El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, visitó la obra paralizada desde el 2019 y judicializada por el pago de trabajos no realizados. El gobierno solicitó asistencia al Colegio de Ingenieros para evaluar el estado del predio y poder culminar el edificio de más 8 mil metros cuadrados.
El presidente del Colegio de Ingenieros del Distrito 3, Marcos Cavilla, habló con TODO PROVINCIAL y explicó: “La obra está avanzada en un 40%. Este tema tiene varias aristas. Por la falta de mantenimiento, los sótanos quedaron inundados al máximo, algo para lo que no estaba preparada la estructura. La instalación eléctrica a la intemperie también está dañada”.
La empresa encargada de la obra iniciada en 2017 y paralizada en 2019 es Bricons SAICFI, una firma muy beneficiada con la obra pública en Capital Federal. Originalmente se le asignó un presupuesto de casi 350 millones de pesos y constaba de tres etapas. Su culminación estaba pautada para el 2022.
Sin embargo, la empresa paralizó los trabajos en reclamo de actualizaciones de precios por el impacto de las devaluaciones. El tema suma una complicación más. El fiscal de Estado y por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo De Lázzari, denunciaron ante la justicia penal de La Plata que el Ministerio de Infraestructura bonaerense de la gestión Vidal certificó trabajos que nunca fueron realizados. En los papeles, la obra tiene un avance del 60% pero en la realidad no supera el 40%.
“Su inició generó un gran movimiento pero su paralización generó muchos perjuicios. El riesgo es que sea un elefante blanco, la obra está judicializada porque el fiscal general de Estado y el presidente de la Corte denunciaron una especie de sobreprecio”, señaló Cavilla.
Y explicó: “Esta es una práctica no buena pero común del Ministerio de Obras Públicas. Las empresas piden actualizar costos pero hasta que el expediente sale debe frenar la obra. Como el Ministerio no quiere que se detenga, manda a los inspectores a certificar algo más, para que puedan salir pagos. Al final eso se terminaría de equilibrar pero para la justicia es muy difícil desestimar una denuncia así”.
Y destacó: “El gobierno actual quiere destrabar y terminar la obra pero no puede avanzar por este problema judicial. Por eso quiere hacer una pericia y poder seguir, más allá de la que la causa continúe su rumbo”.
El edificio ubicado en el cruce de calle Bolívar y 25 de Mayo tendrá cuatro pisos y un total de 12.700 metros cuadrados. El objetivo es que se alojen allí la totalidad de las dependencias judiciales de Olavarría y habilitaría además el funcionamiento simultáneo de los juzgados de Familia 1 y 2 de manera paralela.
A pesar de que Bricons había adelantado que pediría que se rescinda el contrato por ahora no sucedió. En el lugar todavía se encuentra una imponente grúa que había colocado la empresa.
Durante su visita por la ciudad, Alak confirmó la intención de la gestión actual de terminar el edificio. El Presupuesto 2021 incluye 235 millones de pesos para la terminación del Polo Judicial local en Olavarría.
“Estamos trabajando a nivel del Ministerio Público, la jefatura de los fiscales y a nivel de la administración de Justicia para ver si encontramos la posibilidad de que -más allá de la responsabilidad penal de los funcionarios de entonces que certificaron obras que no estaban realizadas y se pagaron obras no realizadas-, las obras igual pueden continuar”, expresó el ministro.
Y destacó: “Las obras del Departamento Judicial de Olavarría son una de las cuatro obras más importantes que tiene el Poder Judicial de la provincia junto con la terminación del Polo Judicial de La Matanza, de Dolores y la Cámara Civil y Comercial de La Plata”.
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