La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) inició un plan de lucha con cortes sorpresa en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas. Reclaman aumentos salariales en las comunas con sueldos más bajos y la urgente convocatoria al Consejo del Empleo Municipal por parte del gobierno provincial.

La medida fue llevada adelante por sindicatos que integran las regionales Centro y Conurbano Oeste de la federación conducida por Hernán Doval.

Según anticipó, el titular de FESIMUBO, el plan de lucha será “integral, permanente y prolongado”, con distintas acciones y medidas de fuerza en municipios de toda la provincia.

Entre los principales reclamos aparecen la recomposición salarial, ante la situación de trabajadores municipales cuyos ingresos se encuentran en niveles extremadamente bajos, y el rechazo a la precarización laboral mediante monotributos y becas.

A esto se suma la exigencia al gobierno provincial de la urgente convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, un órgano no vinculante previsto por la Ley 14.656 pensado para discutir un piso salarial y de condiciones laborales en toda la provincia.

El gobierno bonaerense se había comprometido a avanzar con la conformación del Consejo pero ahora FeSiMuBo cuestiona los “criterios de representatividad” que pretende aplicar el Ministerio para integrar el Consejo.

Desde la Federación advierten que sobre los 135 municipios bonaerense se firmaron alrededor de 80 convenios colectivos lo que muestra que hay una gran masa de municipio de todos los colores políticos que no quieren acatara la Ley 14.656 de paritarias municipales sancionada en 2015.

El artículo 49 de esta ley establece la conformación del Consejo del Empleo Municipal, un “órgano consultivo y asesor de carácter no vinculante, que podrá reunirse dos veces al año” conformado por once representantes de los intendentes y once de los trabajadores.

La crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola del país, sumó un nuevo capítulo. La compañía suspendió hasta nuevo aviso la actividad de su planta de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, y ordenó a todos los trabajadores no concurrir a sus puestos de trabajo a partir del 31 de agosto, salvo que reciban una convocatoria expresa de un encargado o supervisor.

La decisión fue comunicada mediante una notificación interna en la que la empresa atribuyó la paralización a «la falta de suministro eléctrico» y a «otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento».

Sin embargo, entre los trabajadores existe un fuerte temor de que la suspensión sea el paso previo al cierre definitivo de la planta.

La desaparición de la maquinaria encendió las alarmas

La preocupación creció en las últimas horas luego de que trascendiera que las empresas contratistas retiraron toda la maquinaria concesionada que operaba dentro del establecimiento.

Según distintas fuentes, fueron removidas zorras, equipos para el armado de cajas y otros elementos utilizados en el proceso productivo.

A ello se suma otro dato que alimenta las sospechas de un cierre: integrantes del directorio también habrían retirado pertenencias de oficinas y depósitos, dejando prácticamente vacía la planta.

Los empleados aseguran que recibieron la noticia de manera sorpresiva y advierten que, además de perder su fuente laboral, temen que la empresa no pueda afrontar el pago de las indemnizaciones si finalmente decide bajar definitivamente las persianas.

Una crisis que se profundiza desde hace casi dos años

La paralización de Capitán Sarmiento no es un hecho aislado sino parte de un prolongado proceso de ajuste que atraviesa Granja Tres Arroyos.

A fines de 2024 la empresa inició un Procedimiento Preventivo de Crisis, que derivó en una fuerte reestructuración interna.

Desde entonces cerró la planta de Tristán Suárez, donde unas 200 personas perdieron su empleo; anunció el cierre de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay; trasladó trabajadores a otros establecimientos y paralizó distintas unidades productivas.

Durante este año también permanecieron sin actividad la planta Avex, en Río Cuarto; la planta Pinazo, en Pilar; mientras que los establecimientos Wade I y Wade II redujeron o interrumpieron parcialmente su producción por distintos conflictos.

En tanto, la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde mayo y en agosto la empresa despidió a 250 trabajadores argumentando una fuerte caída de la actividad.

Una deuda millonaria y un futuro incierto

El complejo panorama operativo está directamente relacionado con la situación financiera de la compañía.

Granja Tres Arroyos negocia actualmente la reestructuración de una deuda superior a los 350 millones de dólares, con una propuesta que contempla importantes quitas para los acreedores, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

En paralelo, la empresa ya desprendió parte de su patrimonio para obtener liquidez, como ocurrió con la venta de la planta Avex.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores de Capitán Sarmiento, que observan cómo la planta quedó sin actividad, sin maquinaria y sin una fecha prevista para reanudar la producción.

Una pelea entre estudiantes durante una asamblea del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) derivó en un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y las autoridades de la casa de estudios.

El episodio ocurrió durante una asamblea estudiantil en la que participaron militantes de distintas agrupaciones. Según coincidieron los distintos sectores, la presencia de integrantes de Propuesta por la Libertad (LLA y PRO) que no pertenecían a esa facultad generó un clima de tensión que terminó en insultos, empujones y forcejeos. Las imágenes fueron registradas por asistentes y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Además, también circuló un video de una estudiante y docente militante de una agrupación de izquierda que cuestiona duramente a alumnos por sus posiciones políticas, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.

El Gobierno le exigió a la rectora que «ponga fin a la violencia»

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota a la rectora Mónica Biasone en la que, por instrucción de la ministra Sandra Pettovello, reclamó que adopte medidas para frenar estos episodios.

«Le exigimos a la rectora que asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia. Si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad. Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos», expresó el funcionario.

En la carta, Álvarez sostuvo que las manifestaciones registradas durante la asamblea podrían constituir actos discriminatorios por razones ideológicas y consideró que vulneran la convivencia democrática que debe garantizar la universidad.

Asimismo, solicitó que la UNMDP informe las actuaciones administrativas, eventuales sanciones y medidas disciplinarias adoptadas tras los incidentes.

La respuesta de la rectora

La rectora Mónica Biasone respondió públicamente al planteo y recordó que desde que asumió el cargo, en diciembre de 2025, viene solicitando una audiencia con la ministra Sandra Pettovello sin haber obtenido respuesta.

«Agradezco su interés por la Universidad como así también el de la ministra Sandra Pettovello. Desde el 1° de diciembre de 2025 vengo solicitando una audiencia para poder abordar personalmente las cuestiones centrales que atraviesa nuestra Universidad y, hasta el momento, no me ha sido concedida», afirmó.

Biasone sostuvo además que la universidad cuenta con mecanismos institucionales propios para abordar este tipo de situaciones y reivindicó la autonomía universitaria.

Tras esa respuesta, Álvarez volvió a cuestionarla en redes sociales: «Va a ser citada cuando tenga una solución a la violencia. ¿La tiene?», escribió.

La versión de la agrupación de izquierda

La estudiante y docente Laura Gómez, militante de la Juventud Anticapitalista del Ya Basta, rechazó las acusaciones del Gobierno y aseguró que los hechos fueron consecuencia de una provocación.

Según explicó, «un grupo de 40 personas libertarias, en su mayoría ajenas a la facultad, ingresó a amedrentar a las y los estudiantes».

Gómez indicó que la asamblea resolvió solicitar la acreditación de pertenencia a la Facultad mediante la plataforma SIU Guaraní y sostuvo que, al no poder hacerlo, «reaccionaron con empujones y se retiraron violentamente del edificio».

Además, cuestionó el pedido del Gobierno para que la Universidad adopte sanciones disciplinarias y consideró que constituye «un intento de amparar la violencia contra el movimiento estudiantil y vulnerar la autonomía universitaria».