El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como representante del Gobierno de la Provincia, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCA), informa que habrían existido irregularidades y anomalías en un contrato millonario con la empresa Proenergy Service de Argentina S.R.L. que ameritan una auditoría integral para su revisión. Las mismas datan de 2016, año en el que la compañía se encontraba presidida por el Ing. Thierry Decoud, en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Durante ese año se realizó el concurso de precios N° 590 para la ampliación de la potencia de una planta de generación de energía eléctrica en la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata. Esta obra implicaba la ampliación en 100 megavatios (MW) de potencia, que se licitó bajo la modalidad “llave en mano”: el pliego de condiciones que rigió el concurso incluía concebir, construir y poner en funcionamiento la obra.

El primer registro sospechoso fue el tiempo récord en que se realizó la adjudicación de la obra: en 24 horas se analizaron las cuatro ofertas que se presentaron, se emitió el informe de la Comisión Evaluadora y PROENERGY SERVICE DE ARGENTINA SRL fue la ganadora de la licitación por un monto de U$S 101 Millones de dólares.

A esto se suma que la orden de compra emitida por CCA se hizo a favor de PRO ENERGY SERVICES LLC, mientras que el oferente del concurso fue PROENERGY SERVICE DE ARGENTINA SRL: es decir, otro titular. Esto no es un detalle administrativo: implicaría un grave perjuicio económico ya que todos los fondos debieron ser girados a una empresa en el exterior. Este cambio de firma- que es un aspecto formal con serias implicancias económicas- también habría pasado desapercibido para las entonces autoridades de CCA.

Además, la empresa que ganó la licitación y CCA firmaron un contrato que modificó las condiciones del Pliego del Concurso. Entre estas modificaciones, se eliminaron el fondo de reparo y las garantías de funcionamiento, que conllevarían un riesgo económico para CCA.

Otras de las posibles anomalías advertidas fue que a pesar de que la modalidad explicitada en el pliego era la de llave en mano, se modificaron numerosas condiciones, entre ellas, el momento en que debe producirse el cambio de titularidad de los equipos: si bien estaba previsto que CCA se responsabilizara de la maquinaria para la generación de energía una vez que estuviera instalada en Mar del Plata y que se efectuara la recepción provisoria, PROENERGY lo modificó en su oferta indicando que el cambio de titularidad de los mismos operaba cuando estaban listos para el embarque en el exterior. Por ello, los costos de traslado, impuestos aduaneros, aranceles de comprobación de destino y multas corrieron también por parte de CCA mientras que de la otra manera los tendría que haber afrontado PROENERGY.

Para seguir con las variaciones entre el Pliego y la oferta, PROENERGY no incluyó dentro del precio, el servicio de mantenimiento no programado, sino que indicó que el mismo sería ejecutado bajo una negociación tarifaria entre ellos y CCA, lo que implicaría un perjuicio económico para CCA.

A lo anterior se suma la penalización por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) por más de U$S 12 Millones por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Central en tiempo y forma. Esa suma la pagó CCA cuando, en principio, la responsabilidad operativa de no haber cumplido fue de PROENERGY.

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ordenó realizar una auditoría integral de la contratación y de la ejecución del mismo.