Los trabajadores de Granja Tres Arroyos iniciaron este lunes 22 de septiembre una medida de fuerza en la planta ubicada en el barrio Pinazo, localidad de La Lonja, partido de Pilar. El conflicto se originó por el incumplimiento en el pago de la quincena y se profundizó ante la versión de que la empresa cerraría sus puertas este martes.

“Ya les dijeron que se vayan a la casa y supuestamente mañana cierran la planta”, relató un allegado a uno de los operarios que participa del paro.

No es la primera vez que la compañía enfrenta reclamos en esta sede. En diciembre de 2024, los empleados rechazaron un esquema de pago en cuotas del aguinaldo que preveía fraccionarlo en cuatro partes. En aquel momento también realizaron un paro en reclamo del pago completo.

La situación se enmarca en un contexto complejo: a principios de diciembre pasado, Granja Tres Arroyos obtuvo autorización del Gobierno nacional para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), con el objetivo de reducir costos y evaluar posibles despidos, alegando dificultades cambiarias para exportar.

Consultada por la prensa, la empresa reconoció la protesta de este lunes pero no brindó precisiones sobre la continuidad de la planta ni confirmó los rumores de cierre.

La planta de La Lonja, emplazada en el kilómetro 42 de la ruta 8, es una de las cuatro sedes que la firma posee en la provincia de Buenos Aires. En total, emplea a unas 7.000 personas entre Argentina y Uruguay. A fines de octubre de 2024 ya había cerrado la planta 1 de Tristán Suárez, con unos 100 despidos.

El establecimiento de La Lonja tiene una historia particular: funcionó originalmente como la avícola San Sebastián, que llegó a tener 400 trabajadores. Tras su quiebra en 2006, los empleados intentaron conformar una cooperativa y solicitaron la expropiación, pero la iniciativa no prosperó. Finalmente, en 2010 fue adquirido por Granja Tres Arroyos.

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Coronel Suárez, Fabián González, expresó su preocupación por la situación del supermercado mayorista Diarco, ubicado sobre la Ruta 85, cuya continuidad estaría en riesgo si no se registra un repunte en las ventas.

“Ya cerraron la sucursal de Bolívar y, lamentablemente, si las ventas no mejoran, la próxima va a ser la de nuestra ciudad”, advirtió el dirigente, en alusión al cierre dispuesto por la empresa el pasado 28 de agosto.

González también señaló que la problemática afecta a otras cadenas. Indicó que en la Cooperativa Obrera, que cuenta con dos sucursales en la ciudad, los despidos no son reemplazados.

Además, denunció que en los supermercados de propietarios de origen chino “todos los empleados están en negro” y cuestionó al Ministerio de Trabajo porque, según dijo, “no hace nada”.

El gremialista vinculó la crisis del sector con las políticas comerciales y con la pérdida del poder adquisitivo. “Subieron los precios sin control y luego tuvieron que bajarlos porque no vendían. Es muy común ver carteles de oferta por vencimiento próximo en los supermercados locales”, afirmó, al tiempo que advirtió: “El trabajador no tiene plata en el bolsillo”.

En cuanto a la situación salarial, González sostuvo que “las paritarias están pisadas” y desmintió al presidente Javier Milei: “Los empleados no están ganando 1.200 dólares, como él dice”.

Fuentes: La Nueva Radio Suárez, Coronel Suárez Post

Cerámica Cortines de Luján despidió 130 trabajadores en dos tandas de 65. La empresa realizó los cesanteos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar la mitad de las indemnizaciones pero ni siquiera pagó ese monto. Este lunes, los despedidos iniciaron un bloqueo frente a la fábrica para que los dueños cumplan sus obligaciones.

“Estamos reclamando por nuestras indemnizaciones porque no tienen la voluntad de pagar. Ni siquiera reclamamos por puestos de trabajo sino para que nos paguen lo que nos corresponde”, reclamó un trabajador despedido al portal local Ladran Sancho.

En julio, Cortines realizó una primera tanda de 65 despidos utilizando la causal del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita a la empresa a pagar las indemnizaciones al 50% por tratarse de despidos realizados pro «fuerza mayor, disminución o falta de trabajo». La semana pasada, la firma concretó otros 65 despidos.

Ante esta situación, los trabajadores afectados iniciaron un bloqueo en el ingreso principal de la fábrica. En el lugar se había montado un operativo con fuerte presencia policial.

En abril de este año, la empresa había presentado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense un procedimiento preventivo de crisis por 180 días, que incluye retiros voluntarios, pago de indemnizaciones en cuotas y una reducción del 40% de su personal.

“Estos tipos nos estafaron, estamos todos en la misma situación. Algunos compañeros tuvieron que venir a arreglar y aceptar el acuerdo de miseria que está ofreciendo la empresa”, lamentó el trabajador despedido.

Cerámica Cortines justificó los despidos en una fuerte caída de sus ventas y en la acumulación de pérdidas desde hace más de un año.

Según documentos internos, la producción pasó de 11.175.000 metros de cerámicos en 2021 a 4.840.000 en 2024, lo que representa una baja de casi el 57% en tres años. Además, en los primeros meses de 2025 apenas salieron del depósito 850.000 metros, lo que anticipa un panorama aún más crítico para el resto del año.

La situación generó un fuerte impacto social en la localidad de Cortines, partido de Luján, donde la fábrica ha sido durante más de medio siglo un pilar económico y social. Comercios, prestadores de servicios y familias enteras viven momentos de angustia e incertidumbre ante el temor de un cierre definitivo de la planta.