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Rubén “Cholo” García: “La Ley de Negociación Colectiva vino a cambiar el paradigma de las relaciones laborales entre los municipios y los trabajadores”

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El Secretario General de la FeSiMuBo, se reunió con el Ministro de Trabajo y pidió que intervenga en su implementación en todos los municipios de la Provincia. “Con esta Ley se logró la laboralización del empleo público”, señaló por su parte Enrique Espínola Vera, autor de la normativa presentada recientemente ante la cumbre mundial de la OIT

“Nos preocupa el retraso en la firma de los Convenios Colectivos de Trabajo en la Provincia de Buenos Aires”, expresó en diálogo con Todo Provincial, Rubén “Cholo García”, Secretario General de la FeSiMuBo y de la Federación de Municipales a nivel nacional.

En este sentido manifestó que luego de más de 20 años de pelea y a un año y medio de que entrara en vigencia la ley 14656, solo en 47 municipios de los 135 que tiene la Provincia se firmaron Convenios Colectivos de Trabajo para los trabajadores municipales. Paradójicamente, todos distritos gobernados por Cambiemos, a excepción de uno, cuando la normativa fue impulsada en su momento por legisladores del FpV.

En cuanto al pedido concreto formulado recientemente al ministro Villegas fue categórico: “le pedimos instrumentar desde el Ministerio y nuestra Federación los consensos necesarios para que aquellos intendentes que no han armado los CCT y que no han nombrado a sus representantes para que lo empiecen hacer”.

Durante el encuentro se habló también de la puesta en marcha del Consejo Municipal Provincial, contemplado en la normativa y que estaría integrado por representantes de la cartera laboral, los municipios y los sindicatos. “El ministro nos ratificó que es un impulsor de la negociación colectiva y del tripartito, es decir que las tres partes tienen que estar sentadas para llegar a un acuerdo de consenso por los convenios que todavía no se han firmado”, agregó.

Consultado además sobre las anomalías presentadas en la firma de los CCT en algunos municipios, tal es el caso de Las Flores, La Plata, Adolfo Alsina, Vicente López que requirieron la intervención del Ministerio e incluyo su impugnación, Rubén García manifestó:

“No creo que haya habido mala fe en muchos de estos casos, creo que fue una falta de conocimiento de la ley que es muy amplia y que replantea las relaciones laborales entre los trabajadores y el Estado empleador”.

“También, creo que a algunos intendentes les molestó que se equilibre esta relación y por eso hicieron una ordenanza que eran una réplica de la nefasta ley anterior 11757 y que ya fue derogada. Incluso en muchas ponían la disponibilidad relativa y absoluta del trabajador, que se contrapone con la ley actual que establece como primera garantía la estabilidad en el empleo público, además de las paritarias obligatorias, el salario mínimo vital y móvil y los CCT”, destacó.

Sin embargo, señaló que “la mayoría fue entendiendo y gran parte de los Convenios Colectivos se han firmado dentro del lineamiento de la nueva ley”.

Salario Mínimo Vital y Móvil

Otro de los temas que preocupa a la FeSiMuBo, en cuanto a la implementación de la Ley, es la equiparación del piso salarial del empleado municipal con el Salario Mínimo Vital y Móvil. En esa línea expresó: “Un salario de 8.060 pesos que ya ha quedado desvirtuado y por eso se ha convocado nuevamente al Consejo del Salario”.

 “Los sueldos de los municipales históricamente han sido muy bajos”, agregó. “Esto forma parte de una decisión política de los intendentes de todos los colores políticos de tener a los trabajadores municipales como moneda de ajuste y de cambio en prácticamente todas las administraciones municipales”, destacó.

“Nuestra Federación fue la única entidad gremial de la provincia de Buenos Aires que discutió este tema y lo plasmó en un proyecto de ley que fue impulsado en la Legislatura por el diputado Hernán Doval, quien es a su vez también secretario general de los municipales de Avellaneda y Secretario político de nuestra Federación”, remarcó.

Cabe destacar que anteriormente las relaciones laborales estaban condicionadas por un Estatuto vigente desde 1996.

“Eran contratos basura, en una relación de semi esclavitud y siempre con el temor de al despido. Cada vez que teníamos que discutir salario o una cesantía teníamos que ir al juzgado contencioso administrativo”, dijo al tiempo que expresó que esta situación ha generado varias denuncias ante los organismos internacionales.

“Hoy estamos facultados dado que tenemos CCT, para discutir la problemática como cualquier trabajador argentino, vamos a los tribunales laborales y ese es un gran paso que hemos dado. Por eso decimos que esta ley vino a cambiar el paradigma de las relaciones laborales entre los municipios y los trabajadores”, dijo.

En esa línea expresó que la idea “es trasladar esta normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires a todas las localidades del país que carecen de esta herramienta fundamental que es la negociación colectiva”.

La Ley 14656 en primer plano en la cumbre de la OIT

En tanto, cabe remarcar que la normativa impulsada por la FeSiMuBo, es la primera a nivel mundial que establece la negociación colectiva para los trabajadores municipales, y sus alcances fueron expuestos recientemente en la 106 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra.

La misma fue presentada como modelo de legislación por la Internacional de Servidores Públicos, y ya se plantea como ejemplo en numerosos estados de la Unión Europea, Asia y África. Sobre esta experiencia, Rubén García expresó:

“Fue maravilloso poder presentar los alcances de esta ley y la necesidad de implementarla a nivel global ante representantes de más de 30 países”. “Todavía estamos en deuda nosotros y también el gobierno nacional y los provinciales de aplicarla en todo el territorio nacional”, agregó.

En este sentido Todo Provincial dialogó además con el Dr. Enrique Eliseo Espínola Vera, Jefe de Asesores Letrados de FeSiMuBo y autor de la ley conjuntamente con el diputado Doval, quien destacó que en su origen se hallaba la necesidad de derogar la ley anterior que regía las relaciones laborales de los trabajadores municipales.

A partir de allí  se logró “una ley que contiene un avance histórico para los municipales, que es gozar de una norma que regule la negociación y culmine con el CCT”. En este sentido resaltó la importancia de incorporar la negociación colectiva como el mecanismo más adecuado para regular las relaciones laborales: “Por ejemplo, el Estado debe informar sobre la cantidad de trabajadores que tiene, y que hasta ahora es un secreto que esconde muchos negocios políticos”, afirmó.

“Esta ley es un paso muy importante en la democratización de las relaciones laborales y democratizar las relaciones laborales, es trasparentar el funcionamiento del trabajo en cada municipio y esto es sin lugar a dudas un avance del siglo XXI”, remarcó.

En tanto agregó: “Con la 14656 se da lo que en el derecho se denomina la laboralización del empleo público, esto significa que el trabajador deja de ser agente para ser trabajador”. “Hasta la sanción de la ley, el trabajador era denominado agente y en realidad es un trabajador como cualquier otra persona, que además tiene una misión superior que es servir a su comunidad, a sus vecinos”.

“Asimismo se han incorporado los institutos más modernos, se han ampliado las licencias, se ha incorporado la violencia de género y la figura del gestante. Es una ley que va a dar que hablar por mucho tiempo y va a ser un ejemplo para las demás normas parecidas a la negociación colectiva. “De modo que estamos muy felices de haber sido protagonistas de expresar en una norma el sentimiento y la necesidad de la gente”, concluyó.

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Se renovó el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para el período 2026-2029

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La Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense designó a los nuevos integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Susana González continuará al frente del organismo durante el nuevo período.

La Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su titular Juan Cruz Lucero, oficializó la nueva conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (CGPLP) para el período 2026-2029.

La designación se realizó mediante la Resolución N° 6, que establece la integración del órgano directivo encargado de participar en la conducción y el desarrollo de la actividad portuaria.

El Directorio está compuesto por nueve integrantes, que representan a los distintos sectores vinculados con la operatoria y el funcionamiento del Puerto La Plata.

Susana González continuará como presidenta

La nueva conformación estará encabezada por la Dra. Susana González, quien continuará como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

La acompañarán María Laura Brolese D’Adamo, en representación de los concesionarios y/o permisionarios de terminales e instalaciones portuarias, y Pablo Azcárate, como representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a empresas dedicadas a transformar, ensamblar o comercializar insumos de carácter industrial.

Por su parte, Mariano Gendra Gigena fue designado en representación de las empresas armadoras y/o prestatarias de servicios portuarios marítimos.

Representación sindical y municipal

La nueva composición también incluye a representantes de las organizaciones sindicales vinculadas con los trabajadores portuarios.

En este sector fueron designados Alejandro Cachile, por la Unión Ferroviaria, y Guillermo Crivos, por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

En representación de los municipios que integran el área de influencia del Puerto La Plata, Martín Fernández renovará su mandato por la Municipalidad de Berisso, mientras que Alejandro Sández continuará representando al Municipio de Ensenada.

En tanto, permanece pendiente la designación del representante correspondiente a la Municipalidad de La Plata.

Reconocimiento a los directores salientes

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata expresaron su agradecimiento a los directores que finalizaron sus mandatos: Susana Giulietti, Dardo Gustavo Rodríguez y Facundo Pennacchioni.

El organismo destacó especialmente el compromiso y los aportes realizados durante sus respectivas gestiones, al tiempo que dio la bienvenida a los integrantes que formarán parte del Directorio durante el período 2026-2029.

La renovación de autoridades se produce en un contexto en el que el Puerto La Plata constituye una pieza estratégica para la actividad productiva, logística y portuaria de la Región Capital bonaerense, con impacto directo sobre Berisso, Ensenada y La Plata.

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Toledo vendió un supermercado en Mar del Plata y remata otra sucursal para pagar sueldos

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sucursal de toledo vendida

En medio de la caída sostenida del consumo masivo, la cadena de supermercados Toledo enfrenta una grave crisis financiera. En las últimas horas trascendió que la empresa vendió una sucursal en Mar del Plata para poder abonar el sueldos de sus empleados que habían cobrado sólo el 40% del mismo.

Según trascendió, Supermercados Toledo se desprendió de la sucursal ubicada en Avenida 39 y Luis Agote de Mar del Plata. Sin embargo, la firma informó al Sindicato de Empleados de Comercio que en las próximas semanas concretará la venta de otra de sus 43 sedes.

El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica, Esteban Fraysse, habló con Radio Provincia y detalló: “Llegamos a una situación compleja con decisiones empresariales que no son las mejores teniendo en cuenta que el supermercado Toledo tiene 43 sucursales, emplea a 1800 trabajadores y tiene alrededor de 3000 proveedores”.

Desde el sindicato mayoritario critican la decisión que se toma y denuncian que “la empresa no se ha profesionalizado en ningún momento ni tampoco tuvo una mirada más allá. No hay un plan estratégico para encarar una crisis como ésta. Ni hay otra vocación, más allá de vender”.

Vender unidades para pagar sueldos es terrible porque el consumo masivo no toca piso. Y la decisión dejó a la ciudad en jaque», apuntó el dirigente sindical.

Gracias a la intervención del ministerio de Trabajo encabezado por Walter Correa, el supermercado garantizó la continuidad de los 25 trabajadores de la sucursal vendida que serán reubicados en otros supermercados de la cadena. Sin embargo, Fraysse expresó su temor de que si continúan las ventas se termine generando un “cuello de botella”.

“El dueño manifestó que hay otra sucursal en venta y la operación se concretará en estos días”, precisó el dirigente gremial.

Además, consideró que luego del fallecimiento de Antonio Toledo, fundador de la cadena, la empresa se quedó sin una conducción estratégica que permita encarar una crisis como la actual. “No vemos una reacción para mitigar la situación ante esta situación de caída del consumo que es responsabilidad del gobierno nacional”, apuntó.

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Astillero Río Santiago: la Provincia justificó el despido de dos trabajadoras y rechazó que haya discriminación

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astillero rio santiago

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder por la situación de dos ex trabajadoras del Astillero Río Santiago que fueron desvinculadas en enero y mayo de 2026 y aseguró que los despidos estuvieron vinculados a “ausencias injustificadas y reiteradas”.

A través de un comunicado, la Provincia sostuvo que ambas trabajadoras registraron durante períodos de entre tres y cuatro años un promedio de ausentismo del 64% de los días laborables y que habían recibido sanciones disciplinarias antes de las desvinculaciones.

Según la explicación oficial, el Astillero Río Santiago actuó dentro del marco de la legislación vigente y del régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo N.º 91/75E.

La Provincia habló de ausentismo y sanciones disciplinarias

El Gobierno bonaerense señaló que las dos trabajadoras fueron sancionadas previamente mediante el régimen de progresividad previsto en la normativa laboral.

Al mismo tiempo, remarcó que, durante los períodos en los que existieron licencias vigentes, la empresa justificó alrededor de 100 días laborales por año en cada caso.

“Lo que da sobrada cuenta de la disposición y el acompañamiento brindado por la empresa”, sostuvo la Provincia al referirse a las licencias otorgadas.

El Ejecutivo bonaerense planteó así que las desvinculaciones no estuvieron relacionadas con las situaciones de violencia de género denunciadas por las ex trabajadoras, sino con el nivel de ausentismo y los antecedentes disciplinarios.

Qué dijo la Provincia sobre las denuncias de violencia de género

Las dos ex trabajadoras habían planteado situaciones vinculadas a violencia de género durante 2022 y 2023.

Frente a esas situaciones, la Provincia aseguró que el Astillero Río Santiago intervino junto a su Equipo Interdisciplinario de Género y adoptó medidas de atención y acompañamiento.

Según el comunicado oficial, después de esas intervenciones transcurrieron tres años y medio en uno de los casos y dos años en el otro hasta que se produjeron las desvinculaciones.

Durante ese período, el Gobierno bonaerense aseguró que no existieron nuevos requerimientos vinculados con cuestiones de género por parte de las ex trabajadoras o de su entorno.

Además, señaló que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires revisó la actuación del Equipo Interdisciplinario de Género y concluyó que se había ajustado a la normativa y al protocolo vigente.

Qué resolvió el Ministerio de Trabajo

La Provincia también hizo referencia a la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a una audiencia conciliatoria y analizó las actuaciones incorporadas a los expedientes.

De acuerdo con el Gobierno, el organismo emitió los dictámenes correspondientes, aunque no se pronunció sobre la existencia o no de discriminación.

En cambio, remitió la cuestión a las vías administrativas o judiciales correspondientes al régimen de empleo público.

La explicación oficial apunta a que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para resolver el fondo del conflicto debido a la naturaleza jurídica del Astillero Río Santiago.

El organismo es un ente autárquico de derecho público, por lo que, según la Provincia, se trata de un conflicto individual correspondiente al régimen de empleo público.

De esta manera, el Gobierno bonaerense buscó dejar asentada su posición frente a los cuestionamientos por los despidos y sostuvo que las desvinculaciones estuvieron fundamentadas en antecedentes de ausentismo y sanciones disciplinarias, mientras que las actuaciones relacionadas con violencia de género habían sido abordadas previamente por los organismos correspondientes.

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