Provincial
Cada vez más oscuro: acusan a Píparo y a su marido de “mentir” con el domicilio para “ocultar sus bienes”
La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva contra Juan Ignacio Buzali, marido de la legisladora y funcionaria de la Municipalidad de La Plata, Carolina Píparo. Buzali está acusado de doble tentativa de homicidio doloso por haber atropellado a dos motociclistas en la madrugada del 1 de enero. La causa judicial revela cada vez más aspectos oscuros de la diputada provincial y su marido.
En otro revés judicial, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación presentada por la defensa de Juan Ignacio Buzali. Sin embargo, todavía queda por resolver el pedido de prisión domiciliaria que debería definir la juez de primera instancia. Además, todo parece indicar que ahora se iniciará una investigación contra Carolina Píparo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque podrían imputarla por otros delitos, lo que la eyectarían de la política.
El abogado de los jóvenes atropellados en el centro de La Plata, Martín de Vargas, habló con TODO PROVINCIAL y adelantó: “El caso este tiene muchos agravantes. En uno de los últimos testimonios de un subcomisario de la Comisaría Cuarta se supo que la pareja se fugó cuando fueron a secuestrarle el automóvil”.
El abogado consideró que en base a los criterios ya esgrimidos por la jueza Marcela Garmendia el marido de Píparo podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. De todos modos, advirtió: “Acá se viene otra instancia del litigio. Ellos deberían mostrar un elemento sustancial que es el arraigo. Ahí entra en juego el tema de los domicilios. La pareja primero dio como domicilio la casa del padre de Buzali, luego Píparo declaró que ese era su domicilio laboral pero ella trabaja en la Municipalidad y en la Cámara de Diputados”.
“Después aseguraron que la casa en el country Grand Bell la alquilaron por dos meses durante las vacaciones. Buzali declaró que tenía domicilio en Puerto Madero y en el country durante dos meses. Se contradicen todo el tiempo”, señaló.
“Ellos vivieron hasta diciembre del 2020 en Capital Federal y por todo este conflicto empiezan a patinar con el domicilio. Luego, Píparo aseguró que estaban alquilando en el Grand Bell desde septiembre”, contó el abogado y aseguró: “Nosotros creemos que mienten por otras razones, más allá de la causa. Quieren ocultar los bienes que adquirieron, la casa de Puerto Madero dicen que la compraron por 200 mil dólares cuando su valor de mercado es de al menos 600 mil”.
“Además la declaran como domicilio único pero la realidad es que la casa del suegro la compraron ellos y además tienen un piso en 14 y 48, valuado en 200 mil dólares”, precisó de Vargas.
Sobre el alquiler en el Grand Bell, donde también vive el intendente Julio Garro, el letrado precisó: “Aparece un contrato de alquiler irregular firmado entre septiembre y febrero. Además figura una extensión de contrato hasta el 2022. Nos llama la atención el precio del contrato de 60 mil pesos. Averiguando en inmobiliarias nos dijeron que un alquiler en el Grand Bell vale unos 300 mil pesos por mes”.
“No tiene cláusula de actualización de precio y tampoco garantías. Es totalmente dibujado. Por eso nosotros pedimos que se cite a declarar a la dueña de la propiedad que firmó el contrato. Como mínimo habría una evasión de impuesto de sellos, aunque yo considero que lo más probable es que la casa sea de ellos y lo tengan a través de un testaferro. Acá habría que investigar si existe un enriquecimiento ilícito”, señaló de Vargas.
Por otra parte, el abogado señaló que como diputada bonaerense, Píparo “debería vivir en la Provincia de Buenos Aires pero desde que fue electa vivía en Capital Federal”.
“Considerando todas esas cuestiones podemos decir que no tiene arraigo por lo que Buzali no debería acceder a la domiciliaria”, remarcó.
Con respecto a la situación judicial de Píparo, de Vargas señaló: “Hay muchas chances de que sea imputada por incumplimiento de deberes de funcionario público en su rol de Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata. Además la vamos a denunciar por resistencia a la autoridad y desobediencia por haberse fugado de la comisaría”.
Provincial
ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.
Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.
Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”
Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.
«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.
Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.
«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.
Intercambio de tecnología y controles
El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.
Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.
Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».
«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.
Cooperación entre provincias
Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.
«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.
Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.
La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.
Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.
Provincial
“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027
El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.
«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.
Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».
Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.
El desfinanciamiento nacional a la educación técnica
Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.
«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.
Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».
El peronismo y el armado electoral para 2027
En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.
Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.
«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.
Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».
Pingback: Acusan a Píparo y a su marido de “mentir” con el domicilio para “ocultar sus bienes” - GRUPO PERIODISMO WEB