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Reforma de la Ley de Glaciares: cambian las reglas de la audiencia pública y crece la preocupación por el agua

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En diálogo con Todo Provincial, la geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Patricia Pintos, cuestionó el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y denunció irregularidades en el proceso de la audiencia pública que debe garantizar participación ciudadana.

Tras el plenario de comisiones del 4 de marzo, se había convocado a una audiencia pública para los días 25 y 26, con más de 60 mil personas inscriptas. Ante la avalancha de solicitudes, el oficialismo modificó las condiciones de participación pocos días después.

Estos cambios limitarán la exposición directa a un cupo reducido por jurisdicción, mientras que el resto deberá participar mediante videos o escritos. “Esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, que es escuchar a todos y generar intercambio”, advirtió Puntos.

Además, remarcó que no hay garantías de que los legisladores vean ese material, lo que debilita la instancia participativa. En ese marco, ya se presentaron amparos que cuestionan la legalidad de estos cambios.

Ley de Glaciares: una reforma orientada a la megaminería

Sobre el contenido del proyecto, Pintos sostuvo que la reforma de la Ley de Glaciares responde a intereses ligados a la megaminería, en particular a inversiones en litio y cobre.

El punto más sensible es el traspaso de la definición de áreas protegidas desde organismos técnicos nacionales hacia las provincias. “Esto implica un retroceso en materia de protección ambiental y genera incertidumbre sobre los criterios que se van a aplicar”, explicó.

Para la investigadora, este cambio debilita el esquema actual, que fija un piso mínimo de protección común para todo el país.

El agua, el recurso en juego

Pintos subrayó que los glaciares son clave para garantizar el acceso al agua dulce, especialmente en regiones áridas y semiáridas.

“Estamos hablando de sistemas que abastecen a millones de personas. Sin estos reservorios, muchas provincias verían comprometido su suministro de agua”, afirmó.

Además, advirtió que las zonas periglaciares —donde avanzan los proyectos mineros— cumplen un rol fundamental en ese equilibrio hídrico.

Impacto ambiental y modelo extractivo

La especialista también cuestionó el impacto de la megaminería, señalando que se trata de una actividad altamente invasiva.

“Se utilizan cientos de toneladas de explosivos, se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca, con un altísimo consumo de agua y energía, además de generar contaminación por las sustancias químicas que se utilizan”, explicó.

En ese sentido, planteó que el debate no es si debe haber minería, sino dónde se desarrolla. “Más del 99% del territorio podría explotarse sin afectar glaciares. El problema es avanzar sobre zonas críticas”, sostuvo.

Pintos también cuestionó la comparación frecuente con Chile en materia de desarrollo minero. Señaló que, a diferencia de Argentina, gran parte de la explotación de cobre en ese país se realiza en zonas desérticas, donde no hay presencia significativa de glaciares. Además, remarcó que las reservas chilenas son muy superiores, lo que hace que el contexto sea completamente distinto. “No se pueden trasladar esos modelos sin considerar las diferencias territoriales y ambientales, porque en Argentina muchas de las áreas en disputa son clave para la provisión de agua dulce”, explicó.

Provincias en alerta y resistencia social

Pintos destacó que las organizaciones socioambientales de provincias como Chubut y Mendoza que tienen una larga historia en contra de la megaminería y la protección del agua ya manifestaron su rechazo a la reforma.

También mencionó el caso de otras jurisdicciones que dependen del agua de deshielo y que ven con preocupación estos cambios.

“Hay una conciencia ambiental construida a partir de la experiencia. El agua es un recurso vital y la sociedad lo está defendiendo”, señaló.

Una discusión de fondo: desarrollo o sostenibilidad

Finalmente, planteó que el eje del debate es el modelo de desarrollo. “Lo que está en juego es la sostenibilidad de la vida. El extractivismo responde a una lógica de corto plazo que no contempla el impacto futuro”, advirtió.

Y concluyó: “La discusión es clara: o se prioriza la megaminería o se protege el agua, que es esencial para las generaciones presentes y futuras”.

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“No es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto”: reclaman por el destino del Impuesto a los Combustibles

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Marina Salzmann

La diputada nacional del Frente Renovador, Marina Salzmann, presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno Nacional explique qué destino tienen los fondos recaudados a través del Sistema Vial Integrado (SisVial) y por qué una parte de esos recursos no se utiliza para financiar obras y mantenimiento de las rutas nacionales.

El reclamo se produce luego de que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte de lo recaudado por el SisVial es destinada a Vialidad Nacional, mientras que otra porción queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al denominado equilibrio fiscal.

La principal preocupación planteada por Salzmann está puesta en la Autopista Presidente Perón, una vía estratégica del área metropolitana que conecta a una docena de municipios y tiene impacto sobre más de 12 millones de personas.

El pedido de informes busca conocer, entre otros puntos, las deudas que el Estado mantiene con las empresas contratistas y cuál es el plan previsto para garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente y evitar su deterioro.

El destino de los fondos viales, bajo la lupa

Desde el Frente Renovador cuestionaron que recursos que tienen asignación específica sean utilizados para mejorar las cuentas fiscales nacionales.

No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso”, sostuvo Salzmann.

La diputada apuntó además contra la utilización de esos recursos mientras permanecen paralizadas obras de infraestructura vial en distintos puntos del país.

Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, afirmó.

En la misma línea se expresó la diputada provincial Ayelén Rasquetti, quien viene cuestionando el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y promueve una iniciativa en la provincia de Buenos Aires vinculada a los precios de los combustibles.

“Si no van a usar el impuesto para restaurar las rutas, entonces que dejen de estafar al pueblo argentino y no lo cobren”, sostuvo.

Rasquetti también cuestionó el modo en que el Gobierno presenta el resultado de las cuentas públicas: “El tan famoso superávit fiscal del Gobierno no es resultado de bajar el gasto del Estado, se sostiene artificialmente con los 800 pesos que pagás de impuesto en cada litro de combustible”.

Reclaman explicaciones a Caputo y Ravier

Ante esta situación, el Frente Renovador pidió que el Ministerio de Economía publique en detalle el destino de los fondos recaudados por el SisVial, con información mes a mes y peso por peso.

Además, reclamaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Adrián Ravier, concurran a la comisión correspondiente del Congreso para brindar explicaciones.

El espacio también exige que se deje de utilizar fondos de asignación específica para sostener el resultado fiscal y que se reactive el conjunto de obras viales paralizadas, con la Autopista Presidente Perón como uno de los principales casos señalados.

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Katopodis: “Queremos que el peronismo de Mendoza acompañe a Kicillof”

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El ministro bonaerense participó de la inauguración de un nuevo local político en la ciudad de Mendoza y llamó a fortalecer el respaldo al gobernador Axel Kicillof. También participaron Jorge Ferraresi, Flor Destéfanis y Martín Aveiro.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó en Mendoza de la apertura de un nuevo local político destinado a difundir el proyecto del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La actividad se desarrolló en un espacio ubicado sobre calle 9 de Julio, en la ciudad de Mendoza, y contó además con la presencia del dirigente Jorge Ferraresi, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y el diputado nacional Martín Aveiro.

Un espacio para difundir el proyecto de Kicillof

Durante el encuentro, Katopodis destacó la importancia de generar espacios de participación y encuentro en distintas provincias y planteó como objetivo ampliar el conocimiento sobre la figura y las propuestas del gobernador bonaerense.

“Queremos que el peronismo de Mendoza acompañe a Kicillof. Este es otro espacio para darlo a conocer y para hacer crecer un futuro con su conducción”, afirmó.

El ministro sostuvo que la apertura del local forma parte de una estrategia para fortalecer el posicionamiento político de Kicillof fuera de la provincia de Buenos Aires y promover el debate dentro del peronismo.

“Hay que impulsar la esperanza”

Katopodis también se refirió a la situación social y económica del país y consideró necesario construir una alternativa política capaz de canalizar las preocupaciones de la sociedad.

“Tenemos que impulsar la esperanza, ponerle palabras a esta angustia que tiene la gente y darle voz a esa expectativa”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de generar una propuesta política que pueda interpretar el escenario actual y ofrecer una perspectiva hacia el futuro.

Defensa de la producción y la obra pública

Finalmente, el funcionario bonaerense destacó el posicionamiento de Kicillof frente a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reivindicó su defensa de la producción, la industria y la obra pública.

“Axel es el dirigente que se plantó desde el primer día y que defiende la producción, la industria y la obra pública, incluso en momentos de enormes dificultades”, sostuvo Katopodis.

La actividad en Mendoza se suma así a una serie de iniciativas políticas destinadas a instalar la figura de Kicillof a nivel nacional y ampliar los respaldos dentro del peronismo, con especial énfasis en la construcción de espacios territoriales y de participación.

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El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras, pero se mantienen las marchas: ¿qué quedó del proyecto?

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marcha contra ley de tierras

El Gobierno nacional retrocedió en uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y resolvió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales, políticas y rurales confirmaron que la movilización convocada para este miércoles frente al Congreso y en distintas ciudades del país se mantiene, ya que consideran que el resto de la iniciativa continúa representando un grave retroceso en materia de derechos, ambiente y soberanía.

La convocatoria central será desde el mediodía frente al Congreso de la Nación, aunque el momento de mayor concentración está previsto para las 17 horas, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto.

En el interior bonaerense, las organizaciones convocantes llamaron a manifestarse entre las 17 y las 18 horas en las plazas centrales de cada ciudad, en una jornada de protesta descentralizada para expresar el rechazo a la iniciativa.

El Gobierno retiró el capítulo sobre la Ley de Tierras

Según el acuerdo político alcanzado en las últimas horas, el oficialismo resolvió eliminar del proyecto los artículos que modificaban la Ley 26.737, vigente desde 2011.

De confirmarse la modificación durante el debate parlamentario, continuarán vigentes los límites actuales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros:

  • El límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
  • El tope máximo de 1.000 hectáreas o su equivalente por titular extranjero.
  • Las restricciones para la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes.
  • Los límites por nacionalidad y las restricciones para empresas o Estados extranjeros.

De este modo, el proyecto dejaría de modificar el régimen de extranjerización de tierras, uno de los aspectos que había generado mayor rechazo.

Qué partes del proyecto siguen en pie

Pese a ese cambio, el resto de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continúa en tratamiento y podría obtener media sanción en el Senado.

Entre los puntos que permanecen se encuentran:

  • Cambios al régimen de expropiaciones, haciendo más restrictiva la declaración de utilidad pública y elevando las indemnizaciones que debería afrontar el Estado.
  • Reforma del régimen de desalojos, con procedimientos judiciales más rápidos, posibilidad de restituciones anticipadas de inmuebles y mayores facultades para el uso de la fuerza pública.
  • Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones para el cambio de uso de determinadas tierras afectadas por incendios, una medida cuestionada por organizaciones ambientalistas.
  • Digitalización y reforma de los registros inmobiliarios, mediante la creación de una ventanilla única y nuevos mecanismos registrales.

«La movilización sigue»

Las organizaciones convocantes señalaron que el retiro del capítulo referido a la Ley de Tierras representa un cambio importante, pero advirtieron que el proyecto continúa avanzando sobre aspectos centrales vinculados a las expropiaciones, los desalojos y la protección ambiental.

Por ese motivo, ratificaron la jornada nacional de protesta de este miércoles, con actividades frente al Congreso y movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país.

Mientras tanto, hasta el momento no fue difundido un texto oficial consolidado que refleje la eliminación del capítulo sobre tierras, por lo que el alcance definitivo de las modificaciones deberá confirmarse durante el debate en el recinto del Senado.

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