El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder por la situación de dos ex trabajadoras del Astillero Río Santiago que fueron desvinculadas en enero y mayo de 2026 y aseguró que los despidos estuvieron vinculados a “ausencias injustificadas y reiteradas”.
A través de un comunicado, la Provincia sostuvo que ambas trabajadoras registraron durante períodos de entre tres y cuatro años un promedio de ausentismo del 64% de los días laborables y que habían recibido sanciones disciplinarias antes de las desvinculaciones.
Según la explicación oficial, el Astillero Río Santiago actuó dentro del marco de la legislación vigente y del régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo N.º 91/75E.
La Provincia habló de ausentismo y sanciones disciplinarias
El Gobierno bonaerense señaló que las dos trabajadoras fueron sancionadas previamente mediante el régimen de progresividad previsto en la normativa laboral.
Al mismo tiempo, remarcó que, durante los períodos en los que existieron licencias vigentes, la empresa justificó alrededor de 100 días laborales por año en cada caso.
“Lo que da sobrada cuenta de la disposición y el acompañamiento brindado por la empresa”, sostuvo la Provincia al referirse a las licencias otorgadas.
El Ejecutivo bonaerense planteó así que las desvinculaciones no estuvieron relacionadas con las situaciones de violencia de género denunciadas por las ex trabajadoras, sino con el nivel de ausentismo y los antecedentes disciplinarios.
Qué dijo la Provincia sobre las denuncias de violencia de género
Las dos ex trabajadoras habían planteado situaciones vinculadas a violencia de género durante 2022 y 2023.
Frente a esas situaciones, la Provincia aseguró que el Astillero Río Santiago intervino junto a su Equipo Interdisciplinario de Género y adoptó medidas de atención y acompañamiento.
Según el comunicado oficial, después de esas intervenciones transcurrieron tres años y medio en uno de los casos y dos años en el otro hasta que se produjeron las desvinculaciones.
Durante ese período, el Gobierno bonaerense aseguró que no existieron nuevos requerimientos vinculados con cuestiones de género por parte de las ex trabajadoras o de su entorno.
Además, señaló que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires revisó la actuación del Equipo Interdisciplinario de Género y concluyó que se había ajustado a la normativa y al protocolo vigente.
Qué resolvió el Ministerio de Trabajo
La Provincia también hizo referencia a la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a una audiencia conciliatoria y analizó las actuaciones incorporadas a los expedientes.
De acuerdo con el Gobierno, el organismo emitió los dictámenes correspondientes, aunque no se pronunció sobre la existencia o no de discriminación.
En cambio, remitió la cuestión a las vías administrativas o judiciales correspondientes al régimen de empleo público.
La explicación oficial apunta a que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para resolver el fondo del conflicto debido a la naturaleza jurídica del Astillero Río Santiago.
El organismo es un ente autárquico de derecho público, por lo que, según la Provincia, se trata de un conflicto individual correspondiente al régimen de empleo público.
De esta manera, el Gobierno bonaerense buscó dejar asentada su posición frente a los cuestionamientos por los despidos y sostuvo que las desvinculaciones estuvieron fundamentadas en antecedentes de ausentismo y sanciones disciplinarias, mientras que las actuaciones relacionadas con violencia de género habían sido abordadas previamente por los organismos correspondientes.
