El conflicto laboral en Cerámica Cortines S.A. escaló de manera abrupta con el envío de 65 telegramas de despido a trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Cortinez, partido de Luján. La medida fue adoptada por la empresa el domingo 7 de julio, en el marco de una parálisis operativa que se arrastra desde enero. El gremio respondió con un paro por tiempo indeterminado y la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense no se hizo esperar.

La cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, que regirá entre el 7 y el 28 de julio, con posibilidad de prórroga. Durante este período, la empresa deberá dejar sin efecto los despidos, retrotraer la situación al momento previo al conflicto y garantizar el funcionamiento normal de la planta. Al mismo tiempo, el sindicato fue obligado a suspender toda medida de fuerza directa o indirecta.

Desde la Agrupación Obrera de la Cerámica y la FOCRA, se exige la reincorporación inmediata de los despedidos, al considerar que se trata de despidos indiscriminados y en violación del Convenio Colectivo de Trabajo 150/75. La empresa, en cambio, argumenta una crisis económica profunda, con fuerte caída en las ventas y acumulación de pérdidas desde hace más de un año.

Este martes 8 de julio a las 12:00 horas, se celebrará una nueva audiencia presencial en la sede del Ministerio de Trabajo de Luján (Colón 1151), donde se sentarán representantes de la empresa y delegados gremiales para intentar encauzar el diálogo.

La situación generó un fuerte impacto social en Cortines, una localidad con fuerte identidad industrial, donde Cerámica Cortines ha sido durante más de medio siglo un pilar económico y social. Comercios, prestadores de servicios y familias enteras viven momentos de angustia e incertidumbre frente al posible cierre definitivo de la fábrica.

En junio pasado, delegados obreros habían advertido en el Concejo Deliberante de Luján sobre el estado crítico de la empresa, denunciando que “la apertura de las importaciones nos está matando” y reclamando la intervención urgente del Municipio y de la Provincia.

La crisis de la empresa no es nueva. Ya en abril se había planteado un plan para despedir a 130 trabajadores mediante un Procedimiento Preventivo de Crisis, con retiros voluntarios o indemnizaciones en cuotas. En julio de 2024, Cerámica Cortines había dejado sin tareas a 246 trabajadores, en el marco de un esquema de suspensiones que se extendió durante meses.

La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional (SEVINA), Emiliana McNamara, se expresó sobre la decisión del gobierno de eliminar el organismo encargado del mantenimiento de 40 mil kilómetros de rutas y advirtió sobre los graves efectos para la producción y la seguridad vial.

En diálogo con Radio Provincia la referente gremial criticó fuertemente la decisión del gobierno nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos vinculados a la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas. La sindicalista explicó que, hasta la fecha, el organismo se encargaba del mantenimiento de 40 mil kilómetros de ruta, abarcando tareas clave como desmalezamiento, señalización, trabajo ambiental y de investigación.

“El estado de las rutas es lamentable”, aseguró McNamara, destacando que entre el 70% y el 75% de las rutas nacionales se encuentran en malas condiciones. Además, precisó que la Dirección de Vialidad cuenta con un presupuesto prorrogado del 2023, el cual presenta una subejecución del 60%. A esto se suma la falta de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que, según explicó, no está llegando como corresponde, a pesar de que todos los usuarios lo están pagando.

El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos, como la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, fue confirmado por la administración de LLA. En ese marco, McNamara expresó que, tras leer el decreto, no se percibe una solución visible, ya que “5.200 empleados y empleadas quedarán en una situación incierta”.

McNamara advirtió que esta medida traerá consigo problemas de conectividad y trabas para la producción, además de un aumento en las víctimas fatales por accidentes de tránsito, debido al deterioro de las rutas.

“No existe ningún plan para 30 mil kilómetros de rutas”

La dirigente también cuestionó la falta de un plan alternativo para garantizar la seguridad vial. Afirmó que el gobierno solo tiene previsto conceder casi 10 mil kilómetros de rutas a empresas privadas, mientras que no existe un plan ni un presupuesto asignado para los otros 30 mil kilómetros de rutas menos transitadas, que seguirán bajo la administración estatal.

Para la sindicalista “esto afecta al federalismo”, debido a que “solo serán atendidas las rutas donde rinde poner un peaje”, situación que también “se traduce en un costo mayor, porque el 80% de la producción del país va por las rutas y al transporte se le encarece cuando están en mal estado”.

Por último, mencionó que el gremio atraviesa una difícil situación debido al congelamiento de paritarias desde octubre y la pérdida de compañeros por distintas razones. “Estimamos que un 60% de la planta quedará en la calle”, aunque no se sabe con certeza qué pasará con los trabajadores, ya que el decreto no especifica qué medidas se tomarán al respecto.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió en duros términos el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, y advirtió que se trata de una medida que “lesiona gravemente el federalismo” y expone a millones de personas al peligro.

“Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo”, expresó el dirigente sindical. Además, exigió la intervención urgente de los gobernadores: “Tienen que tomar partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos”.

Aguiar advirtió que la medida implica un riesgo concreto para la vida de quienes transitan por los más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales que quedarían abandonadas a partir de la decisión del Ejecutivo. “En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor”, sentenció.

Desde ATE Nacional alertan que el cierre de Vialidad esconde un objetivo de fondo: avanzar en la privatización del mantenimiento vial y abrir la puerta a negocios con sectores privados. “Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas y están desmantelando estructuras clave para la soberanía nacional. La creación de una Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política”, denunció Aguiar.

En cuanto a las nuevas competencias, el Gobierno prevé que Gendarmería Nacional se encargue del control y prevención del tránsito en rutas, una tarea históricamente civil. Aguiar lo calificó como “una ilegalidad manifiesta” y advirtió: “Es la militarización de las rutas”.

Desde el sindicato adelantaron que profundizarán las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional, en defensa de los más de 5 mil trabajadores y trabajadoras de Vialidad que quedarían sin funciones ni futuro laboral.

La Dirección Nacional de Vialidad fue creada en 1932 mediante la Ley 11.658, en respuesta a la necesidad de planificar la construcción de caminos y rutas que acompañaran el crecimiento del transporte automotor. Casi un siglo después, su eliminación representa, para ATE, un golpe directo a la integración territorial, la seguridad vial y la soberanía nacional.