Por: Guillermo Castello (Diputado de Cambiemos)
Recientemente hemos presentado un proyecto para derogar la ley que establece un día de asueto para los empleados de la Administración Pública Provincial porque entendemos que la tan declamada cultura del trabajo que pregonamos debe promoverse por todos los medios y mediante iniciativas concretas.
Dicho feriado se acumula al universal Día Internacional de los Trabajadores, comprensivo de todos los trabajadores, públicos y privados. Además se suma a los restantes feriados nacionales y generales que por su cantidad nos coloca como uno de los países con más feriados del mundo. Finalmente, a este recuento hay que añadirle los días de asueto otorgados a los empleados del Estado provincial que se conceden al personal del organismo en el que presta servicios.
Así tenemos que diversas leyes y decretos provinciales establecen, entre otros, el Día del Trabajador de la Salud, del Empleado Público Provincial Agrario, del Empleado de la Gobernación, del Empleado del Ministerio de Gobierno, del Empleado del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), del Empleado del Ministerio de Economía, del Empleado de la Agencia de Recaudación (ARBA), del Empleado del Ministerio de Justicia y Seguridad, del Empleado del Instituto Provincial de Lotería y Casino, del Empleado del Consejo Provincial de la Mujer, del Empleado del Ministerio de Trabajo, del Empleado Público de la Producción, del Empleado de Acción Social y Minoridad, del Empleado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del Empleado de Previsión Social, del Trabajador Judicial, del Trabajador de la Legislatura, del Empleado Municipal, del Bibliotecario, del Maestro, etc.
Todas estas fechas, que no agotan la totalidad de los casos, son no laborables para los dependientes de los respectivos organismos. Y los que no tienen una fecha puntual establecida, normalmente caen en viernes o lunes.
A todo ello cabe agregar los feriados locales que corresponden a la fundación del partido o localidad y muchas veces a la fiesta patronal, feriados que en algunos casos se extienden a empleados provinciales como ocurre con el Poder Judicial, que además de contar con un mes y medio de feria al año y el Día del Trabajador Judicial tiene uno o dos asuetos adicionales en cada ciudad.
El feriado que proponemos derogar genera una situación especialmente irritante en materia educativa porque los establecimientos educativos de gestión privada, lógicamente, no se encuentran alcanzados por la norma, lo que significa que por ley le quitamos días de clases a los alumnos de la escuela pública en detrimento de la privada.
Vivimos declamando la cultura del trabajo, pero multiplicamos alegremente feriados, asuetos, descansos y jornadas no laborables de toda clase.
Vivimos rasgándonos las vestiduras por la Educación Pública pero, por ley, le damos a sus alumnos menos días de clases que a los de la educación privada.
Vivimos proclamando la necesidad de una Justicia eficiente y rápida, pero mantenemos las arcaicas y extensas ferias judiciales, a las que les agregamos livianamente feriados de toda clase.
Vivimos pregonando la defensa del castigado contribuyente, pero alegremente le agregamos a su carga los costos de todas las jornadas no laborales. Sabido es que nada es gratis y eso incluye a los feriados.
La creación de feriados, asuetos, jornadas no laborables o días de descanso debe ser por regla excepcional y restrictiva, mucho más cuando sus destinatarios son los agentes públicos, debido a que en ese caso afectan la normal prestación de servicios públicos, en claro perjuicio del mismo contribuyente que con sus impuestos solventa el día libre de quienes debieran servirle.
El otorgamiento irresponsable de días no laborables en el Estado es una prueba evidente de demagogia, propia de una dirigencia que ha dispuesto de recursos públicos como si fueran gratuitos e ilimitados.
Por otro lado, los empleados del sector privado, con toda lógica, carecen de un día equivalente, lo que constituye una clara discriminación que se suma a los múltiples beneficios que por naturaleza tiene el empleado público en comparación con el privado.
En un país con casi un 30 % de pobreza y un sector privado agobiado por la presión impositiva y obligado a trabajar muchas horas, la proliferación desaprensiva de feriados estatales es lisa y llanamente un afrenta a la dignidad y un insulto a la inteligencia de todos aquellos que cotidianamente trabajan a destajo para contribuir a la prosperidad del país.
El desmantelamiento de la situación descripta, indefendible desde el más precario sentido común, traerá beneficios tangibles a los empleados estatales en la medida que contribuirá sustancialmente a reducir la ya deslucida imagen que la sociedad tiene de la burocracia estatal.
Nuestra postura es, en definitiva, un homenaje al trabajador estatal responsable, comprometido con su tarea y con vocación de servir a sus conciudadanos.
La riqueza de las naciones es consecuencia ineludible de la cultura del trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y el ejemplo.
La concesión y acumulación irresponsables de días no laborables conspira de lleno contra dichos valores, despreciando el valor del trabajo, igualando para abajo y deteriorando la imagen del personal público, con los graves efectos culturales y morales que ello implica, además de los costos estrictamente económicos.
Hoy, quizás más que nunca en la historia reciente, los argentinos tenemos la posibilidad, y los dirigentes políticos la obligación, de promover toda acción o medida que contribuya al cambio cultural que nuestra nación necesita para recuperar la grandeza que alguna vez supo tener.
