La Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como “Ley de Etiquetado Frontal”, fue sancionada en 2021 con el objetivo de ayudar a la población a adoptar una alimentación saludable a través del uso de sellos de advertencia en alimentos envasados y bebidas analcohólicas.

Mediante octógonos negros, busca alertar a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, promoviendo la toma de decisiones asertivas y activas. Asimismo, la norma regula la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, prohíbe el patrocinio de productos con sellos y promueve la inclusión de educación alimentaria nutricional en las escuelas para construir hábitos saludables desde la infancia.

La Lic. María Eugenia Golzi junto a la Dra. Nadia Florencia Nagai, investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, explican que la ley fue impulsada como respuesta a una problemática sanitaria concreta.

Según la 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, Argentina enfrenta una creciente epidemia de sobrepeso y obesidad. En sintonía, la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reveló que el 61,6% de la población presenta exceso de peso: 36,3% de sobrepeso y 25,3% de obesidad. Esta problemática, estrechamente vinculada al aumento en el consumo de productos ultraprocesados de alta densidad energética y baja calidad nutricional, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las cardiopatías.

Por su parte las licenciadas Ingrid Karpenko y Daiana Giuliano, docentes de la carrera de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, sostienen que las afecciones cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en Argentina y, junto con la diabetes y otras alteraciones crónicas, representan una de las principales cargas de enfermedad para el sistema de salud. En este contexto, el etiquetado frontal es una herramienta de salud pública que permite a la población acceder a información clara y comprensible para tomar decisiones alimentarias más informadas.

Saber qué comemos, es un derecho

Sin embargo, el reciente anuncio oficial sobre la intención de derogar esta ley volvió a instalar el debate sobre el rol del Estado en la alimentación y el derecho de los consumidores a acceder a información clara. Entre los principales argumentos para su eliminación se sostiene que los octógonos confunden al consumidor, que los criterios nutricionales son demasiado estrictos, que la medida genera costos excesivos para la industria y que dificulta la armonización comercial con otros países del Mercosur.

Eliminar la norma de raíz bajo estas premisas sería un retroceso respecto a los debates previos; pero defender su existencia nos obliga a ser intelectualmente honestos para reconocer que el sistema es perfectible.

El objetivo de las advertencias frontales no es reemplazar la educación alimentaria, sino facilitar decisiones de compra en contextos cotidianos donde la lectura detallada de la tabla nutricional suele ser limitada por falta de tiempo o de comprensión técnica.

Diversos estudios realizados en países como Chile y México, que implementaron sistemas similares, muestran que el etiquetado frontal permite a los consumidores identificar de forma rápida y sencilla productos con excesos de nutrientes críticos.

En el plano local, un estudio llevado a cabo en Argentina por Malzoni y Secchi demostró que el etiquetado frontal tiene un impacto real y directo en el patrón de compra de alimentos envasados, reconfigurando las elecciones de los consumidores hacia opciones más conscientes.

Es perfectible

Otro de los principales puntos en discusión radica en la adopción estricta del Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este modelo calcula los límites de nutrientes críticos basándose exclusivamente en el porcentaje de energía total (calorías) aportado por ese nutriente, y no en gramos por porción. Si bien los especialistas en salud pública defienden esta rigurosidad como una respuesta proporcional al avance de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en la práctica cotidiana su rigidez matemática genera el fenómeno de “fatiga de advertencia”. Por ello, una posible optimización en el cálculo del perfil de nutrientes permitiría alcanzar una mayor especificidad matemática. Esto podría resolver de forma simultánea dos de los grandes ejes que motorizan el pedido de derogación: por un lado, se evitarían pérdidas económicas injustificadas para la industria alimentaria; por el otro, facilitaría rutas comerciales hacia otros países, como los que integran el Mercosur, sin perder la transparencia nutricional ni la visibilidad de las advertencias, remarcan Golzi y Nagai.

Para Karpenko, es necesario aclarar que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional no busca “mejorar” la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, sino eliminarla. La propuesta implica la derogación de herramientas centrales que garantizan el derecho de la población a recibir información clara sobre los alimentos que consume.

En los hechos, esto significaría:

• Eliminar el etiquetado frontal con octógonos negros.
• Debilitar las restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.
• Retroceder en la regulación de entornos escolares saludables.
• Sustituir información clara y visible por tablas nutricionales complejas y de difícil lectura.

Por otro lado, un punto que el Gobierno intenta instalar como positivo es el argumento vinculado a los costos para pequeñas y medianas empresas. Plantea que la adecuación de envases y líneas de producción implica gastos para productores PyME (este cambio ya debieron hacerlo durante el proceso de implementación de la ley).

Sin embargo, este argumento oculta que el mercado alimentario argentino está concentrado por grandes empresas nacionales y multinacionales, principales beneficiarias de la derogación. Las mayores afectadas por la ley no son las economías regionales ni los pequeños productores, sino las grandes industrias de alimentos ultraprocesados.

Golzi y Nagai agregan que el debate en torno a la eventual derogación de la ley excede la discusión técnica sobre los sellos y pone en tensión dos modelos de política pública: uno orientado a la regulación sanitaria y la prevención de enfermedades, y otro centrado en la desregulación económica y la reducción de intervenciones estatales sobre el mercado. La solución superadora no reside en ninguna de estas posiciones antagónicas, sino en una actualización de la norma sustentada en evidencia científica.

A su vez, es necesario remarcar que el desafío actual del Estado es convocar a comités científicos multidisciplinarios para revisar los aspectos perfectibles de la ley vigente, comprendiendo que una salud pública basada en la evidencia no destruye las leyes cuando estas presentan desafíos, sino que las perfecciona mediante la ciencia y las complementa con estrategias sostenidas de educación alimentaria.

El hecho ocurrió durante una clase de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN con sede en Olavarría. La comunidad universitaria repudió los dichos, exigió medidas institucionales y el docente presentó su renuncia.

Un grave episodio de violencia institucional sacudió a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, en Olavarría, luego de que un docente amenazara a una estudiante durante una clase de la carrera de Medicina con una frase que remite directamente al accionar represivo de la última dictadura cívico-militar.

Según reconstruyó el Centro de Estudiantes a partir del relato de compañeros que presenciaron la situación, el hecho ocurrió durante una clase de tercer año, cuando una alumna realizó una observación sobre los últimos cambios incorporados en la guía para el tratamiento del asma.

Ante esa intervención, el docente Walter Ressia reaccionó con violencia y expresó: «A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí«.

La frase generó conmoción entre estudiantes y docentes por la gravedad de la referencia a los vehículos utilizados durante el terrorismo de Estado para secuestrar personas durante la última dictadura.

Fuerte repudio de la comunidad universitaria

Desde el Centro de Estudiantes consideraron que se trató de «una amenaza simbólica de enorme gravedad» que remite «de manera directa a las prácticas de secuestro, desaparición forzada y asesinato perpetradas durante la última dictadura cívico-militar».

Además, remarcaron que los dichos estuvieron dirigidos hacia una estudiante mujer, por lo que también constituyen una manifestación de violencia de género que no puede ser naturalizada, especialmente en un contexto marcado por la persistencia de los femicidios.

«No estamos hablando de cualquier expresión: estamos hablando de referencias a la muerte y a la eliminación de una mujer en un contexto social atravesado por violencias que continúan cobrándose vidas», expresaron desde el sector estudiantil.

Asimismo, advirtieron que la universidad pública debe garantizar espacios seguros y libres de violencia, donde los estudiantes puedan desarrollarse «con libertad y sin miedo».

La Facultad repudió el hecho y tomó medidas

Tras conocerse lo sucedido, la Facultad de Ciencias de la Salud emitió una resolución en la que manifestó su «más enérgico repudio» ante los hechos de violencia ocurridos durante la clase.

La unidad académica informó que las autoridades intervinieron de forma inmediata y que el Consejo Académico aprobó la Resolución N° 51/26, mediante la cual se dispusieron una serie de acciones concretas.

Entre ellas, se resolvió expresar el repudio institucional formal, incorporar los pronunciamientos de los distintos claustros como antecedente y solicitar que los antecedentes del caso queden registrados en el legajo del docente para que sean considerados en futuros procesos de designación dentro de la UNCPBA.

Además, se impulsarán instancias de formación en perspectiva de género, derechos humanos, memoria, verdad y justicia destinadas a toda la comunidad universitaria.

La Facultad confirmó también que el docente involucrado presentó su renuncia, aunque aclaró que «ninguna renuncia puede sustituir la responsabilidad colectiva de nombrar la violencia, rechazarla y actuar para que no vuelva a repetirse».

«A 50 años del Golpe de Estado, y a días de una nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos, reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública libre de violencias, inclusiva y comprometida con los principios de Memoria, Verdad y Justicia«, señalaron desde la institución.

Reclaman que la renuncia no cierre el caso

En tanto, el Claustro Nodocente también expresó su repudio a las expresiones atribuidas al docente al considerar que resultan incompatibles con los principios de respeto e igualdad que deben regir en el ámbito universitario.

Desde ese sector sostuvieron que la eventual renuncia «no constituye una respuesta suficiente frente a la gravedad de los hechos» y reclamaron que las actuaciones queden formalmente asentadas para generar antecedentes institucionales claros.

Para los distintos sectores de la comunidad educativa, lo ocurrido obliga a profundizar las herramientas de prevención y abordaje de situaciones de violencia institucional y violencia de género, además de fortalecer una cultura universitaria basada en el respeto, la convivencia democrática y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Un violento episodio ocurrido a la salida de los boliches de Playa Grande, en Mar del Plata, terminó con un joven de 22 años oriundo de Olavarría atropellado por un automóvil luego de haber sido empujado por otro joven, identificado como un jugador de rugby de la ciudad balnearia.

La víctima es Valentín Lastra, quien sufrió el impacto de un vehículo tras caer sobre la calzada luego de una agresión ocurrida durante la madrugada del fin de semana. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una fuerte repercusión.

Según contó el padre de la víctima, Lastra estaba yendo a buscar su auto a la cochera y en el trayecto se cruzó con un cuidacoches de la zona que estaba siendo agrediendo por un joven rugbier identificado como Matías Fay. Lastra le pidió que terminase el hostigamiento pero el agresor lo agarró cuello y le exigió que le pidiera perdón. Luego lo empujó contra un auto en movimiento.

Testigos indicaron que, segundos antes del empujón, el agresor le habría dicho: «Ahora me pedís perdón».

A pesar del fuerte impacto contra el parabrisas del vehículo, Valentín Lastra fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) de Mar del Plata, donde recibió atención médica y fue sometido a distintos estudios. Posteriormente recibió el alta, al constatarse que no presentaba lesiones de gravedad.

“Pido colaboración para evitar la impunidad y reclamar que la justicia actúe con urgencia y firmeza”, expresó la víctima en sus redes sociales y agregó: “Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción”.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4, encabezada por la fiscal Costanza Mandagarán, quien imputó a Fay por el delito de lesiones dolosas. El joven fue demorado por la policía y luego recuperó la libertad.

Sin embargo, la representación legal de Lastra solicitó que la Justicia evalúe una calificación más grave. Los abogados Leandro Laserna y Sebastián Vicente consideraron que los hechos podrían encuadrarse como una tentativa de homicidio.

A través de sus redes sociales, el joven olavarriense reclamó: «Solicitamos que se disponga la inmediata detención de mi agresor y que se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio, ya que actualmente la causa continúa tramitando bajo una calificación que, a nuestro entender, no refleja adecuadamente la gravedad de lo ocurrido».

Los abogados de la víctima aseguraron además que «no hubo ninguna situación que hiciera vislumbrar la posibilidad de una pelea» y remarcaron que Lastra «simplemente intentó frenar una situación de maltrato hacia un cuidacoches».