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Los Deudores Alimentarios serán incluídos en el Registro a partir del primer incumplimiento de pago

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La Honorable Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto que actualiza la ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) provincial para dotarla de mayor eficacia. La nueva legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento del pago de la cuota alimentaria y también alcanzará a empleadores y acreedores.

Esta iniciativa permite agilizar el proceso para el reclamo y cobro correspondiente de la cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes. Además, es fundamental para fortalecer la autonomía de las mujeres y equiparar las condiciones de desigualdad de poder que actualmente presentan los procesos de pago de alimentos.

La ministra Estela Díaz celebró la sanción y expresó: “Hay una ética del cuidado que es fundamental y hay que cumplirla porque nuestras pibas y pibes lo necesitan. Este gran cambio legislativo favorece la autonomía económica de las mamás que cuidan y, sobre todo, a nuestras niñas y niños”.

El RDAM fue creado por la Ley provincial Nº 13.074 y tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La nueva legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias, contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial, así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez.

El Informe sobre Incumplimiento de la Obligación Alimentaria fue presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas de las infancias en hogares monomarentales: 7 de cada 10 mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijas e hijos.

Ambas leyes representan un avance para una distribución más equitativa de los cuidados, el desarrollo de las infancias y el acceso a sus derechos.

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ARBA ayuda a combatir el contrabando en Salta: estiman pérdidas fiscales por US$2.000 millones al año

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.

Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.

Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”

Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.

«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.

Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.

«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.

Intercambio de tecnología y controles

El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.

Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.

Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».

«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.

Cooperación entre provincias

Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.

«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.

Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.

La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.

Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

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“El industricidio empuja a los bonaerenses a formarse”: Berrueco advirtió sobre el desempleo y perfiló a Ferraresi para 2027

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El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.

«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.

Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».

Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.

El desfinanciamiento nacional a la educación técnica

Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.

«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.

Frente a este escenario, contrastó las dos visiones de Estado en pugna: «La Nación profundiza una matriz extraccionista y de reprimarización, mientras que en la provincia de Buenos Aires seguimos pensando en lo estratégico de la industria nacional y apostando a la manufactura argentina, pese a la apertura de importaciones».

El peronismo y el armado electoral para 2027

En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.

Pensando en el mapa electoral de 2027, Berrueco fue contundente respecto al futuro de la Gobernación bonaerense y postuló al actual intendente de Avellaneda para suceder a Kicillof.

«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.

Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».

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La Provincia oficializó la creación del Consejo Portuario bonaerense

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Juan Cruz Lucero

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación y el desarrollo del sistema portuario regional. Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años.

La conformación del Consejo fue presentada como una herramienta de articulación entre los distintos actores públicos, privados, productivos y sindicales vinculados a la actividad portuaria bonaerense.

La medida fue ratificada mediante la Resolución N° 8-SSAPMPCEITGP-2026 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Una mesa amplia para el sistema portuario bonaerense

El nuevo organismo será presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y estará integrado por los titulares de los consorcios de gestión pública de los puertos bonaerenses.

Entre las designaciones figuran Susana Haydee González por La Plata, Mónica Edith Litza por Dock Sud, Cecilia Lorena Comerio por San Nicolás, Santiago Andrés Mandolesi Burgos por Bahía Blanca, Diego Javier Piñero por Coronel Rosales, Marcos Horacio Gutiérrez por Mar del Plata, Hernán Martín Lania por Olivos y Carlos Francisco Casini por San Pedro.

La estructura también incorpora a representantes del sector privado y productivo. En ese marco, fue designada Gabriela Nidia Ardissone, en representación de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, mientras que Sandra Noemí Cipolla y Diego Hernán Kukulanski estarán presentes por la industria naval y el sector automotor, respectivamente.

La actividad pesquera tendrá participación directa dentro del Consejo con Diego García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, y María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. A su vez, el gremio pesquero estará representado por Pablo Trueba, del Sindicato Marítimo de Pescadores.

Participación sindical y productiva

La resolución también prevé una fuerte presencia del sector sindical y de entidades vinculadas con la logística y la actividad marítimo-portuaria. Entre ellas figuran referentes de la CATT, FEMPINRA, FEPA y FESIMAF, además de dirigentes como Juan Carlos Schmid, Roberto Eduardo Coria y Juan Antonio Speroni.

La representación empresarial y productiva se completa con entidades ligadas a la industria automotriz, metalúrgica, alimenticia, aceitera, química y petroquímica, fertilizantes, navegación y cooperativismo, entre otras ramas vinculadas a las cadenas logísticas que operan con los puertos bonaerenses.

Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años. El objetivo del Consejo será elaborar propuestas para la gestión logística, formular recomendaciones sobre servicios conexos y promover la capacitación técnica, además de fortalecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario provincial.

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