La crisis de la industria automotriz ya golpea de lleno a las pequeñas localidades bonaerenses. En Jeppener, un pueblo de apenas 2.400 habitantes del partido de Brandsen, la empresa autopartista Clapp que produce para Peugeot despedirá a la mitad de su personal en los próximos días, lo que genera una fuerte preocupación por el impacto social y económico en la comunidad.

La firma, que cuenta con una larga trayectoria de más de 50 años en el país, despedirá 35 de sus 70 empleados en un contexto marcado por la caída de la producción de Stellantis, su único cliente. El ajuste incluye 28 despidos acordados con la UOM y otros 7 puestos jerárquicos.

En una localidad chica como Jeppener, cada puesto de trabajo tiene un efecto multiplicador. La pérdida de más de 30 empleos implica una reducción significativa de ingresos en el pueblo, con impacto directo en comercios, servicios y la vida cotidiana.

“Al bajar allá, bajan acá”, resumió un trabajador sobre la situación, en referencia a los más de 500 despidos en la planta de Peugeot en El Palomar. La caída de la producción en esa fábrica repercute de manera inmediata en toda la cadena autopartista.

Actualmente, la mayoría de los trabajadores de Clapp se encuentran suspendios, con apenas una decena de empleados cumpliendo tareas mínimas. Además, denuncian que la empresa intentó pagar indemnizaciones por debajo de lo acordado con el gremio.

El escenario es aún más complejo por las versiones sobre un posible traslado de la producción de Stellantis a Brasil. De concretarse, dejaría sin sustento a la autopartista, que depende exclusivamente de esa terminal.

Según relataron trabajadores, desde la empresa ya deslizaron que la planta podría cerrar antes de fin de año, lo que significaría un golpe devastador para Jeppener.

La situación refleja el impacto de la caída de la actividad automotriz en toda la cadena productiva. En pueblos pequeños, donde las oportunidades laborales son limitadas, este tipo de recortes no sólo afecta a las familias directamente involucradas, sino que compromete el entramado económico y social de toda la comunidad.

Crece la incertidumbre en torno al futuro de la atención presencial de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, luego de que desde el gremio del sector advirtieran sobre un plan para cerrar progresivamente todas sus oficinas físicas en el interior bonaerense.

La preocupación fue planteada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), Ezequiel Serra, quien aseguró que, aunque no existe una comunicación oficial, la empresa ya habría iniciado gestiones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para avanzar con el cierre de los centros de atención al público.

Avanza un plan de cierre y crece la preocupación

Según explicó Serra, la decisión se sustenta en que “el 98% de los trámites ya se realizan de manera digital”, una tendencia que se consolidó durante la pandemia. Sin embargo, desde el sindicato cuestionan ese argumento.

Advierten que una parte importante de los usuarios —en especial adultos mayores— continúa dependiendo de la atención presencial para resolver problemas vinculados a facturación, reclamos o consultas técnicas.

El proceso ya habría comenzado en localidades más pequeñas como Coronel Vidal y General Lavalle, donde se registraron los primeros cierres. En paralelo, en ciudades como Olavarría, Tandil y Azul, la empresa habría iniciado tareas de venta y desmantelamiento de oficinas.

Qué pasará con las oficinas y los trabajadores

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el futuro de la sede de Mar del Plata, una de las principales de la región, que atiende diariamente a miles de usuarios.

“Cuando hablamos de cerrar todas, está incluida la de Mar del Plata”, advirtió Serra, quien también remarcó la necesidad de mayor control estatal sobre estas decisiones.

De acuerdo a lo que trascendió, el Enargas no habría autorizado un cierre inmediato total, pero sí una transición gradual de hasta ocho meses, con el objetivo de evitar un colapso en la atención y permitir que los usuarios se adapten a los canales digitales.

En cuanto a los trabajadores, desde la empresa habrían señalado que los puestos laborales serían reubicados en otras áreas, aunque la incertidumbre persiste en el sector.

Mientras tanto, el debate ya está instalado: por un lado, la digitalización como tendencia creciente; por el otro, el riesgo de dejar sin atención directa a miles de usuarios en el interior.

Este martes 21 de abril no habrá clases en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires debido al paro nacional de ATE, gremio que nuclea a la gran mayoría de los auxiliares de la educación. A la medida también se sumarán sectores docentes enrolados en SUTEBA Multicolor, lo que profundizará el impacto en el sistema educativo.

La protesta fue definida por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para exigir la reapertura de paritarias y rechazar los recortes en el Estado nacional.

Sin auxiliares y con adhesión docente, se complica el dictado de clases

Aunque el paro afecta principalmente a los porteros y auxiliares escolares, cuya ausencia impide el normal funcionamiento de los establecimientos, la adhesión de docentes de la Multicolor —sector disidente de SUTEBA alineado con partidos de izquierda— refuerza el escenario de suspensión de actividades en numerosos distritos.

Desde ese espacio convocaron a parar junto a ATE “por presupuesto para educación, salarios y contra la vulneración a nuestros pibes y pibas”.

Además, impulsan durante la semana actividades como abrazos a las escuelas y acciones de difusión hacia la comunidad educativa.

Reclamos educativos y sociales

Entre los principales planteos de la Multicolor se destacan:

• “Basta de criminalizar a nuestra juventud. ¡Fuera la policía de las escuelas!”
• Salario igual a la canasta familiar para docentes y auxiliares
• Creación de horas institucionales pagas y fortalecimiento del acompañamiento pedagógico
• Presencia de Equipos de Orientación Escolar en todas las escuelas
• Implementación de parejas pedagógicas en aulas con más de 15 estudiantes
• Desarrollo de dispositivos de salud mental públicos articulados con las escuelas
• Mayor presupuesto para hospitales, centros de salud y servicios de niñez
• Políticas de cuidado y licencias laborales para las familias trabajadoras
• Fomento de la participación comunitaria en las escuelas

Críticas al Gobierno nacional

Desde ATE provincia de Buenos Aires, el secretario general Claudio Arévalo cuestionó con dureza la gestión nacional: “Necesitamos fortalecer la lucha en la calle para confrontar al gobierno nacional que ataca a los jubilados y trabajadores”.

También advirtió sobre el impacto de los recortes: “La quita de recursos afecta directamente a las políticas públicas de salud, niñez y programas sociales”.

Y concluyó: “Este gobierno está destruyendo el Estado. Desde que asumió Javier Milei no ha sacado una sola medida que favorezca a las mayorías populares”.