Diferentes grupos de vecinos en varias ciudades de la provincia se han organizado para exigir la instalación de cámaras de fotomultas en los accesos principales a las comunas, donde afirman que los vehículos suelen ingresar a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad.
La iniciativa busca reducir los accidentes viales que, según los vecinos, han ido en aumento debido a la falta de controles efectivos en los puntos de ingreso a la ciudad.
“Es una situación preocupante. Todos los días pasan autos y camiones a gran velocidad, sin respetar las señales. Necesitamos medidas que puedan hacer cumplir la ley y proteger a nuestros hijos y familias”, expresaron desde un grupo de vecinos de la zona. La petición ya cuenta con el respaldo de decenas de firmas y está siendo presentada a las autoridades locales en busca de respuestas concretas.
Las autoridades municipales han señalado que la instalación de cámaras de fotomultas requiere la autorización y colaboración de la Provincia, además de un presupuesto significativo para la adquisición de equipos y el monitoreo correspondiente. Desde el municipio, han afirmado que están evaluando alternativas.
El modelo de las fotomultas en los Municipios que instaló polémica
En caso de que la propuesta avance, deberá pasar por el Concejo Deliberante antes de pasar a la colocación. Allí podría darse una controversia debido a denuncias recientes que han puesto en el foco las licitaciones para instalar las cámaras en los Municipios bonaerenses. Según una nota publicada por el portal Mundo Gremial, se trataría de un negocio millonario en el que municipios y universidades nacionales colaboran para evitar licitaciones públicas. Mediante acuerdos con fundaciones universitarias, que actúan como intermediarias, las comunas instalan cámaras sin pasar por los controles habituales, lo que ha beneficiado a empresas como Secutrans SA, dirigida por el empresario Leandro Camani.
Figuras como Matías Trejo, quien pasó de regulador a operador en este esquema, y su socio Mariano Campos habrían trabajado para posicionar a Secutrans en varios municipios. Esta red de intermediación permitiría que gran parte de la recaudación termine en manos de empresas y fundaciones, dejando a los municipios con solo el 15-30% de las multas.
Este conflicto ha puesto en debate el rol de las universidades y la transparencia en el negocio de las fotomultas, llevando a cuestionamientos sobre el modelo de recaudación y distribución de los ingresos, según revela el portal Mundo Gremial.
