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Provincia anunció un plan de abordaje de «casos críticos de violencia de género»

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la firma de convenios de adhesión de los municipios de Quilmes, Cañuelas, Moreno, Presidente Perón y Carlos Tejedor al programa «Comunidades sin Violencias». En el marco del Día Internacional de las Mujeres anunció además la creación de un plan integral para el abordaje de casos críticos de violencia por razones de género y la conformación de un comité asesor integrado por especialistas.

«Con estas medidas estamos buscando dar un salto de calidad en la capacidad de respuesta del Estado provincial ante las violencias por razones de género. Nuestro objetivo es erradicar estas violencias, pero mientras tanto queremos enviar un mensaje muy claro a todas las bonaerenses: no van a estar solas, sabemos que lo hecho nunca es suficiente y por eso vamos a seguir trabajando para profundizar y articular nuevas políticas”, destacó Kicillof.

“Ante una cuestión compleja, hemos conformado las estructuras dentro del Estado para que la coordinación necesaria quede plasmada en una mesa interministerial que articulará todos los enfoques. Las situaciones de violencia no pueden depender de que las víctimas encuentren una ventanilla donde ser escuchadas, el Estado es quien tiene la responsabilidad de brindar una respuesta integral y unificada”, señaló.

Participaron del acto la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. También estuvieron la ministra de Gobierno, Teresa García; los ministros de Salud, Daniel Gollan; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el diputado nacional Máximo Kirchner; la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso; y las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Moreno, Mariel Fernández; de Presidente Perón, Blanca Cantero; y de Carlos Tejedor, María Celia Gianini.

“Queremos ratificar el enorme compromiso por seguir construyendo cada vez más políticas públicas, más Estado presente y más articulación con la comunidad para acercarnos a la meta de alcanzar una vida libre de violencias”, expresó Díaz y agregó: “Donde había fragmentación y falta de respuestas, hemos propuesto políticas integrales con fuerte territorialidad, redoblando los esfuerzos para abordar las situaciones de violencia de género”.

En ese marco, Díaz valoró que “el programa Comunidades sin Violencia busca llevar las políticas con perspectiva de género a todos los rincones de la provincia”. “Con una inversión de 500 millones de pesos vamos a profundizar la intervención en cada uno de los 135 municipios porque es allí donde están las bonaerenses que nos necesitan”.

«Comunidades sin violencia» promueve el trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios para fortalecer los recursos humanos, técnicos y económicos que intervienen en las políticas de género de cada distrito, al tiempo que busca profundizar las estrategias locales de prevención y salida de las situaciones de violencia por razones de género.

La Ministra anunció la creación de 20 oficinas de violencia de género para el abordaje de casos críticos y de alto riesgo, para que cada departamento judicial cuente con una herramienta interministerial e interjurisdiccional para defender los derechos de las mujeres.

“También hemos planteado jerarquizar a las trabajadoras de la línea 144, que había sido tercerizada, para que vuelvan a ser empleadas del gobierno de la Provincia”, agregó. Además, anunció que se va a trabajar fuertemente en una campaña comunicacional orientada a la prevención.

“Ante una cuestión tan grave, lo que no podemos hacer es sacarle el cuerpo a los problemas. Vamos a acompañar a las mujeres que se animan a denunciar para brindarles respuestas efectivas lo más rápido posible”, subrayó Kicillof y concluyó: “En el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos el firme compromiso de terminar con la violencia de género”.

Durante su intervención, Magario ponderó que “las mujeres, que muchas veces no han sido escuchadas, son las que en los momentos de crisis económica y social ponen el cuerpo para ayudar a quienes más lo necesitan”, y agregó: “Hoy con la presentación de estas políticas públicas estamos reivindicando desde el Estado todo el trabajo de miles de mujeres que luchan para garantizar y defender nuestros derechos”.

En cuanto a los anunicos, el Poder Ejecutivo adelantó que presentará un proyecto de Ley Integral de Violencia de Género en la Legislatura bonaerense que busca mejorar los procedimientos administrativos y judiciales dotando a todos los organismos intervinientes de la capacidad de adoptar medidas de protección graduales y más adecuadas a cada caso.

Por su parte, el Ministerio de Justicia establecerá una matriz de riesgo unificada que cuenta con 74 categorías, indicadores y alertas tempranas, destinada a que todas las áreas estatales tengan criterios comunes para evaluar la gravedad de los casos de violencia de género. Asimismo, se aumentará la utilización de pulseras electrónicas que permiten el control satelital de los agresores para los casos de alto riesgo.

El Ministerio de Salud desarrollará registros, tareas de capacitación y dotará de la infraestructura necesaria a los hospitales para que cuenten con equipos institucionalizados para afrontar la violencia de género.

Desde el área de Seguridad, se fortalecerán los equipos interdisciplinarios con los que cuentan las Comisarías de la Mujer y la Familia, y se impulsará la jerarquización de su plantel y modernización de sus recursos materiales.

Además, se pondrá en marcha un programa de evaluación, seguimiento y tratamiento destinado al personal policial que haya sido denunciado por violencia de género, en el marco de la creación de una Auditoría Sumarial Temática especializada en violencia institucional y de género dentro del ámbito de Asuntos Internos, con el objeto de llevar adelante las instrucciones de los sumarios con perspectiva y especialización.

Por último, el Gobernador agradeció a los miembros del Comité Asesor de Especialistas en violencia de género que estará conformado por la profesora de la Facultad de Psicología de la UBA, Ana María Fernández; la presidenta del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Ileana Arduino; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Laura Giosa; la presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda – Lanús, Adriana Coliqueo; el decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Néstor Artiñano; la abogada Susana Chiarotti; y el médico Enrique Stola.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027

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El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.

«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».

Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.

El desfinanciamiento nacional a la educación técnica

Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.

«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.

Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».

El peronismo y el armado electoral para 2027

En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.

Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.

«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.

Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».

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La Provincia oficializó la creación del Consejo Portuario bonaerense

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Juan Cruz Lucero

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación y el desarrollo del sistema portuario regional. Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años.

La conformación del Consejo fue presentada como una herramienta de articulación entre los distintos actores públicos, privados, productivos y sindicales vinculados a la actividad portuaria bonaerense.

La medida fue ratificada mediante la Resolución N° 8-SSAPMPCEITGP-2026 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Una mesa amplia para el sistema portuario bonaerense

El nuevo organismo será presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y estará integrado por los titulares de los consorcios de gestión pública de los puertos bonaerenses.

Entre las designaciones figuran Susana Haydee González por La Plata, Mónica Edith Litza por Dock Sud, Cecilia Lorena Comerio por San Nicolás, Santiago Andrés Mandolesi Burgos por Bahía Blanca, Diego Javier Piñero por Coronel Rosales, Marcos Horacio Gutiérrez por Mar del Plata, Hernán Martín Lania por Olivos y Carlos Francisco Casini por San Pedro.

La estructura también incorpora a representantes del sector privado y productivo. En ese marco, fue designada Gabriela Nidia Ardissone, en representación de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, mientras que Sandra Noemí Cipolla y Diego Hernán Kukulanski estarán presentes por la industria naval y el sector automotor, respectivamente.

La actividad pesquera tendrá participación directa dentro del Consejo con Diego García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, y María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. A su vez, el gremio pesquero estará representado por Pablo Trueba, del Sindicato Marítimo de Pescadores.

Participación sindical y productiva

La resolución también prevé una fuerte presencia del sector sindical y de entidades vinculadas con la logística y la actividad marítimo-portuaria. Entre ellas figuran referentes de la CATT, FEMPINRA, FEPA y FESIMAF, además de dirigentes como Juan Carlos Schmid, Roberto Eduardo Coria y Juan Antonio Speroni.

La representación empresarial y productiva se completa con entidades ligadas a la industria automotriz, metalúrgica, alimenticia, aceitera, química y petroquímica, fertilizantes, navegación y cooperativismo, entre otras ramas vinculadas a las cadenas logísticas que operan con los puertos bonaerenses.

Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años. El objetivo del Consejo será elaborar propuestas para la gestión logística, formular recomendaciones sobre servicios conexos y promover la capacitación técnica, además de fortalecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario provincial.

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