El gobierno bonaerense aseguró que el domingo por la tarde, un grupo de organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos “impidió de manera violenta” la asistencia de la mesa interministerial del gobierno provincial a las familias que se encuentran dentro del predio. Un grupo de vecinos junto a organizaciones de izquierda marcharán a Gobernación. Denuncian «aprietes» e «intentos de soborno».
“Asistimos a una situación grave e inédita. En el marco de la jornada de asistencia integral en la toma de Guernica, prevista por la interministerial del gobierno provincial un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”, señalaron.
La interministerial está conformada por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza,
El operativo buscabala instalación de oficinas móviles de atención y contó con la participación de 150 trabajadores y trabajadoras de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal.
A su vez, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género a las que ya se encuentra asistiendo; y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio. Ésta actividad no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones.
“El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto a las otras áreas del Estado provincial y el municipio de Presidente Perón, está desarrollando todos los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y consensuada. En ese marco, a solicitud de este ministerio, el juez interviniente en la causa postergó el desalojo previsto para el día 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre”, expresaron desde el gobierno bonaerense.
Y agregaron: “Dejamos en claro que el Ministerio y el resto de las áreas del Estado provincial que participan de la interministerial asumen el compromiso de seguir caso por caso la situación de cada una de las familias que presente real necesidad”.
Y remarcaron: “La problemática de hábitat involucra a miles de personas en el distrito de Presidente Perón y a muchísimas más en la provincia de Buenos Aires, que no están en situación de toma. El Estado está trabajando para dar una respuesta estructural, pero reiteramos que las vías de solución deben ser institucionales y que la toma de tierras de ninguna manera puede ser el camino”.
Finalmente, el gobierno ratificó su “voluntad de diálogo” y señaló que a tales efectos se sostendrá la “acción coordinada entre los gobiernos nacional, provincial y municipal con el fin de encontrar una solución al conflicto”.
Movilización a Gobernación
En el marco de un nuevo pedido de desalojo para los primeros días de octubre, un grupo de vecinos de la toma junto a organizaciones de izquierda se movilizarán este lunes a la Gobernación bonaerense para exigir una solución inmediata a su reclamo. Concentrarán a las 11 de la mañana en la Estación de Trenes de 1 y 44.
“Es un aluvión imparable empujado por la necesidad, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo. A pesar de que dice defender los derechos populares, el gobierno por medio del ministro de Desarrollo Larroque no presenta ninguna propuesta concreta para cumplir con el derecho de estas familias a una vivienda digna y tanto él como Berni dejaron planteada la posibilidad de un desalojo si las familias no se retiran del lugar”, aseguró Eric Simonetti del Nuevo MAS.
Y opinó: “La toma de Guernica es un ejemplo testigo de cuáles son las fuerzas en disputa: de un lado, miles de familias que precisan un lugar para vivir, y del otro, los artífices de un modelo de desarrollo para muy pocos, que se expande gracias a una alianza entre los desarrolladores inmobiliarios, que se adjudican la propiedad de los terrenos pero están bastante flojos de papeles, y las autoridades municipales. De hecho la Intendenta Blanca Cantero, del Partido Justicialista, le dijo a los vecinos y sus abogados que ella prioriza los 18 countries de la zona.”
Las organizaciones aseguran que los vecinos denuncian están recibiendo “aprietes” y que “hubo intentos de coimas y sobornos” y que en algunos casos les ofrecieron hasta 45 mil pesos para que se retiren.