de julio se conoció el resultado preliminar de la reautopsia realizada sobre el cuerpo de la joven. El mismo concluyó que la joven no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico. Los resultados completos, de esta segunda autopsia con los estudios complementarios todavía están pendientes.
Caso Daiana Abregú: cuestionamientos al fiscal Calonje
“No me caben duda que están buscando impunidad. Es muy hostil el terreno, han armado todo para que sea una ahorcadura”, aseguró el abogado Roldán quien además reprochó al fiscal Calonje la decisión de haber solicitado el informe pericial a la Policía Federal, haciendo caso omiso a su planteo de excluir a todas las fuerzas de seguridad de este caso.
La actuación de Ignacio Calonje ya había sido cuestionada por la Comisión Provincial por la Memoria que había advertido que “a pesar de las enormes irregularidades de la primera autopsia, y de estar al frente de una unidad especializada en delitos de violencia institucional”, el fiscal “defendió el primer estudio, incompleto y deficiente, oponiéndose durante semanas a la realización de esta nueva autopsia”.
El organismo que fue clave para que se avanzara en una segunda autopsia denunció que la primera se había realizado sin aplicar el protocolo de Minnesota y por lo tanto “sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal, tampoco se realizaron radiografías, fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes”, y que además “no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento”.
“Tampoco puede haber demoras injustificadas en la investigación, las maniobras dilatorias del fiscal Calonje para la realización de la segunda autopsia pusieron en grave riesgo la producción de esta prueba. La adecuada intervención del Fiscal General del departamental judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino, recomendando su realización, permitió avanzar con esta medida de prueba”, había apuntado la CPM.
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