Cañuelas / Preocupación por el desfinanciamiento del sistema de pensiones

agosto 28, 2018 | Tercera Sección

En la Municipalidad de Cañuelas, miembros del Centro de Atención Local de San Vicente presentaron ante el intendente Arrieta y concejales del oficialismo la preocupación generada por la reducción de presupuesto en el sistema de pensiones, que generaría el cierre de dependencias de atención y asesoramiento a personas con discapacidad o invalidez.

Los trabajadores del Centro de Atención Local de San Vicente, que aborda territorialmente a los municipios de Cañuelas y Presidente Perón visitaron al jefe comunal, Gustavo Arrieta, para exponer las dificultades por las que atraviesa el organismo y el impacto que generaría a nivel local que cierre la dependencia regional, poniendo en riesgo la cobertura de salud, educativa y socio-económica de la población más vulnerable.

Los agentes de la dependencia manifestaron que el avance de políticas de reducción y ajuste que busca el vaciamiento del organismo está perjudicando tanto a los trabajadores como a las personas con discapacidad o invalidez que contaban con su pensión o están tramitándola, ya que el centro de atención en cuestión ha tenido desde su apertura en 2008 un abordaje de más de 6.000 casos a las cuales se les ha otorgado el derecho y otros tantos que iniciaron el trámite y hasta la fecha no han tenido respuestas.

Una misiva presentada por el personal del CAL advierte las principales medidas que perjudican a la estructura de pensiones, enumerando con precisión las suspensiones unilaterales sin derecho a defensa en 2016 y en 2017, por un total de 215.024 beneficios; de las cuales solo se han reactivado 43.602.

Los trabajadores también plantearon que la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que suprimió a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, produjo efectos que atentaron contra las políticas públicas de inclusión, como el cierre de 72 centros de atención del país, entre los que se encuentran los de Tres Arroyos, Lomas de Zamora, Moreno y Tigre; y la acumulación de 175.000 expedientes en circuito de trámite que pese a ser evaluados favorablemente por cumplir con todos los requisitos, esperan de uno a tres años la firma de la resolución.

Participaron de la reunión Cristhian Gutiérrez (delegado de ATE y empleado administrativo de CAL San Vicente); Sabrina Canovas, Rosana Ruiz Díaz, Neri Calderon y Rosana de Jesús (empleados administrativos de CAL San Vicente); Susana Casareto (secretaría de Derechos Humanos de ATE Pensiones); Debora Goñi (Pensiones Cañuelas); el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti y los concejales Esteban Sarlenga (Presidente del Bloque FPV-PJ-Unidad Ciudadana) y Romina Márques Antunes (vicepresidenta del Bloque FPV-PJ- Unidad Ciudadana).

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