La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió esta semana a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial. Sin embargo, tras un paro total de actividades, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que ordena la reincorporación provisoria de los despedidos mientras avanzan las negociaciones.

La decisión de la empresa impactó en una parte significativa de los 200 operarios y 100 empleados administrativos que integran la planta. Los telegramas de despido fueron enviados el lunes 3 de noviembre, invocando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las desvinculaciones con indemnización.

Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un paro total de producción y realizaron asambleas dentro del establecimiento. Al tercer día del conflicto, fueron informados de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que derivó en la conciliación.

Conciliación obligatoria y dudas sobre la reestructuración

El Sindicato del Personal Petroquímico anunció la medida de conciliación, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles de negociación. Sin embargo, surgieron cuestionamientos entre los trabajadores porque el acta no fue presentada por escrito, ya que “el delegado regional estaba en el cónclave de la CGT por la nueva conducción”. Por ahora, la empresa debe demostrar su cumplimiento efectivo.

Desde la compañía, dedicada a la fabricación de envases Cryovac y embalajes protectores, se informó que la reestructuración implicaría una reducción del 40% del personal. Pero los trabajadores sostienen que las jornadas de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen sin cambios desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste.

Un representante gremial expresó que “para los trabajadores, el escenario exige otro paso: durante los 15 días de conciliación, se torna prioridad un plan de lucha estructurado, que contemple el reporte de negociaciones en actas, la participación activa de la asamblea y vigilancia ante los rumores de pasillo”.

En paralelo, fuentes del sector remarcaron que a nivel global la casa matriz de Sealed Air, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.), registró ingresos por 1.350 millones de dólares en el tercer trimestre y mantiene liderazgo en su rubro, aunque proyecta un menor crecimiento para 2026.

El conflicto en Sealed Air Quilmes se suma a una serie de despidos en distintas ramas de la industria manufacturera bonaerense, donde las empresas argumentan “ajustes de estructura” en un contexto de caída del consumo y aumento de costos, mientras los sindicatos denuncian una ola de despidos preventivos.

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los productos de la marca SanCor, entre ellos los yogures, flanes y postres Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. La empresa cuenta con una planta en Córdoba y otra en Arenaza, pequeña localidad del partido de Lincon.

La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, la red logística de ARSA contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.

La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal.

Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió, los compromisos económicos quedaron impagos y la quiebra fue inminente.

Los trabajadores denunciaron haber cobrado salarios irregulares, parciales y atrasados, con pagos en efectivo que apenas alcanzaban un cuarto del sueldo. Además, aseguraron que la empresa no realizó aportes a la obra social durante tres años y medio, y que varios empleados optaron por darse de baja antes del fallo judicial.

El dirigente de Atilra Junín y trabajador de la planta Arenaza, Martín Valente, explicó que semanas antes de la quiebra la empresa intentó aplicar un esquema de suspensiones. “Se presentaron tres personas de ARSA casa central argumentando que la crisis actual se sumó a la situación financiera de la empresa que viene de arrastre de varios años”.

Golpe fatal para Arenaza, un pueblo de 1300 habitantes

Arenaza es una localidad del partido de Lincoln de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera. La planta de ARSA —controlada por el Grupo Maralac— es la principal fuente de empleo y motor económico del pueblo. Todos en la localidad tienen familiares que trabajaron o trabajan en ARSA.

El cese de actividades por 30 días, anunciado antes de la quiebra, ya había generado alarma en la comunidad. En ese momento, la empresa había atribuido su decisión a una serie de dificultades operativas, entre ellas los cortes de energía, la crisis de Vicentín y embargos judiciales en su planta de Córdoba.

Desde Atilra denunciaron que “ARSA ha fraudelentado toda su actividad desde su inicio” y anticiparon que los trabajadores seguirán organizados y en lucha para evitar el vaciamiento definitivo.

A menos de un mes de la visita de campaña del presidente Javier Milei a las instalaciones de Newsan, la principal empresa electrónica de Tierra del Fuego, la compañía despidió a 150 trabajadores, entre efectivos y contratados. La decisión generó un fuerte impacto en Ushuaia.

Según denunciaron los empleados, los telegramas de despido comenzaron a llegar de manera escalonada, incluso a personas con más de 10 y hasta 14 años de antigüedad. En varios casos, las notificaciones se emitieron sin causa y mientras los trabajadores estaban de vacaciones o con licencia médica. “Nos echaron sin aviso previo. Fue para todos por igual”, contaron desde el sector.

El hecho contrasta de manera evidente con la visita presidencial del 25 de septiembre, cuando Milei recorrió la planta junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

Durante esa jornada, el mandatario había destacado el “potencial del régimen de promoción industrial” y prometido “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.

Sin embargo, la realidad actual muestra otro escenario. La fábrica de electrodomésticos y electrónica atraviesa una fuerte retracción de la producción, en línea con la caída del consumo interno y las políticas de ajuste y apertura económica impulsadas por el gobierno nacional. La situación se suma a una pérdida sostenida de puestos laborales en la provincia, que depende en gran medida de su régimen fabril.

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Los trabajadores despedidos también apuntaron contra la conducción de la UOM Tierra del Fuego, a la que acusan de haber “garantizado estabilidad laboral hasta fin de año”, compromiso que —según afirman— “no se cumplió”.

“El gremio no nos defendió. Dijeron que no iba a haber despidos y hoy estamos todos en la calle”, expresaron.

Entre los casos más sensibles se encuentra el de una trabajadora despedida mientras acompañaba a su hijo en tratamiento de quimioterapia en Buenos aires, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad local.

La empresa Newsan, fundada en 1991 y con sede en Ushuaia, es uno de los principales grupos industriales del país. Produce televisores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos para marcas como Philco, Noblex, Sanyo, Atma y Siam, además de exportar productos pesqueros bajo su división Newsan Food. Emplea a más de 7.000 personas en sus plantas fueguinas, aunque en los últimos años viene aplicando ajustes periódicos ante la reducción de los beneficios del régimen industrial y las dificultades del mercado interno.