El abogado César García, que defiende a la policía Vanesa Nuñez, aseguró en las últimas horas que otro policía de apellido Verón que además es «cuñado» de Daiana Abregú estuvo en la comisaría de Laprida casi en simultaneo con la aparición sin vida de la joven.
«El policía Verón, a quien estoy llamando a testimoniar, es el cuñado de Daiana Abregú. Para mi sorpresa, mediante la geolocalización de los patrulleros, pude detectar que él estuvo a cargo de la Oficina de Guardia suplantando a la policía que hoy está detenida, Juliana Zelaya. La reemplazó de las 13 a las 14 horas», aseguró el abogado.
Por la muerte de la joven de 26 años permanecen detenidos los policías Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrian Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur a quienes se los investiga por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”. Núñez era quien estaba a cargo del cuidado de los calabozos al momento del fallecimiento.
En las últimas horas también se conoció que el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó al ahora exjefe de Policía Comunal de Laprida, comisario inspector Marcelo Amaya, y al exjefe de la estación de la misma fuerza y ciudad, comisario Cristian Barrios, quienes eran responsables jerárquicos de la seccional.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó hoy que, tras una presentación conjunta con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante el Gobierno bonaerense, los efectivos fueron desafectados durante el tiempo que se extienda la investigación penal.
Según se indicó desde la CPM, Amaya y Barrios habían sido trasladados a la ciudad de Tres Arroyos para continuar allí cumpliendo sus funciones, situación que fue cuestionada por los organismos de derechos humanos en una nota dirigida al gobernador Axel Kicillof el pasado 21 de julio.
El organismo le había transmitido su “preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social”.
“Tal práctica, que es habitual y se remonta en el tiempo, es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito”, destacaron los organismos en la carta y agregaron “la persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –número 13482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación como en la Provincia”.
Para la CPM y la ADPH, los policías debían haber sido separados preventivamente de sus cargos ya que “ambos resultan ser –cuanto menos- responsables funcionales de la muerte de la joven”.
En la carta, se solicitó a Kicillof que “se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada”.
De esta manera, los policías fueron desafectados durante el tiempo que se extienda la investigación penal, al tiempo que se intervino la dependencia policial.
