Kicillof inauguró las obras de ampliación del Polo Judicial de Avellaneda – Lanús
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración de la obra de remodelación y ampliación del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, junto a los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; el intendente Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra.
La iniciativa, que implicó una inversión de $135 millones, posibilitó la creación de los espacios necesarios para albergar a tres nuevos Juzgados de Familia (N°5, N°6 y N°8), que se sumarán a los dos ya existentes en el edificio.
Kicillof destacó: «Estamos inaugurando una obra muy esperada en un edificio precioso, de calidad, que amplía derechos y mejora la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. Hemos dado este paso tras haber reactivado las obras de infraestructura judicial que habían sido paralizadas durante el Gobierno anterior”.
Al respecto, Alak señaló: “Avellaneda es uno de los municipios que más se ha preocupado por mejorar el sistema de administración de justicia y se ha transformado en uno de los polos judiciales más importantes de la provincia. Este no es un hecho aislado, también estamos avanzando con los proyectos de los polos judiciales de Olavarría, La Plata y Tandil”.
En el marco de la ampliación del edificio de 1.667 metros cuadrados, se llevó a cabo la remodelación del primer piso en el Departamento Judicial (Anexo Dorrego), donde se crearon nuevas oficinas y salas de audiencias para los juzgados de familia.
Asimismo, se sumaron 150 metros cuadrados destinados al archivo de expedientes judiciales, en tanto que se ejecutaron obras de remodelación y reparación de cubiertas.
En ese sentido, Katopodis resaltó: “Aquí no hay ningún tipo de improvisación, sino todo lo contrario: dirigentes que trabajan para cumplir con las expectativas y representar los intereses de nuestro pueblo”, al tiempo que valoró que “Avellaneda siempre ha sido una referencia de cómo lo público es sinónimo de calidad y oportunidades”.
“En esta obra se ve reflejado el compromiso del Gobierno Nacional y Provincial para garantizar un mejor acceso a la Justicia”, indicó Ferraresi, en tanto que remarcó “la articulación fundamental entre el municipio y el Poder Judicial para atender una prioridad como la niñez”.
Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, suscribieron un convenio para la construcción de 104 viviendas en La Saladita, donde se destinará una inversión de $1.607 millones. Las soluciones habitacionales estarán distribuidas en dos torres de 12 pisos cada una, ubicadas en las calles Génova, General Escalada y Rivera Indarte.
“Ya sea por desidia o por decisión política, durante el gobierno anterior se decidió no finalizar los proyectos que reconocieran todo lo que se había avanzado, y este es uno de ellos. En la provincia había una gran cantidad de obras paralizadas que incluían a los polos judiciales, escuelas y viviendas”, subrayó el Gobernador y concluyó: “Nosotros nos propusimos terminar todas las obras, sin mirar quién las había empezado, porque trabajamos para generar oportunidades y ampliar los derechos de los y las bonaerenses”.
Estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; la diputada nacional Mónica Litza; el secretario de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, Alejo Chornobroff; dirigentes locales; autoridades judiciales; concejales y concejalas.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Gobierno de Salta avanzaron en un acuerdo de cooperación para fortalecer el control del transporte de mercaderías y combatir el contrabando. El titular del organismo bonaerense, Cristian Girard, advirtió que el comercio ilegal provoca pérdidas tributarias por unos 2 mil millones de dólares anuales y afecta a la producción y el empleo argentino.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, encabezaron una serie de jornadas de trabajo destinadas a profundizar el convenio de cooperación entre ambas provincias para intercambiar información, compartir tecnología y fortalecer las tareas de fiscalización tributaria.
Como parte de las actividades, los funcionarios recorrieron el puesto de control de Salvador Mazza, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la frontera con Bolivia, y sobrevolaron la zona limítrofe hasta Aguas Blancas, sobre el río Bermejo, para conocer el funcionamiento de los operativos destinados a combatir el ingreso ilegal de mercaderías.
Girard: “El contrabando provoca pérdidas por US$2.000 millones”
Durante la visita, el titular de ARBA destacó la inversión realizada por Salta para fortalecer los controles fronterizos y remarcó la necesidad de coordinar acciones entre las provincias.
«A partir de un convenio de colaboración que tenemos para fiscalizar el transporte de mercaderías, vinimos a conocer este nuevo puesto de control fronterizo, una inversión importante que hizo la provincia de Salta para atacar la problemática del contrabando, que provoca una pérdida de recursos fiscales, pero que también tiene un impacto negativo sobre la producción y el empleo argentino», afirmó.
Girard aseguró que el fenómeno viene creciendo en los últimos años y sostuvo que la articulación entre jurisdicciones resulta clave para enfrentarlo.
«El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los 2.000 millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión para fortalecer las capacidades de fiscalización y, de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional», señaló.
Intercambio de tecnología y controles
El convenio entre ambas provincias contempla la transferencia de conocimientos técnicos y la implementación de herramientas utilizadas por ARBA para el seguimiento del transporte de mercaderías.
Entre ellas se encuentra el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permite informar y controlar el movimiento de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires y entre las jurisdicciones adheridas, facilitando la trazabilidad de las cargas y la detección de maniobras de evasión fiscal.
Girard resaltó además «el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA».
«Vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito», afirmó.
Cooperación entre provincias
Por su parte, el ministro salteño Roberto Dib Ashur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones tributarias provinciales.
«Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta», expresó.
Además, sostuvo que «la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental» para potenciar el desarrollo económico del país.
La recorrida también incluyó el proyecto del futuro puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que recibirá el transporte de mercaderías proveniente de Orán.
Actualmente, además de Salta, ARBA mantiene convenios de cooperación en materia de control tributario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.
El impacto de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo se refleja directamente en las aulas bonaerenses. Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), confirmó en #TodoprovincialStream que se emite en los Estudios de Área 51, que los 223 Centros de Formación Laboral distribuidos en 129 municipios de la Provincia experimentaron una explosión en su matrícula.
«Tuvimos en 2025 un número de un poco más de 155.000 alumnos, con una terminalidad cercana a los 113.000 egresados. Ya llevamos casi medio millón de alumnos en estos años de gestión», detalló el funcionario de la cartera laboral que conduce Walter Correa.
Para Berrueco, este fenómeno responde a una necesidad urgente de reinserción: «Cuando hay momentos económicos recesivos como en el que estamos, la oferta para el trabajo aumenta porque es donde uno va a buscar la oportunidad de una changa. En el último año y medio, el segmento de entre 35 y 45 años aumentó el doble; es la población que está perdiendo el trabajo producto del industricidio de Javier Milei y busca nuevas herramientas».
Al mismo tiempo, desmintió los estigmas sobre las nuevas generaciones. «Casi un 55% de la matrícula tiene entre 16 y 35 años, lo que nos da cuenta de que es una posverdad decir que la juventud no está interesada en el trabajo o que está perdida», sentenció.
El desfinanciamiento nacional a la educación técnica
Durante la entrevista, el funcionario provincial trazó un duro diagnóstico sobre el accionar del Gobierno Nacional respecto a la educación técnica y profesional, advirtiendo sobre un retiro total de los fondos contemplados históricamente.
«El presupuesto nacional aprobado para el 2026 eliminó toda la erogación presupuestaria para la modalidad técnica. La escuela secundaria técnica, la escuela agraria, los centros de formación profesional y laboral, y los institutos superiores se quedaron sin financiamiento», denunció Berrueco.
En el terreno estrictamente político, el dirigente de Lanús analizó el estado de situación del peronismo y apuntó contra quienes apuestan a consolidar «una minoría intensa que vale la pena defender por sobre el hambre y el sufrimiento de millones de trabajadores». En esa línea, pidió dar las discusiones internas sin dramatismos para volver a construir una mayoría.
«Creemos que es tiempo de que quienes han podido transformar sus ciudades se sienten en ese concierto provincial a discutir la continuidad y la profundización de este proceso. Para nosotros, esa persona es Jorge Ferraresi«, aseguró.
Finalmente, respaldó la proyección nacional del actual gobernador bonaerense: «Axel ha gobernado casi 8 años la provincia más importante del país, a la cual le robaron los fondos, y ha mostrado grandes virtudes y fortalezas para poder encarar un proceso de construcción federal en la Argentina».
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a asesorar al Poder Ejecutivo en la planificación y el desarrollo del sistema portuario regional. Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años.
La conformación del Consejo fue presentada como una herramienta de articulación entre los distintos actores públicos, privados, productivos y sindicales vinculados a la actividad portuaria bonaerense.
La medida fue ratificada mediante la Resolución N° 8-SSAPMPCEITGP-2026 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios.
Una mesa amplia para el sistema portuario bonaerense
El nuevo organismo será presidido por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y estará integrado por los titulares de los consorcios de gestión pública de los puertos bonaerenses.
Entre las designaciones figuran Susana Haydee González por La Plata, Mónica Edith Litza por Dock Sud, Cecilia Lorena Comerio por San Nicolás, Santiago Andrés Mandolesi Burgos por Bahía Blanca, Diego Javier Piñero por Coronel Rosales, Marcos Horacio Gutiérrez por Mar del Plata, Hernán Martín Lania por Olivos y Carlos Francisco Casini por San Pedro.
La estructura también incorpora a representantes del sector privado y productivo. En ese marco, fue designada Gabriela Nidia Ardissone, en representación de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, mientras que Sandra Noemí Cipolla y Diego Hernán Kukulanski estarán presentes por la industria naval y el sector automotor, respectivamente.
La actividad pesquera tendrá participación directa dentro del Consejo con Diego García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, y María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas. A su vez, el gremio pesquero estará representado por Pablo Trueba, del Sindicato Marítimo de Pescadores.
Participación sindical y productiva
La resolución también prevé una fuerte presencia del sector sindical y de entidades vinculadas con la logística y la actividad marítimo-portuaria. Entre ellas figuran referentes de la CATT, FEMPINRA, FEPA y FESIMAF, además de dirigentes como Juan Carlos Schmid, Roberto Eduardo Coria y Juan Antonio Speroni.
La representación empresarial y productiva se completa con entidades ligadas a la industria automotriz, metalúrgica, alimenticia, aceitera, química y petroquímica, fertilizantes, navegación y cooperativismo, entre otras ramas vinculadas a las cadenas logísticas que operan con los puertos bonaerenses.
Según la resolución, los cargos serán ad honorem y tendrán una vigencia de dos años. El objetivo del Consejo será elaborar propuestas para la gestión logística, formular recomendaciones sobre servicios conexos y promover la capacitación técnica, además de fortalecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario provincial.