Las Toninas: una pueblada busca echar a una empresa inmobiliaria que amenaza con desalojar a media ciudad
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Cómo había anticipadoTodo Provincial semanas atrás, la comunidad de Las Toninas vive una situación angustiante a partir de una presunta estafa cometida por una empresa que vendió miles de lotes en forma irregular y ahora impulsa juicios de desalojo contra más de 3 mil vecinos, la mitad de la población estable de la localidad balnearia del partido de La Costa. El conflicto ahora llegó a medios nacionales.
Este domingo, cientos de vecinos realizaron una protesta frente al lugar utilizado como oficina por el vendedor de “Toninas Propiedades”, Leonardo Vega, apuntado por los damnificados como la cara visible de la estafa. En el lugar hubo algunos incidentes y Vega tuvo que ser custodiado por efectivos policiales.
El conflicto tiene sus raíces en el propio nacimiento mismo de Las Toninas. Las tierras pertenecían a la familia Leloir, familiares del Premio Nobel argentino Federico Leloir. En 1960, Luis María Álvarez Drago y el escribano Eduardo Ricardo Saubidet iniciaron el loteo y urbanización a través de una sociedad que ofrecía cómodos planes de pago.
En los ’80 se concretaron la mayoría de las ventas. Sin embargo, la firma se disolvió décadas después cuando los propietarios todavía estaban pagando y casi nadie pudo escriturar.
En 2018, esa sociedad fue reflotada en forma sospechosa por la secretaria del escribano, ya fallecido, Esther Maldonado junto a su marido Ramiro Sosa. Los nuevos representantes reiniciaron la venta bajo el nombre fantasía de “Toninas Propiedades”, pero no sólo se enfocaron a los terrenos que todavía quedaban vacantes sino también a apuntaron a aquellos que habían sido vendidos en la primera camada, intimando a sus propietarios con un eventual desalojo por la ausencia de escritura.
Los nuevos compradores, en su gran mayoría familias trabajadoras de la localidad y también algunos vecinos de Capital Federal que soñaban con tener una casa propia costa, enfrentaron los mismos problemas y nuevamente casi ninguno pudo escriturar.
“Después de cobrarte varias cuotas te dicen que tenés que ir a regularizar la deuda fiscal de 20 años que tienen los terrenos. En ese momento te desayunas que tenés que pagar unas 200 lucas en el municipio a nombre de la Sociedad Las Toninas. La mayoría se dio cuenta que todo era muy raro y no pagó. Entonces estos estafadores te cortan el contrato y empiezan a amenazarte con el desalojo”, explicó a este portal uno de los damnificados en la nota publicada anteriormente.
Luego de la protesta, Vega difundió un video en el que confirma “más de 1.400 desalojos” con el “fin de regularizar la situación dominial de cada vecino”, aunque en modo confuso aclaró que “en sentido estricto no vamos a desalojar a nadie”.
Alejandro Heller, uno de los referentes de los damnificados, expresó: “La realidad de la situación es que frente al dudoso resurgimiento de esta sociedad que dice ser continuadora de la empresa que ha loteado toda la localidad de Las Toninas, desde su existencia ha realizado una cantidad innumerable de maniobras y artimañas, vendiendo a gente trabajadora terrenos que dicen ser sus dueños, mediante contratos accesibles para cualquier trabajador promedio”.
“Vale aclarar que la ilegitimidad no sólo está en no cumplir con sus obligaciones contraídas, sino que han vendido lotes más de dos veces, vendido lotes con dueños con escritura y anteriores, extorsionado y secuestrado documentación bajo engaño o maniobras semejantes. Extorsionado a gente grande, amenazado a vecinos y sobre todo han causado un daño invaluable a las familias que han confiado en su ilusión”, apuntó.
Y denunció: “Esta gente venía elaborando una estrategia judicial para impulsar 1200 juicios de desalojo en contra ya de aquellos vecinos que habrían adquirido lotes desde la existencia misma de esta sociedad (1955). Fueron por todo. Fueron por las familias, por sus hogares, por sus hijos. Fueron en contra de los que menos tienen. ¿Y ahora pretenden disuadir que la finalidad en realidad es regularizar la situación dominial?”.
Ahora los vecinos buscan correr del medio a esta empresa sospechada de estafa y que sus representantes se vayan del pueblo para iniciar un diálogo directo con el municipio de La Costa con el objetivo encontrar una solución masiva y definitiva a este gran entuerto.
El municipio de Tandil anunció que sancionará a los choferes que trabajen con Uber que recientemente desembarcó en la ciudad. El gobierno local pretende que la App se adapte a la normativa local vigente.
Ante el avance de las aplicaciones de servicios de viajes de pasajeros en la ciudad, el Municipio de Tandil recordó que «se encuentran vigentes la ordenanza 8113 y sus modificatorias y la 17032, que regulan el transporte privado de personas a través de redes y/o plataformas electrónicas y/o servicio de remises y establecen requisitos específicos para su operación».
El Departamento Ejecutivo a cargo del histórico intendente Miguel Lunghi informó a la vez que hasta el momento, «las empresas que recientemente comenzaron a ofrecer este servicio en Tandil no cumplen con la normativa vigente».
En ese marco, informó que ha iniciado contactos con referentes de la empresa UBER, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la ordenanza y regularizar la situación.
“En caso de persistir el incumplimiento de la norma, se podrán aplicar sanciones a los vehículos que operen al margen de la legislación”, advirtieron.
Asimismo, se informó a la comunidad que los vehículos que actualmente operan a través de la plataforma UBER no están homologados por el Municipio, lo que «impide constatar su estado y el cumplimiento de los requisitos necesarios para circular con seguridad».
“El Municipio de Tandil sostiene que el Estado debe velar por la seguridad de las personas transportadasy la equidad en la competencia entre las distintas empresas prestadoras de estos servicios”, expresaron desde la Jefatura de Gabinete.
Desde esa área se recordó que la ordenanza original que regula el servicio, fue modificada en 2020 con el fin de anticiparse a la irrupción de nuevas modalidades de comercio electrónico en el rubro del transporte, asegurando condiciones de equidad entre los prestadores.
“Los nuevos tiempos seguramente exigirán un análisis profundo de la legislación para garantizar que esta equidad se mantenga, adaptando las normativas a las innovaciones tecnológicas sin desatender la seguridad y la regulación del servicio”, concluyeron.
Matías Paredes de 26 años regresaba con dos amigos de ver la presentación del equipo de fútbol de Alvarado de Mar del Plata para esta temporada. Cinco policías decivil en dos vehículos sin patente los interceptaron y, luego de una persecución, desataron una gran balacera que terminó con la muerte del joven que no tenía antecedentes penales.
«Si mi hijo hubiera sido un chorro, yo lo hubiese entregado para que no lastimase a más personas. Pero él no hizo nada, quiero justicia y que alguien pague», aseguró la madre del joven.
Matías Paredes era albañil en diferentes obras y tenía una hija de 3 años. No tenía antecedentes y tampoco los otros dos jóvenes que lo acompañaban en el Fiat Palio color rojo.
Luego de ver la presentación de Alvarado, los tres jóvenes fueron interceptados a la 1.30 de la madrugada por tres policías de civil en una Ford Ecosport sin patente.
Las primeras hipótesis deducen que, asustados, los jóvenes escaparon y se inició una pequeña persecución que siguió cuatro cuadras más adelante, en Fortunato de la Plaza y Polonia, donde fueron bloqueados por otros dos policías de civil en un Bora que bajaron y quisieron abrir la puerta del Palio.
Los chicos escpaaron nuevamente y los efectivos desataron una balacera que produjo la muerte de Matías de cuatro disparos. El auto quedó detenido en Goñi bis y la 37, donde recién aparece el primer patrullero debidamente identificado.
Los policías involucrados son Héctor Murray, policía de Estación Camet, Yancamil Masia, de comisaría 14, y Emilio Flores, de la 15, Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, ambos de la comisaría 16.
El fiscal de la causa Alejandro Pelegrinelli, a cargo de la investigación, señaló que la principal hipótesis es que se trató de un caso de gatillo fácil.
«Un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo, es interceptado por dos vehículos no identificables, no venían en persecución, el auto intenta evadir, se bajan dos hombres del coche, que serían personal policial, disparando«, comentó luego de ver en las imágenes del COM.
«Estuvimos en el lugar, se produjo el trabajo de Policía Científica en el lugar de la detención, en Polonia y la 39, y se levantaron vainas de 9 milímetros en cantidad considerable», detalló el fiscal.
En las próximas horas se realizará la autopsia y el cotejo de las armas reglamentarias que fueron secuestradas para determinar el o los autores de los disparos.
«Entendemos que debe haber existido algún intento del personal policial, sin indumentaria, de identificar el auto. Interpreto que los jóvenes pueden haber creído que los iban a robar», dijo Pelegrinelli ante los medios.
«Los otros dos jóvenes que iban en el auto baleado ya prestaron declaración, están en calidad de testigos, así se les recibió declaración, uno de ellos está herido con posta de goma, en algún momento de la situación hubo disparos de postas de goma, en el Palio no se encontró nada«, explicó.
La causa, por ahora, está caratulada como «homicidio agravado».
En un comunicado que firmaron nueve jefes comunales de distritos de la quinta sección electoral le solicitan al gobierno nacional que restituya el fondo de seguridad que le pertenece a la provincia de Buenos Aires por ley.
«Usted le recortó el Estado Provincial 749 mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal creador por Ley del parlamento», expresan los intendentes en el comunicado.
Para tener magintud de lo que representa dicha cifra, exponen los intendentes interesados en la recomposición de dicho fondo con ese monto se podría «haber adquirido 10 mil patrulleros o 30 mil cámara de seguridad para cada uno de los 135 municipios».
«Nosotros los intendentes hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance para cuidar a nuestros vecinos. pero nada alcanza sin el apoyo del gobierno nacional», sentencia el comunicado.
Los Intendentes de @unionxlapatria de la Quinta Sección Electoral exigimos al Presidente que restituya en forma urgente el dinero correspondiente al Fondo de Seguridad que por Ley le pertenece a la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/ImrOdixUHd
Por último, los 9 intendentes firmantes cierran el comunicado «esta en sus manos señor presidente, cumpla con lo que le corresponde y devuelva a la provincia los fondos para la seguridad».
Firman el comunicado los intendentes de: Las Flores, Alberto Gelené; Miramar, Sebastián Ianantuoni, Villa Gesell, Gustavo Barrera, Castelli, Francisco Echarren, Dolores, Juan Pablo García; General Paz, Juan Manuel Alvarez; Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; Chascomús, Javier Gastón y Tordillo, Héctor Olivera.