Provincial
¡Negacionistas abstenerse!: en Provincia buscan crear un registro de discursos que justifican el genocidio
En la sesión especial por el Día de la Memoria, la diputada provincial del Frente de Todos Susana González presentó un proyecto de ley para combatir el negacionismo. La iniciativa propone crear un organismo provincial destinado a desarrollar políticas tendientes a prevenir, identificar, denunciar y crear un registro de identificación de conductas públicas negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y el etnocidio llevado a cabo contra los pueblos originarios.
«El término negacionismo debe entenderse como la práctica de minimizar, justificar, relativizar o negar los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos por un Estado o partido de gobierno, en un momento y en un territorio determinado, y contra una población definida e individualizada de antemano por quien resulta responsable de perpetrarlo», explicó González, respecto al proyecto ingresado este miércoles a la Legislatura bonaerense.
El Consejo de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado en la provincia estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el Defensor del Pueblo bonaerense que tendrá por objetivo generar una base documental sobre el negacionismo en Argentina y en particular en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa también propone incorporar en el tratamiento al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), cuando las conductas negacionistas guarden relación con violaciones a derechos humanos de dichas comunidades.
Además, busca llevar adelante actividades y campañas de concientización, difusión, educativas y culturales, sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado, tendientes a la eliminación de las actitudes negacioncitas, como modo de enfrentar esta problemática.
Asimismo, tiene la intención de promover acuerdos de prevención del negacionismo con organizaciones no gubernamentales y mediante un protocolo de buenas prácticas, y la erradicación del negacionismo en medios de comunicación.
La Comisión deberá además “sistematizar un mecanismo de identificación de conductas públicas negacionistas y establecer mecanismos de recepción de consultas y denuncias; establecer mecanismos de intervención ante la aparición de estas y denunciar ante las instancias pertinentes a las personas o grupos de personas que las lleven adelante”.
El negacionismo es una “afrenta a la democracia y debe ser erradicado”
La diputada y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Susana González, sostuvo que «el negacionismo no es solo una estrategia, sino más bien una política sostenida en el tiempo cuya meta consiste en refutar los hechos desde una óptica “distinta” que explique eventos genocidas, siempre relativizando la responsabilidad del Estado».
De esta manera, advirtió que «el negacionismo implica el desconocimiento, puesta en duda y/o negación sistemática de hechos de nuestra historia con fines políticos», en tanto indicó que «uno de los ejemplos más claros en Argentina, ha sido poner en duda la desaparición forzada de personas o la apropiación de menores por parte del Estado terrorista».
González sostuvo que en nuestro país el negacionismo encontró sus primeras expresiones en el momento mismo de la perpetración de los crímenes de lesa humanidad con la desaparición forzada de personas y la deposición final de los cuerpos como NN, su cremación o su desaparición en los vuelos de la muerte «una práctica orientada a la negación del crimen, ocultando el cuerpo del delito».
«En los últimos años cobraron relevancia la puesta en duda de la cifra de los “30000” detenidos desaparecidos», dijo González, por lo que consideró «imprescindible» como forma de consolidar la democracia «desplegar iniciativas» por parte del Estado y la sociedad civil para combatir las posiciones negacionistas que son una “afrenta a la misma y que deben ser erradicadas”.
«Estas prácticas se visibilizaron durante el gobierno macrista, donde asistimos al negacionismo del terrorismo de Estado por parte de miembros de distintos poderes estatales, de las cifras de víctimas del mismo, y también al ataque permanente a organismos de DDHH» dando visibilidad a sectores que minimizaron y minimizan la violencia ejercida por el Estado en la última dictadura cívico-militar» menciona González en la iniciativa.
Provincial
ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.
Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.
Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”
Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.
«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.
Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.
«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.
Intercambio de tecnología y controles
El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.
Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.
Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».
«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.
Cooperación entre provincias
Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.
«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.
Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.
La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.
Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.
Provincial
“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027
El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.
«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.
Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».
Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.
El desfinanciamiento nacional a la educación técnica
Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.
«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.
Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».
El peronismo y el armado electoral para 2027
En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.
Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.
«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.
Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».
