A través de una carta abierta, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) reiteró su compromiso con la defensa del salario, las condiciones laborales y la participación democrática de las y los docentes bonaerenses.

Bajo el título “Unidad, participación y lucha: así se construye el futuro de la docencia bonaerense”, el gremio que conduce Alejandro Salcedo instó nuevamente al gobierno provincial a convocar a negociaciones paritarias “en un contexto económico complejo, atravesado por el ajuste del gobierno nacional, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante de tarifas y precios”.

“El último acuerdo salarial —un incremento del 5% dividido entre agosto y octubre— resultó insuficiente para acompañar el ritmo de la inflación y cubrir las necesidades básicas del sector”, señalaron desde el sindicato.

Además, UDOCBA advirtió que “a la situación que golpea directamente el bolsillo de las y los trabajadores de la educación se suman problemas estructurales que exigen respuestas urgentes”.

En esa línea, el gremio remarcó: “Impulsamos la pronta concreción del Convenio Colectivo de Trabajo y continuamos reclamando la mejora de las condiciones laborales y la regulación efectiva de la desconexión digital, para frenar la sobrecarga de tareas que afecta la salud y el bienestar docente”.

También exigieron “protocolos reales de prevención y protección frente a la violencia en las escuelas”, al sostener que “cuidar a quienes enseñan es cuidar la educación pública”. Asimismo, denunciaron el deterioro edilicio de numerosos establecimientos —con fugas de gas, fallas de calefacción, problemas eléctricos y falta de seguridad— y demandaron inversiones inmediatas para garantizar “escuelas seguras y dignas para enseñar y aprender”.

Carta abierta de UDOCBA a los docentes Bonaerenses

La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió esta semana a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial. Sin embargo, tras un paro total de actividades, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que ordena la reincorporación provisoria de los despedidos mientras avanzan las negociaciones.

La decisión de la empresa impactó en una parte significativa de los 200 operarios y 100 empleados administrativos que integran la planta. Los telegramas de despido fueron enviados el lunes 3 de noviembre, invocando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las desvinculaciones con indemnización.

Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un paro total de producción y realizaron asambleas dentro del establecimiento. Al tercer día del conflicto, fueron informados de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que derivó en la conciliación.

Conciliación obligatoria y dudas sobre la reestructuración

El Sindicato del Personal Petroquímico anunció la medida de conciliación, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles de negociación. Sin embargo, surgieron cuestionamientos entre los trabajadores porque el acta no fue presentada por escrito, ya que “el delegado regional estaba en el cónclave de la CGT por la nueva conducción”. Por ahora, la empresa debe demostrar su cumplimiento efectivo.

Desde la compañía, dedicada a la fabricación de envases Cryovac y embalajes protectores, se informó que la reestructuración implicaría una reducción del 40% del personal. Pero los trabajadores sostienen que las jornadas de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen sin cambios desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste.

Un representante gremial expresó que “para los trabajadores, el escenario exige otro paso: durante los 15 días de conciliación, se torna prioridad un plan de lucha estructurado, que contemple el reporte de negociaciones en actas, la participación activa de la asamblea y vigilancia ante los rumores de pasillo”.

En paralelo, fuentes del sector remarcaron que a nivel global la casa matriz de Sealed Air, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.), registró ingresos por 1.350 millones de dólares en el tercer trimestre y mantiene liderazgo en su rubro, aunque proyecta un menor crecimiento para 2026.

El conflicto en Sealed Air Quilmes se suma a una serie de despidos en distintas ramas de la industria manufacturera bonaerense, donde las empresas argumentan “ajustes de estructura” en un contexto de caída del consumo y aumento de costos, mientras los sindicatos denuncian una ola de despidos preventivos.

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los productos de la marca SanCor, entre ellos los yogures, flanes y postres Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. La empresa cuenta con una planta en Córdoba y otra en Arenaza, pequeña localidad del partido de Lincon.

La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, la red logística de ARSA contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.

La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal.

Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió, los compromisos económicos quedaron impagos y la quiebra fue inminente.

Los trabajadores denunciaron haber cobrado salarios irregulares, parciales y atrasados, con pagos en efectivo que apenas alcanzaban un cuarto del sueldo. Además, aseguraron que la empresa no realizó aportes a la obra social durante tres años y medio, y que varios empleados optaron por darse de baja antes del fallo judicial.

El dirigente de Atilra Junín y trabajador de la planta Arenaza, Martín Valente, explicó que semanas antes de la quiebra la empresa intentó aplicar un esquema de suspensiones. “Se presentaron tres personas de ARSA casa central argumentando que la crisis actual se sumó a la situación financiera de la empresa que viene de arrastre de varios años”.

Golpe fatal para Arenaza, un pueblo de 1300 habitantes

Arenaza es una localidad del partido de Lincoln de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera. La planta de ARSA —controlada por el Grupo Maralac— es la principal fuente de empleo y motor económico del pueblo. Todos en la localidad tienen familiares que trabajaron o trabajan en ARSA.

El cese de actividades por 30 días, anunciado antes de la quiebra, ya había generado alarma en la comunidad. En ese momento, la empresa había atribuido su decisión a una serie de dificultades operativas, entre ellas los cortes de energía, la crisis de Vicentín y embargos judiciales en su planta de Córdoba.

Desde Atilra denunciaron que “ARSA ha fraudelentado toda su actividad desde su inicio” y anticiparon que los trabajadores seguirán organizados y en lucha para evitar el vaciamiento definitivo.