Impulsan declarar la Emergencia en la Industria Química

Diputados del FpV, miembros del Sindicato Químico y el Defensor de Pueblo expusieron hoy en el anexo de Diputados sobre el cierre de las empresas Carboclor SA, Atanor de Baradero y Quipro S.A. En tanto, con duras críticas se refirieron al rol del Estado en este contexto de crisis. 

Se llevó a cabo esta tarde en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia una conferencia de prensa en la que legisladores, especialistas y delegados sindicales explicaron sobre la situación de despidos en empresas ligadas a la industria química que en los últimos meses han cerrado sus puertas. Asímismo criticaron severamente la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo en medio de esta problemática.

En este contexto los diputados Marcelo Torres, María Alejandra Martínez y Valeria Amendolara, explicaron los motivos por los cuales se impulsa declarar la emergencia en el sector. “Es la segunda vez que nos reunimos por Atanor y ahora cerraron Carboclor en Campana”, alertó Torres y dijo que este marco el Ministerio de Trabajo se convirtió en “una escribanía de los grandes sectores económicos, que sirve simplemente para notificar a los trabajadores que otra fuente de empleo se pierde”.

Asimismo, el diputado destacó la importancia de los núcleos productivos que tiene la Provincia y “que aportan más del 40% del PBI de la Argentina”. “Es la provincia con más puertos, y con más producción química y petroquímica del país, y lo que pretendemos con este proyecto de ley es visibilizar el conflicto, porque el Ejecutivo tiene que respaldar la actividad económica”, manifestó.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por su parte Norberto Lubo, delegado general de Carboclor SA y secretario general del Sindicato Químico de Zarate explicó que el lunes fueron notificados que la empresa decidió dejar de invertir en producción para dedicarse a la logística con lo cual 80 operarios del convenio y 40 trabajadores más se quedaron sin empleo.  

“Hay algo curioso, en el mes de enero la compañía venia mal, y los trabajadores decidieron aportan el 35% de su sueldo hasta el día de hoy, mes a mes para que la compañía salga adelante. Así y todo, nos mintieron en la cara y hoy nos enteramos que quieren dejar a estos compañeros en la calle”, destacó.

A su turno Carlos Felipon el delegado de Atanor Baradero, la empresa que cerró sus puertas de la noche a la mañana el 21 de febrero notificando a los trabajadores del cese de actividades mediante un cartel pegado en la puerta, destacó que en este tiempo “en el Ministerio de Trabajo de la provincia estuvo más del lado de la empresa que del de los trabajadores”: “la empresa no acató la conciliación obligatoria, y el Ministerio no lo controló y elevó el expediente a Nación para que la extienda”, dijo y agregó: “En Nación el expediente nunca apareció y nos dijeron que del tema de Atanor no había nada más que hablar”. Asimismo, informó que la planta permanece cerrada y los 130 trabajadores “no cobraron la indemnización en su totalidad”.

Por la misma situación pasaron los trabajadores de Quipro S.A, que según informó el delegado Santiago Lucero, cerró hace unos ocho meses también en manera subrepticia: “La empresa venía trabajando con normalidad, y de un día para el otro nos encontramos con las puertas cerradas, sin nadie en el lugar que nos comunicara qué es lo que había pasado”. “Intervino el sindicato y en el Ministerio de Trabajo de la Provincia se comprometieron a darnos una solución, por lo menos cobrar la indemnización si la empresa cerraba. No nos pareció justo porque la empresa estaba trabajando bien, pero hasta ahora no obtuvimos ninguna respuesta”, señaló.

En esa línea se expresó el tesorero del sindicato, Néstor Carrizo, quien destacó que “La función del Ministerio de Trabajo es “resguardar y preservar los derechos del trabajador”, pero no se está cumpliendo: “No verifican que las empresas no cumplen con los convenios ni con la conciliación obligatoria”, expresó.

Asimismo, destacó: “las empresas como Carboclor piden un procedimiento preventivo de crisis, que es para prevenir, pero paralelamente presentan en la Comisión Nacional de Valores un comunicado diciendo que cesan la actividad productiva y que se van a dedicar a logística, esto significa exportación e importación y que la producción no les interesa”. “Ahí está el error de Estado que es el que tiene que intervenir para defender a los trabajadores y preservar las fuentes de trabajo”, remarcó.

En este contexto el doctor Mario Mitre, se refirió a las cuestiones técnicas de la problemática, y señaló una serie de fallas técnicas por parte de la cartera laboral de real importancia. Una de ellas tiene que ver con el acatamiento de la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a retrotraerse al punto inicial del conflicto.

En el caso de Carboclor, como explicó: “los trabajadores debían abandonar las medidas de acción directa y el empleador debía dar trabajo”. “Hoy los trabajadores están en la planta, pero sin producir”, remarcó. Ligado a esto señaló que a principios de año “se efectuó una disminución salarial del 35% bajo la amenaza del cierre de la planta”. “Jamás Carboclor hasta este momento probó alguna situación de necesidad o de urgencia que justifiquen la disminución salarial”, dijo. También, que “la empresa pidió un “Procedimiento preventivo de crisis”, una crisis que primeramente se tiene que demostrar que tampoco se hizo y se contrapone a la presentación en la Comisión de Valores de un cambio de actividad”.

En el caso de Quipro SA, el letrado señaló que tampoco se cumplió, ni fue controlada por el Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria. Allí, la empresa tampoco demostró la crisis que justifique los despidos y vencida la conciliación obligatoria “tampoco se la intimó a que reiniciara el proceso productivo”.

En el caso de Atonor,  la situación se reitera, con el agravante de que en cuanto las indemnizaciones “el pago de las mismas no coinciden con los sueldos que cobraban los trabajadores”. “Tomaron valores de 2014 y no los del año 2016 que es el año anterior cuando firmaron la última paritaria”, denunció Mitre.

Por su parte el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, manifestó la voluntad de acompañar la iniciativa de los legisladores. “Somos muy críticos de lo que está sucediendo con el sector químico”, dijo y señaló que la responsabilidad en los ámbitos institucionales “es dar pelea a un esquema económico que en definitiva parece que viene a profundizar los cosas que estaban mal”.

En tanto acusó al gobierno del “derrumbe del empleo formal” y  destacó: “Me parece bien frenar desde algún lugar la iniciativas que atentan contra el bolsillo de la gente, pero lo que tenemos que hacer es construir es una matriz que nos permita volver a tener expectativa de futuro”.

Escribir un comentario

Ver todos los comentarios