Un adolescente de 16 años fue asesinado esta madrugada de una puñalada durante una pelea a la salida de una fiesta clandestina convocada a través de las redes sociales en una vivienda de La Plata. El dueño del lugar quedó detenido por el homicidio.

El episodio tuvo lugar este domingo en horas de la madrugada, cuando finalizaba el evento en la zona de calle 137 y 36, en el barrio de San Carlos.

En ese lugar, se produjo un enfrentamiento entre unas 12 personas, entre adolescentes, jóvenes y adultos, que los investigadores indicaron que se encontraban «totalmente fuera de sí».

En un momento, uno de ellos apuñaló al otro a la altura del tórax, indicaron a Télam las fuentes consultadas.

La víctima fue identificada como Lautaro Ithurrat (16), quien según expresó su hermano a los policías de la Comisaría Unión, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde falleció debido a las lesiones sufridas a la altura del tórax.

Al respecto de la pelea, las fuentes confirmaron que los efectivos policiales lograron dar con el autor del ataque, identificado como Rodolfo Grossi, de 40 años, quien resultó ser el propietario del lugar donde se llevó a lugar la fiesta privada.

Asimismo, informaron que también se logró el secuestro de un cuchillo tipo carnicero de unos 20 centímetros aproximadamente en el interior del salón donde se llevó a cabo la reunión, que fue convocada a través de las redes sociales.

«Se establece que la pelea se debió a problemas de vieja data por disputas de barrios», informaron fuentes policiales.

De igual modo, los efectivos policiales aprehendieron a otras 12 personas, entre 18 y 34 años, que luego de ingresar sus datos a las bases fueron puestos en libertad.

Asimismo, fueron identificados otras 14 personas, entre ellos varios menores de edad.

El caso se investiga como “Homicidio en riña”, con intervención de la Fiscalía 2 de La Plata, ante el Juzgado de Garantías 1 en turno.

La autopsia se realizará hoy y los resultados serán girados a la UFI interviniente, mientras tanto oficiales de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata relevaron la zona en búsqueda de imágenes captadas en cámaras de seguridad tanto públicas como privadas para poder determinar cómo ocurrieron los hechos.

Un joven de 22 años y dos hermanitos de 12 y 13 años murieron ahogados tras arrojarse a nadar en una cantera abandonada en el barrio de Villa Elvira, en la zona sur de La Plata.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la zona de 122 y 614, cuando las víctimas, luego de sumergirse, desaparecieron.

De acuerdo a los voceros, un testigo quien acompañaba a los jóvenes alertó al personal policial, y minutos más tarde se desplegó un operativo de búsqueda en el espejo de agua, un predio de grandes dimensiones donde está prohibido bañarse.

Tras un arduo trabajo y en medio de la oscuridad, cerca de las 21 el personal de rescate halló los cuerpos de las víctimas, identificadas como Tobías Juan Portillo (12), Isaías Jair Jonás Portillo (13) y Jonathan Emanuel Rodríguez (22).

Los dos más pequeños eran hermanos y habían ido por la tarde, acompañados por un joven de 22, que vivía en el mismo barrio. 

En el hecho caratulado «averiguación causales de muerte» tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, que ordenó la correspondiente autopsia.

La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata suspendió el decreto municipal del intendente Julio Garro que ordenaba el traslado de la Zona Roja al Paseo del Bosque platense, medida que cuestionaban las organizaciones trans y travestis por considerar que era inconstitucional y promovía la persecución y criminalización del colectivo.

La suspensión fue dispuesta por la jueza María Ventura Martínez, al hacer lugar al planteo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la asociación civil Otrans Argentina,Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, Frente de Organizaciones TLBI La Plata, Berisso y Ensenada, Marea Rosa, Zona Queer La Plata, Venganza Afectiva Articulación L.G.T.T.T.B.I.Q.P.N. y Somos Diverxs. La medida también era rechazada por el vecino municipio de Ensenada.

«Resuelvo suspender el decreto 2468/23, ordenando a la Municipalidad de La Plata que se abstenga de innovar sobre la determinación de la zona para la oferta del servicios sexuales en la vía pública, hasta tanto se resuelva en definitiva», dispuso la jueza Martínez.

Al pedir la medida cautelar, la CPM y las organizaciones solicitaron al juzgado «evaluar la inconstitucionalidad de la ordenanza que pasa por alto normativas internacionales, nacionales y provinciales; además de promover la persecución y criminalización del colectivo travesti-trans, de las trabajadores sexuales y personas en situación de prostitución que viven y trabajan en el barrio El Mondongo y en el resto de la ciudad».

«Entendemos que el Estado primeramente debe garantizar el acceso a los derechos más básicos para este grupo históricamente vulnerado por la falta de oportunidades y de políticas públicas que permitan el acceso a la salud, la educación, el trabajo formal y a la vivienda», precisó un comunicado de la agrupaciones

Según el decreto municipal ahora suspendido, la Zona Roja estará comprendida «en las avenidas 122 y 52 dentro de la reserva parque Paseo del Bosque René G. Favaloro».

La magistrada evaluó que el lugar al que debería trasladarse la Zona Roja no fue acondicionado.

«Luce a primera vista irrazonable establecer una fecha (21-VII-2023) a partir de la cual se considerará el espacio determinado en el decreto (paseo del bosque, ingresando por 122 y 52) como el único autorizado en los términos del citado 215 (art. 1), antes de asegurar la existencia de condiciones de seguridad, infraestructura, luminaria, etc. tal y como se instruye en el artículo 2″, expresó.

Agregó que «dicho de otro modo: más que una instrucción, ese acondicionamiento debería aparecer como una condición para el traspaso de la denominada zona roja; lejos de ello y sin ninguna medida dirigida a verificar tales condiciones, a partir del 21 de julio deberían trasladarse a ese espacio».

«Si bien el municipio afirma en su informe que tal reacondicionamiento se hizo (luminaria, mobiliario urbano, cestos de basura, bancos cartelería), no informa ni cuándo se hizo, ni aporta una prueba mínima sobre ello de tipo alguno«, valoró la jueza, quien también señaló que el municipio no pudo acreditar haber realizado audiencias con las organizaciones de travestis trans.

Por todo esto, la jueza entendió que «se somete a las personas representadas por las demandantes a una disyuntiva: o seguir ejerciendo en la zona roja del Mondongo como hasta ahora, bajo riesgo de detenciones y sanciones por violar el código de convivencia ciudadana o hacerlo en la nueva zona establecida en el decreto, sin que estén dadas las condiciones del espacio público para ello».