La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró que el ateneo de peritos de la Policía Federal que ayer avaló la hipótesis del suicidio en el caso de Daiana Abregú cometió «errores groseros» e «interpretaciones estigmatizantes» de la víctima, por lo que pedirán la nulidad del informe. En base a este informe la justicia ordenó la liberación de los cinco policías que estaban detenidos por la muerte de la joven de 26 años en la comisaría de Laprida.
«El ateneo se extralimitó en sus funciones y por lo tanto está viciado de nulidad, cometió errores groseros e interpretaciones estigmatizantes de la víctima y revalorizó y tomó por ciertas las diligencias y declaraciones de la propia policía investigada», señaló esta tarde la CPM en un comunicado de prensa.
Este organismo adelantó que, en su carácter de querellante en la causa, pedirá, junto a la familia Abregú, «inmediatamente la nulidad de esta diligencia y su realización en el cuerpo pericial de la mencionada dependencia judicial».
La CPM ya había solicitado al fiscal de Azul a cargo del expediente, José Ignacio Calonje, que el ateneo estuviese a cargo de la Justicia Nacional y no de la Policía Federal Argentina (PFA).
«Los peritos de la Policía Federal arriban a una serie de interpretaciones sin fundamentos para introducir la hipótesis del suicidio», señaló el comunicado en el que cuestionaron que los expertos policiales ayer dieron por «terminado el informe sin convocar ni dar traslado del informe a los peritos de parte que no pudieron acceder al mismo».
En ese sentido, el perito por parte de la CPM, Fernando Rossi, emitió un informe en disidencia absoluta con lo presentado por los peritos policiales y sostuvo: «Arriban a conclusiones meramente especulativas, cuando no estrambóticas.»
Las conclusiones del informe de la Policía Federal
El ateneo en cuestión se llevó a cabo con el objetivo de dar cuenta de la etiología de muerte, analizando la autopsia, reautopsia, estudios complementarios, análisis comparativo de ADN, pericia toxicológica, pericia anátomo-patológica y pericia de ensayos de tracción.
En total, lo peritos analizaron unas cincuenta pruebas volcadas en el expediente desde que se inició la investigación para concluir que se trató de una muerte por «síndrome asfíctico secundario a una posible ahorcadura».
«(…) los resultados en ambas autopsias han demostrado que el mecanismo de la muerte ha sido la compresión extrínseca del cuello, a consecuencia de un elemento constrictor que sigue el patrón típico de una ahorcadura», indicó el informe preliminar de la PFA.
Para estos peritos, «el surco del lazo observado en la occisa es claramente ascendente y discontinuo», lo que descarta el «estrangulamiento a lazo», en el que, generalmente, «la presión que se ejerce sobre el cuello es muy intensa, homogénea y, por otra parte, la dirección es horizontal o incluso descendente, dependiendo de la posición del agresor».
A su vez, en cuanto a la posibilidad de una «asfixia por sofocación, no se observaron elementos anatomopatológicos que permitan inferir la oclusión de los orificios aéreos naturales por la presión de una superficie sobre ellos».
«(…) la ausencia de lesiones corporales relevantes en el contexto en que se produce el deceso permite descartar, en principio, maniobras de sometimiento mediante el uso de fuerza física sobre la occisa y/o que sean capaces de colocarla en un estado de indefensión», detallaron los expertos.
También tomaron en cuenta que el informe toxicológico dio positivo en «alcohol, carbamezapina y cocaína», aunque esto «no demuestra que la víctima se hallara bajo los efectos de intoxicación etílica al punto de afectar el nivel de conciencia».
«El surco en el cuello es compatible con la campera (con la que se cree se ahorcó la víctima) y con la pericia de fuerza que se hizo sobre esa prenda», explicó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente y señaló que no se halló ADN de otras personas en el rastreo epitelial de dicho abrigo ni debajo de las uñas de Daiana.
En ese sentido, los peritos determinaron que «el tipo de material usado para lazo (la campera que vestía la occisa), sumado a la escasa altura del punto de suspensión para la ahorcadura y el peso ligero de la víctima, contribuyeron a que el surco sea amplio y con escasa profundidad».
«El tipo de personalidad de la fallecida, sus antecedentes de consumo de alcohol y/o sustancias y otros datos relevantes (…), sumados al análisis del incidente que origina la detención de la misma y la situación de atrapamiento pudieron haber influido en el estado anímico, de forma tal que analizados todos estos elementos en conjunto puede concluirse que la etiología médico legal del caso correspondería con una muerte suicida«, concluyeron.
En tanto, luego de recibir el informe de la PFA, el fiscal Calonje, especializado en Violencia Institucional, solicitó al juez de Garantías Carlos Villamarin la excarcelación de los policías Vanesa Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, quienes estaban detenidos por «homicidio agravado» desde el 24 de julio último y ayer mismo recuperaron la libertad.
