Por: Guillermo Castello (Diputado Cambiemos)
Dentro de un mes se inicia el ciclo lectivo y, lamentablemente, dentro de los preparativos lógicos de los padres están los recaudos a tomar en caso de que haya paro.
Los 29 días de paro salvaje que el año pasado decidió la dirigencia sindical de los docentes bonaerenses abonan dicha preocupación.
Para evitar semejante deterioro en nuestra educación es que hemos reproducido recientemente un proyecto de ley presentado hace ya dos años, mediante el cual se declara en la provincia de Buenos Aires a la educación pública primaria como servicio esencial, lo que significa que, en caso de conflictos laborales, deberán mantenerse como servicios básicos el funcionamiento de comedores escolares, el cumplimiento del calendario escolar obligatorio y una guarda mínima en las escuelas.
En el mismo texto facultamos al estado provincial a declarar, temporalmente, la educación pública secundaria como servicio esencial siempre que, ante conflictos laborales, se adopten medidas de fuerza que por su extensión, oportunidad y modalidad, afecten sensiblemente la adecuada prestación de dicho servicio.
Sobran fundamentos constitucionales para nuestra iniciativa, contrariamente a los que, por desconocimiento o malicia, muchos dirigentes sindicales afirman.
El derecho a la educación tiene rango constitucional, conforme surge del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que impone a las provincias la obligación de asegurar «la educación primaria»; el artículo 75, inciso 19, que incorpora los principios de «gratuidad y equidad de la educación pública estatal» y los diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22 del texto constitucional (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
Específicamente, la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece con contundencia, en su artículo 198, que la educación es un «derecho humano fundamental», sin diferenciar entre primaria y secundaria. No hay duda entonces sobre la jerarquía constitucional del derecho a la educación.
En relación al derecho a huelga, los gremios docentes dicen que la educación no es uno de los «servicios esenciales», es decir, de los que no admiten interrupciones por poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Invocan en esa postura los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial los números 87 y 98, de jerarquía constitucional por remisión de dos tratados de igual rango. Ninguno de esos dos convenios hace referencia alguna al derecho de huelga o a los servicios esenciales. Solo existen dictámenes no vinculantes de un comité interno de la OIT, el de Libertad Sindical, dictámenes de rango claramente inferior al constitucional.
Existe una ley nacional que reglamenta los servicios esenciales, frecuentemente citada por los docentes, ley que solo puede referirse a cuestiones de competencia nacional, lo que excluye la educación por ser de competencia provincial. Por tal razón el estatuto de los trabajadores de la educación, las negociaciones colectivas del sector y la conformación de Consejos Escolares, entre otras cuestiones, son materias reguladas por leyes provinciales. Es más, curiosamente, es una ley provincial la que explícitamente impide considerar a la educación como servicio esencial, y expresamente restringe el derecho de huelga.
En pocas palabras, el derecho a la educación tiene jerarquía constitucional, mientras el derecho a la no restricción estatal del derecho de huelga en materia educativa solo surge de dictámenes no vinculantes de un organismo internacional al que nuestro Estado se encuentra ligado mediante instrumentos de jerarquía inferior a la constitucional.
Tampoco está de más recordar que el derecho de huelga es reconocido por nuestra Constitución a los gremios y no a los trabajadores a título individual, lo cual es muy relevante porque una sustancial parte de los docentes de la provincia no se encuentran afiliados a ningún gremio.
Nuestro proyecto se encuentra en línea con profusa legislación extranjera. Se destaca el caso de Ecuador, que en su mismísima Constitución Nacional, en el artículo 326, dispone: «El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] inciso 15) Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación».
En el mismo sentido, la ley peruana Nº 28988, en su artículo 1º, establece: «Constituyese la Educación Básica Regular como un servicio público esencial.». Resulta interesante mencionar que el Tribunal Constitucional peruano resolvió, en 2009, que la calificación de servicio esencial era constitucional ante una demanda del Colegio de Profesores del Perú fundada, justamente, en la afectación del derecho de huelga de los profesores.
También la ley italiana Nº 146, en su artículo 1, inciso 1, señala: «A los efectos de esta ley se consideran servicios públicos esenciales, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo, incluso si se mantiene en régimen de concesión o por convención, las destinadas a garantizar el disfrute de los derechos humanos, protegidos por la Constitución, a la vida, a la salud, la libertad y la seguridad, la libre circulación, la salud y la seguridad social, la educación y la libertad de comunicación».
Finalmente, hace pocos meses, el Tribunal Constitucional de Alemania resolvió que los maestros de escuela no podrán hacer huelga por entender que ello colisiona con los principios fundamentales de la administración pública.
Es por todo lo dicho que creemos que el tratamiento de nuestro proyecto, de indiscutible raigambre constitucional y en línea con la tendencia de muchos países del mundo, es impostergable si de verdad queremos traducir en hechos concretos nuestras sentidas declamaciones sobre la educación pública.
