La serie de casi 60 allanamientos y la detención de 30 personas, incluidos el denóminado “Rey de La Salada”, Jorge Castillo, y varios integrantes de la feria en Lomas de Zamora, destapó algunos detalles sobre el funcionamiento y la existencia de un Estado paralelo tanto dentro del predio cerrado como en los miles de puestos callejeros que estaban instalados en las inmediaciones.

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien actúa en la causa por extorsión y asociación ilícita, dio detalles del funcionamiento y el accionar de las tres bandas cuestionadas por la existencia de los puestos, una de las cuales estaría liderada por Castillo, el principal accionista de la feria Punta Mogotes.

El dato que llamó más la atención y que despertó un mayor grado de sorpresa entre los investigadores radicó en la metodología de los grupos que comandaban los puestos callejeros contra aquellas mujeres que realizaban robos en la zona.

Según especificó el propio fiscal, aquellas mujeres que eran señaladas como “mecheras” o ladronas, se convertían en víctimas de una suerte de secuestro, violencia de género y torturas.

“Se trataba de una práctica habitual en la feria. Tenemos acreditado cómo se hacía justicia por mano propia. De alguna manera funcionaba una suerte de Estado paralelo”, relató Scalera.

Y especificó: “A algunas mujeres, que dentro de esa feria paralela eran señaladas como mecheras, eran llevadas a un lugar cerrados, como galpones. Allí eran encerradas, se las desnudaba y una vez dentro de ese galpón y rodeadas por sujetos masculinos, alguien les pegaba con un cinturón”, describió el fiscal .

La justicia posee material fílmico de esa metodología de tortura y se confirmó la práctica era realizada por las tres bandas investigadas, una de las cuales funcionaba bajo la tutela del propio Castillo.

Además, la Justicia cuenta con el testimonio de algunas mujeres que fueron víctimas de esas torturas.

Según aseguró el fiscal de Lomas de Zamora, entre los más de 30 detenidos durante la madrugada del miércoles, hay algunos responsables de cometer esos actos aberrantes.

“Cuando nosotros tomamos contacto con las pruebas de video de esas prácticas quedamos tan sorprendidos como cualquier persona que lo escucha ahora. A mí modo de ver, en un principio se incurre en el delito de secuestro”, advirtió Scalera.

La investigación también desnudó otros actos ilegales que llevaban a cabo las cúpulas de las bandas que manejaban los puestos callejeros y el predio cerrado de la feria.