En el marco del ejercicio internacional Southern Seas 2026, las costas de Necochea y Quequén serán escenario de una destacada operación naval conjunta entre Estados Unidos y Argentina. El próximo 29 de abril, unidades de la Armada Argentina se integrarán a la flota encabezada por el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz (CVN-68).

El operativo forma parte de una travesía iniciada a comienzos de marzo desde el puerto de Bremerton, en Estados Unidos, y que recorre el Pacífico y el Atlántico con escalas en distintos países de América Latina.

Frente a las costas bonaerenses, se sumarán al ejercicio los buques argentinos ARA Sarandí, ARA Robinson, ARA Rosales, ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero, que operarán junto al portaaviones y al destructor estadounidense USS Gridley.

Según trascendió, durante la actividad se desarrollarán maniobras de Visita, Registro y Captura.

Además, personal de la Armada Argentina forma parte del Estado Mayor internacional a bordo del portaaviones. Entre ellos se encuentran los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortíz.

El ejercicio Southern Seas 2026, en su undécima edición, incluye la participación de al menos diez países y contempla entrenamiento multinacional, intercambio profesional y cooperación en materia de defensa.

Tras las maniobras frente a Necochea, el cronograma prevé una navegación en formación frente a Mar del Plata y una demostración aérea final con aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.

Este despliegue refuerza la presencia de Estados Unidos en Sudamérica en un contexto de creciente interés estratégico en el Atlántico Sur.

El presidente Javier Milei volvió a reirse y tratar como «basuras inmundas» a los periodistas que no pueden ingresar como cronistas a la Casa Rosada, en el marco de un conflicto por las acreditaciones en la sede gubernamental. Ni en la dictadura se atrevieron a tanto.

A través de sus redes sociales, el mandatario utilizó un tono altamente confrontativo y acusó a los periodistas de haber cometido un delito. “Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, escribió.

Las declaraciones hacen referencia a un episodio en el que un cronista acreditado habría filmado con una cámara oculta en los pasillos internos de la Casa de Gobierno, lo que derivó en la decisión oficial de restringir el acceso y cerrar la sala de periodistas durante la jornada.

El episodio se inscribe en una relación ya tensa entre el Gobierno nacional y parte de la prensa, marcada por cuestionamientos recurrentes del Presidente hacia medios y trabajadores de prensa, así como por debates en torno a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto de la resolución, de manera informal circuló la versión de que se debió al «espionaje ilegal». En concreto, se trata de la denuncia que Casa Militar realizó en el día ayer a través de su titular, Sebastián Ibáñez, a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y los directivos y autoridades de la señal TN por presunto «espionaje ilegal».

Hoy, los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno se encontraron con el acceso bloqueado, lo que generó malestar entre la prensa y los medios.

El Jefe de la Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal Todo Noticias (TN). La acusación surge a raíz de un informe emitido el pasado domingo 19 de abril en el programa “¿Y mañana qué?”, donde se habrían utilizado métodos de grabación clandestinos dentro de la sede de gobierno.

Un fallo de la Justicia Federal puso un freno a la eliminación del programa “Volver al Trabajo” y ordenó al Ministerio de Capital Humano restituir el pago para 951.871 beneficiarios en todo el país, en una decisión de impacto inmediato en medio de la crisis social.

La medida fue dictada por el juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular.

Orden judicial con aplicación inmediata

El fallo establece que el Estado nacional deberá, en un plazo de tres días, “mantener la vigencia de las prestaciones económicas” que percibían los beneficiarios del programa.

La decisión judicial llega luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara que abril sería el último mes de pago, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

El magistrado consideró que el ingreso cumple una función esencial como “ingreso mínimo de carácter alimentario”, por lo que no puede ser interrumpido hasta que exista una sentencia definitiva.

Un alivio para casi un millón de familias

Al tratarse de un amparo colectivo, la medida tiene alcance nacional y protege a casi un millón de personas que dependen del programa para sostener sus ingresos en un contexto de fuerte deterioro económico.

Desde la UTEP señalaron que el fallo representa “un límite contundente” al recorte y remarcaron que el ingreso forma parte de una estrategia de inclusión sociolaboral vinculada a tareas en comedores, cooperativas y espacios comunitarios.

Alerta por el cumplimiento

A pesar de la resolución judicial, las organizaciones sociales se mantienen en estado de alerta y movilización, ante antecedentes de demoras o incumplimientos en pagos tras fallos adversos al Gobierno.

La medida judicial abre ahora un nuevo escenario en la disputa por las políticas sociales, mientras se espera una resolución de fondo sobre la continuidad del programa.