Los entretelones de la “usurpación” del campo en Guaminí: donde había trata y explotación sexual

noviembre 5, 2020 | Medios

El conflicto es de hace más de 1 año y medio atrás, comenzó con una denuncia penal al arrendatario y administrador del campo, Alejandro Nadal por trata laboral y explotación sexual de una de las víctimas. Ahora pide que se retiren esos trabajadores y denuncia que le venden las muebles y la hacienda por internet.

La familia propietaria del campo, cercana al legislador de juntos por el cambio, Emiliano Balbín puso el tema en agenda y buscan mediatizarlo, para lograr destrabar un conflicto que no parte de una usurpación, sino de un acuerdo de palabra que entre los integrantes no de ese acuerdo no cumplieron.

En diciembre del 2019, el fiscal federal Nº 1, Antonio Castaño, acusó por ambos delitos a Alejandro Nadal, administrador del campo donde funciona un tambo y trabaja el grupo familiar presuntamente afectado. Luego de la indagatoria, solicitó su procesamiento.

Las malas condiciones de trabajo de estas personas se conocieron luego de que María José Rodríguez (44), una de las damnificadas, difundiera una carta detallando la situación “inhumana” a la que eran sometidas y pidiendo ayuda.

   Poco después de salir a la luz el escrito, inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación se presentaron en el establecimiento rural “Don Raúl”, ubicado en el kilómetro 209 de la ruta 33, donde constataron irregularidades por parte del empleador y las denunciaron a la línea telefónica 145, para casos de trata y explotación.

El pedido desde Juntos por el Cambio

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo y Emiliano Balbín presentaron un proyecto de declaración donde expresan su profunda preocupación y alarma por las usurpaciones y tomas de terrenos públicos y privados, urbanos y rurales que se vienen produciendo en el territorio de la provincia.

Los propietarios del emprendimiento lácteo, arrendatarios del campo, denuncian que no pueden ingresar a la propiedad desde hace ya un año y los usurpadores están vendiendo bienes muebles y la hacienda a través de posteos que publicitan en redes sociales, donde ponen sus celulares de contacto.

La situación es desesperante para los dueños y arrendatarios del campo, quienes cuentan que ya les vendieron 17 animales de forma ilegal y mataron otros; que produjeron daños materiales sobre la propiedad y además sufrieron amenazas de todo tipo ante los reclamos que hacen. Los usurpadores han amenazado con sacar toda la hacienda a la ruta, con el riesgo de que haya un accidente vial y que sean los dueños los responsables penales y civiles de esos posibles siniestros.

Para colmo esta historia no termina solo en la usurpación ilegal y la venta de la hacienda que allí se encuentra. Los usurpadores convocan también vía redes sociales, a más gente a acercarse a la usurpación y para constituir cooperativas de trabajo que no se sabe con qué fines; situación que requeriría el aval del estado provincial o nacional.

”Nos preocupa seriamente este nuevo modus operandi de toma de tierras, que ahora se empieza a aplicar en el interior de la provincia y que estas personas han llevado adelante en otros establecimientos lecheros”, dice Balbín.

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