El gobierno de Javier Milei rechazó otorgar a la provincia de Buenos Aires la autorización nacional necesaria para acceder a un crédito internacional por USD 270 millones destinado a financiar la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, una obra considerada estratégica para el saneamiento ambiental de la región.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía de la Nación en una presentación realizada ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo. El escrito lleva la firma del subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.

En el documento, el Gobierno nacional sostiene que no está obligado a autorizar todos los pedidos de financiamiento de las provincias y argumenta que, como garante de los créditos internacionales, tiene la facultad de definir qué proyectos priorizar en función de las necesidades del país y de los cupos disponibles de los organismos multilaterales.

Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron que el proyecto fue diseñado desde su origen para ser financiado por un organismo internacional de crédito, como ocurre habitualmente con este tipo de obras de gran escala.

Según explicaron, el costo total de la planta asciende a unos $450.000 millones, cifra que representa el 43% del presupuesto de gastos de capital del Ministerio que conduce Gabriel Katopodis y el 70% de los recursos destinados a Inversión Real Directa.

“Ejecutar esa obra exclusivamente con fondos propios demandaría destinar la mayor parte de los recursos de inversión del ministerio a un único proyecto, afectando la ejecución de numerosas obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía, vialidad e infraestructura”, señalaron desde el Gobierno bonaerense.

Otros proyectos también esperan la autorización nacional

Además de la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el Gran La Plata, la Provincia aguarda la aprobación nacional para acceder a financiamiento destinado al Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, que contempla la construcción de un túnel y conductos aliviadores.

También existen cuatro préstamos próximos a vencer que requieren una prórroga autorizada tanto por la Nación como por los organismos financiadores. Entre ellos figuran la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada y el recambio de cañerías de la red de agua potable de la capital bonaerense.

Mientras la administración bonaerense denuncia que sus proyectos permanecen paralizados por falta de autorización, el Gobierno nacional aprobó 18 créditos internacionales para 10 provincias, por una inversión cercana a USD 1.973 millones destinada a obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y producción.

Entre las provincias beneficiadas se encuentran Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones, mientras que Buenos Aires no recibió ninguno de esos avales.

El Senado de la Nación debatirá este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El peronismo denuncia que la iniciativa favorece la extranjerización de territorios estratégicos y compromete la soberanía nacional.

En medio de la expectativa por la final del Mundial 2026, el Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más polémicos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Se trata de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que genera una fuerte resistencia en la oposición.

El oficialismo llega a la sesión con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, luego de varios meses de negociaciones. Entre los cambios introducidos durante ese proceso se otorgó a las provincias la facultad de autorizar o rechazar las operaciones de compra, una modificación que permitió sumar apoyos para alcanzar la mayoría necesaria.

El principal cuestionamiento apunta a que la reforma elimina las restricciones establecidas por la Ley de Tierras sancionada en 2011, que fijó un límite del 15% de la superficie rural en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.

Según un informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, actualmente los extranjeros poseen más de 13 millones de hectáreas en Argentina, una superficie equivalente al territorio de Inglaterra. Aunque ese porcentaje representa cerca del 5% del país, el estudio advierte que el fenómeno está lejos de distribuirse de manera uniforme.

De hecho, existen 36 departamentos donde la participación de propietarios extranjeros ya supera el límite previsto por la legislación vigente. En algunos casos, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos, la extranjerización supera el 50% de la superficie. También aparecen situaciones de fuerte concentración en zonas estratégicas vinculadas a recursos hídricos, minería y logística, entre ellas Campana, sobre la hidrovía del Paraná.

Los investigadores sostienen que la derogación de los límites no responde a la necesidad de promover inversiones productivas, sino que facilita la apropiación de territorios con recursos estratégicos, como agua dulce, minerales y corredores de exportación.

Uno de los principales opositores al proyecto es el senador Eduardo «Wado» de Pedro, quien cuestionó la oportunidad elegida para tratar la iniciativa.

“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas”, afirmó.

El proyecto no se limita únicamente a la cuestión de las tierras rurales. También modifica el régimen de expropiaciones, restringiendo el concepto de utilidad pública y elevando las indemnizaciones, lo que, según sus detractores, dificultaría que futuros gobiernos recuperen activos estratégicos como ocurrió con la expropiación de YPF en 2012.

Además, incorpora la posibilidad de realizar desalojos de manera más rápida al habilitar que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin esperar una sentencia definitiva y modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones para cambiar el destino de las tierras incendiadas, una medida cuestionada por organizaciones ambientalistas por favorecer la especulación inmobiliaria.

La discusión también reabre un debate que lleva más de una década. La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 para limitar la concentración extranjera sobre territorios considerados estratégicos. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó varios de sus controles mediante el Decreto 820/2016 y, posteriormente, el DNU 70/2023 firmado por Javier Milei dispuso su derogación. Sin embargo, esa medida quedó suspendida provisoriamente por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Ahora, el oficialismo busca darle respaldo legislativo definitivo a esa política mediante una ley que, de obtener media sanción este jueves, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires endureció sus críticas contra la nueva concesión por 25 años de la infraestructura de navegación del Río Paraná y el Río de la Plata, mal llamada Hidrovía, adjudicada por el Gobierno nacional y dejó abierta la posibilidad de que un «gobierno peronista» en 2027 la revierta.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó el proceso licitatorio que terminó con la firma de un contrato por 25 años con las empresas Jan De Nul y Servimagnus para el dragado, mantenimiento y operación de la Hidrovía, y aseguró que un eventual gobierno peronista deberá revisar esa decisión.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Todo Provincial (@todoprovincial)

“Seguramente esto es algo que un gobierno peronista deberá revisar en 2027. Nosotros ya lo estamos haciendo a través de la Comisión Asesora del Canal Magdalena”, afirmó el funcionario.

Bianco sostuvo que la licitación presenta “muchísimas irregularidades” y advirtió que tendrá un fuerte impacto tanto en la economía como en el ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al valor del peaje. Según explicó, el Gobierno nacional anunció una reducción del 13,5%, fijando una tarifa de 3,85 dólares por tonelada, pero aseguró que esa comparación es engañosa.

“La trampa es que el costo histórico del peaje hasta la llegada de Milei era de 3,06 dólares por tonelada. Lo que hicieron fue inflar la tarifa para luego decir que la bajaron, cuando en realidad representa un aumento del 25,8% respecto del valor histórico”, sostuvo.

Para el ministro, ese incremento impactará directamente sobre los costos logísticos de las exportaciones argentinas.

Bianco también cuestionó el diseño del proceso licitatorio. Señaló que una de las empresas belgas que participó presentó una oferta por debajo del precio mínimo establecido en los pliegos, algo que calificó como “muy extraño”, ya que en las licitaciones públicas normalmente se fijan precios máximos y no mínimos.

Además, indicó que otra empresa internacional envió una carta pública —con copia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio— manifestando que podía ofrecer una tarifa 17,4% menor.

“Queda en evidencia que la tarifa estaba inflada mediante un precio mínimo que favorecía a la empresa ganadora, que no tenía la competitividad necesaria para imponerse en igualdad de condiciones”, aseguró.

Según los cálculos oficiales, esa diferencia implicará un costo adicional cercano a 200 millones de dólares para las exportaciones argentinas.

El funcionario también reveló que existen denuncias penales e investigaciones administrativas vinculadas al proceso licitatorio.

Detalló que hay dos dictámenes de la Procuración, causas que tramitan en el Juzgado Federal N°7 y una denuncia presentada por integrantes de la Comisión Asesora del Canal Magdalena, encabezada por José Lojo, con patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat y sustentada en estudios técnicos de Hernán Orduna y Homero Bibiloni.

Entre las principales objeciones, Bianco enumeró la ausencia de estudios de impacto ambiental y sedimentológico, la falta de instancias de participación pública obligatorias previstas por la Constitución y un supuesto direccionamiento de los pliegos para favorecer a la empresa finalmente adjudicataria.

Concesión de la Hidrovía: Provincia cuestiona la exclusión del Canal Magdalena

Otro de los ejes de las críticas manifestadas este lunes por Bianco fue la exclusión del Canal Magdalena, una obra de dragado y señalización que permitiría conectar los ríos argentinos con el Mar Argentino, ya que actualmente toda la carga que baja por el Paraná debe exportarse a través de Uruguay.

“El proyecto solo llega hasta el Canal Punta Indio y luego deriva la salida al mar hacia Uruguay. En ningún momento se contempló el dragado del Canal Magdalena, que permitiría una salida fluvio-marítima íntegramente argentina”, cuestionó.

Para Bianco, esa decisión refleja una falta de planificación estratégica sobre una infraestructura por la que sale cerca del 80% de los cereales, aceites y harinas que exporta el país.

“Nosotros ponemos el río Paraná y el Río de la Plata, pero los negocios los hacen otros”, afirmó, al señalar que gran parte de la carga proveniente de Brasil, Bolivia y Paraguay termina siendo transbordada en el puerto de Montevideo por grandes compañías exportadoras internacionales.

Con ese diagnóstico, el ministro dejó planteada una definición política de cara al futuro: la revisión de la concesión de la Hidrovía aparece como uno de los objetivos que el gobierno bonaerense imagina para un eventual regreso del peronismo a la Casa Rosada en 2027.