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“Muy pronto volveremos”: CFK anunció que llevará la causa Vialidad ante la ONU

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Cristina Kirchner en el balcón de san jose 1111

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció mediante una carta abierta que llevará ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la causa Vialidad en la que se la condenó a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y seis años de prisión.

En el texto, CFK aseguró que ha sido juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y su liderazgo.

Además, señala que la verdad terminará imponiéndose y que para avanzar en ese sentido recurrirá ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que el tribunal internacional evalúe el procedimiento judicial mediante el cual fue condenada.

“Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, pregunta en la carta.

En el tramo final de la publicación, asegura tener confianza en la conciencia democrática del pueblo argentino y apuntó: “Con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio”.

Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia

Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.

He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario. 

Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino. 

Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.

Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?

Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.

Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas. 

La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.

Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.

Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.

Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.

Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.

Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.

En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.

Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.

Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.

Compatriotas:

Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.

Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.

Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.

Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.

Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.

Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.

No bajen los brazos.

No permitan que les roben la esperanza.

La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.

Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.

Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.

Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.

Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.

Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.

Muchas gracias.

Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino.

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Máximo Kirchner presentó una ley para renegociar deuda con el FMI y limitar futuros préstamos

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Máximo Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para establecer nuevos límites al endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros internacionales. La iniciativa ingresó al Congreso pocas horas antes de la reunión entre el presidente Javier Milei y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y propone que ninguna nueva deuda pueda contraerse sin la aprobación del Poder Legislativo.

Bajo el nombre de Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI, el proyecto busca reforzar el control parlamentario sobre el endeudamiento externo, fijar un techo legal para la deuda en moneda extranjera y abrir una negociación para revisar parte del préstamo otorgado por el organismo en 2018.

Desde el entorno del legislador explicaron que el objetivo es “garantizar orden, previsibilidad y mayor control democrático” en la toma de deuda pública.

Uno de los principales cambios que propone la iniciativa es que todos los acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales deban ser aprobados por una ley del Congreso, prohibiendo expresamente que puedan concretarse mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Además, el proyecto establece un límite permanente al endeudamiento externo. La deuda en moneda extranjera no podrá superar el equivalente a dos años de exportaciones argentinas, calculadas sobre el promedio de los últimos tres años. Sólo podría excederse ese tope con el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y en situaciones excepcionales, como guerras, pandemias o catástrofes naturales.

La revisión del préstamo de 2018 con el FMI

Otro de los ejes de la propuesta apunta directamente al acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI en 2018, considerado el mayor préstamo en la historia del organismo.

El proyecto sostiene que una parte de ese crédito fue concedida por fuera de las normas habituales del Fondo y propone que el Poder Ejecutivo reclame una renegociación de ese tramo, al que denomina “excedente político”.

“Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas”, señalaron desde el entorno de Kirchner.

Según los impulsores de la iniciativa, el FMI incumplió sus propios mecanismos de control al aprobar un préstamo que terminó facilitando la fuga de capitales durante la gestión de Cambiemos. Esa posición, sostienen, está respaldada por informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación.

En ese marco, el proyecto propone extender los plazos de pago de ese tramo de la deuda, eliminar los sobrecargos de intereses y vincular el cronograma de cancelación al crecimiento de la economía argentina y de las exportaciones.

Mayor control sobre la deuda externa

La iniciativa también amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control sobre las negociaciones con organismos internacionales.

El proyecto lleva la firma de Máximo Kirchner junto a otros diputados de Unión por la Patria, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Julia Strada, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Sabrina Selva y Jimena López, entre otros.

La presentación coincidió con el inicio de la agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina, que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili.

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“Vergüenza ajena”: Kicillof se comunicó con el gobierno de Brasil luego de los insultos de Milei contra Lula

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Kicillof Lula

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil continúa escalando luego de que el presidente Javier Milei insultara públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña en apoyo a Flavio Bolsonaro. En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se comunicó con el canciller brasileño Mauro Vieira para intentar descomprimir el conflicto y transmitirle que las declaraciones del mandatario nacional “no representan el sentir del pueblo argentino”.

A través de sus redes sociales, Kicillof manifestó su preocupación por el deterioro de la relación bilateral y sostuvo: “Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional”.

El mandatario explicó que decidió comunicarse con Vieira “en nombre del PJ Bonaerense” para expresarle que “Milei no representa el sentir del pueblo argentino”.

Además, advirtió sobre las consecuencias económicas que puede tener el conflicto con el principal socio comercial del país. “Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de Trump”, señaló.

Kicillof concluyó su mensaje con un llamado a preservar el vínculo entre ambos países: “La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”.

En paralelo, el gobierno brasileño decidió endurecer su respuesta diplomática. Según informó el diario Folha de São Paulo, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones por los agravios del presidente argentino contra Lula.

El diplomático fue citado a la sede de Itamaraty, en Brasilia, donde el canciller Mauro Vieira le transmitirá formalmente el malestar del gobierno brasileño por las declaraciones de Milei, pronunciadas en medio de la campaña electoral de ese país.

La convocatoria al embajador argentino refleja la gravedad con la que Brasil interpreta los dichos del presidente y confirma que la crisis diplomática entre ambos países permanece abierta.

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Nación le traba a Provincia un crédito de USD 270 millones para la planta cloacal de La Plata

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planta agua La Plata

El gobierno de Javier Milei rechazó otorgar a la provincia de Buenos Aires la autorización nacional necesaria para acceder a un crédito internacional por USD 270 millones destinado a financiar la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, una obra considerada estratégica para el saneamiento ambiental de la región.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía de la Nación en una presentación realizada ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo. El escrito lleva la firma del subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.

En el documento, el Gobierno nacional sostiene que no está obligado a autorizar todos los pedidos de financiamiento de las provincias y argumenta que, como garante de los créditos internacionales, tiene la facultad de definir qué proyectos priorizar en función de las necesidades del país y de los cupos disponibles de los organismos multilaterales.

Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron que el proyecto fue diseñado desde su origen para ser financiado por un organismo internacional de crédito, como ocurre habitualmente con este tipo de obras de gran escala.

Según explicaron, el costo total de la planta asciende a unos $450.000 millones, cifra que representa el 43% del presupuesto de gastos de capital del Ministerio que conduce Gabriel Katopodis y el 70% de los recursos destinados a Inversión Real Directa.

“Ejecutar esa obra exclusivamente con fondos propios demandaría destinar la mayor parte de los recursos de inversión del ministerio a un único proyecto, afectando la ejecución de numerosas obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía, vialidad e infraestructura”, señalaron desde el Gobierno bonaerense.

Otros proyectos también esperan la autorización nacional

Además de la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el Gran La Plata, la Provincia aguarda la aprobación nacional para acceder a financiamiento destinado al Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, que contempla la construcción de un túnel y conductos aliviadores.

También existen cuatro préstamos próximos a vencer que requieren una prórroga autorizada tanto por la Nación como por los organismos financiadores. Entre ellos figuran la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada y el recambio de cañerías de la red de agua potable de la capital bonaerense.

Mientras la administración bonaerense denuncia que sus proyectos permanecen paralizados por falta de autorización, el Gobierno nacional aprobó 18 créditos internacionales para 10 provincias, por una inversión cercana a USD 1.973 millones destinada a obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y producción.

Entre las provincias beneficiadas se encuentran Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones, mientras que Buenos Aires no recibió ninguno de esos avales.

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