Sara Pereyra es titular del inmueble lindero a la Dirección de Tránsito y Licencias, y puede demostrarlo, pero la comuna insiste en expropiarlo. A raíz de esto sufrió un allanamiento sin orden judicial comandado por la sub secretaria de seguridad, Mónica Ghirelli, con la venia de la secretaria de seguridad Cecilia Rodríguez. También la suspendieron y le clausuraron la vivienda por una construcción que no hizo. Además le descontaron 3 mil pesos de salario. La denuncia ya está en la Justicia y hay varios funcionarios involucrados.
Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda denuncian que la persecución contra la empleada Sara Pereyra comenzó hace alrededor de unos dos meses, cuando desde la comuna que comanda Jorge Ferraresi le manifestaron la intención de expropiar la vivienda que ocupa ubicada sobre la calle Brandsen N° 2354 y que se encuentra lindera a la Dirección de Tránsito y Licencias.
La vivienda, cabe destacar, forma parte de un complejo habitacional y lo llamativo es que la intención del municipio se centra solo en el departamento de Pereyra, por lo que desde el gremio sostienen que se trata de una persecución gremial contra la afiliada. Asimismo, el secretario de Prensa del STMA, Daniel Ferro, en diálogo con TODO PROVINCIAL informó que el abogado de la FESIMUBO, Gustavo Sans ya intervino y que irán a fondo contra las irregularidades que rodean al caso.
Al respecto Ferro, señaló que todo comenzó con un allanamiento, perpetrado en la vivienda, en forma espontánea y sin orden judicial impulsado por la Subsecretaria de Seguridad, Mónica Ghirelli, con la venia de su superiora inmediata, la ex Ministra de Justicia Cecilia Rodríguez. Rodriguez, aunque oportunamente fuera definida por la ex presidenta Cristina Kirchner como “una experta como pocos”, aún no se ha manifestado públicamente sobre el polémico caso.
En tanto cabe mencionar que al momento del allanamiento Sara Pereyra, quien se desempeña en el área “Protección Ciudadana”, se encontraba cumpliendo funciones en el domicilio del intendente. Al enterarse, explicó Ferro, “llamó a la base y salió para su casa a ver a su familia y encontró el candado roto, y con que Ghirelli se había ido”.
Dadas las irregularidades del caso, la damnificada radicó la denuncia ante la Justicia. En respuesta desde el municipio la suspendió cinco días por alejarse de su puesto de trabajo. Como se verá en la documentación adjunta, la “suspensión” fue firmada por la Directora de Personal María Eugenia Fiorentino, quien alega además que la agente municipal se retiró “haciendo uso indebido de un móvil”, “que tampoco es cierto” afirmaron desde el STMA, ya caminó las cinco cuadras que la separan de su domicilio.
Un sueldo por debajo de la línea de pobreza y el descuento de tres mil pesos
Sumado a esto, la mujer que no quiere entregar la casa cedida a su padre por “Ferrocarriles Argentinos” en el año 1968 y que cuenta con la documentación que acredita la titularidad, vio reflejado en el recibo de haberes correspondiente al mes de noviembre, el descuento de 3.027,09 pesos de un total de magro total de 11.921,52, que apenas cubre la mitad del valor de la canasta básica, remarcan desde el STMA.
Desde el gremio además sostienen que el procedimiento llevado a cabo por la directora de personal va contra la Ley de los Municipales 14656, al tiempo que remarcan que la mujer se retiró del lugar, previo aviso a la base, «porque otra funcionaria sin orden judicial estaba introduciéndose en su vivienda».
En el medio de esto, Ferro informó que hubo otras irregularidades en torno al caso. Uno de ellos tiene que ver con un acta de infracción, labrada en el mes de agosto y que lleva las firmas de dos funcionarios municipales: Fernando Cicino y Juan Carlos Castañares, Director y Sub Director de Catastro y Obras Particulares del Municipio de Avellaneda respectivamente.
Según consta en el acta firmada por los funcionarios, se acusa a Pereyra de la falta de “Construir sin permiso”. Por esto, el abogado de la Federación Gustavo Sans, también patrocina a la trabajadora, quien en su descargo aclaró que dicha falta no existe, ya que no hay ampliación de la casa, sino arreglos internos de humedad, paredes y escaleras ya existentes en la antigua vivienda.
En ese orden, Ferro no descartó que se trate de “una nueva embestida del Jefe Comunal contra los afiliados del gremio que conduce Hernán Doval”, con quien mantiene una clara disputa “sobre todo por los reclamos de recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Paritarias”.
Para finalizar, el Secretario de Prensa del STMA informó que la causa del allanamiento se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda, y en el Juzgado de Garantías 10 de Lomas de Zamora. También, que Sanz viene realizando varias presentaciones “para evitar que la causa sea archivada”.