Crece la incertidumbre en torno al futuro de la atención presencial de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, luego de que desde el gremio del sector advirtieran sobre un plan para cerrar progresivamente todas sus oficinas físicas en el interior bonaerense.

La preocupación fue planteada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), Ezequiel Serra, quien aseguró que, aunque no existe una comunicación oficial, la empresa ya habría iniciado gestiones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para avanzar con el cierre de los centros de atención al público.

Avanza un plan de cierre y crece la preocupación

Según explicó Serra, la decisión se sustenta en que “el 98% de los trámites ya se realizan de manera digital”, una tendencia que se consolidó durante la pandemia. Sin embargo, desde el sindicato cuestionan ese argumento.

Advierten que una parte importante de los usuarios —en especial adultos mayores— continúa dependiendo de la atención presencial para resolver problemas vinculados a facturación, reclamos o consultas técnicas.

El proceso ya habría comenzado en localidades más pequeñas como Coronel Vidal y General Lavalle, donde se registraron los primeros cierres. En paralelo, en ciudades como Olavarría, Tandil y Azul, la empresa habría iniciado tareas de venta y desmantelamiento de oficinas.

Qué pasará con las oficinas y los trabajadores

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el futuro de la sede de Mar del Plata, una de las principales de la región, que atiende diariamente a miles de usuarios.

“Cuando hablamos de cerrar todas, está incluida la de Mar del Plata”, advirtió Serra, quien también remarcó la necesidad de mayor control estatal sobre estas decisiones.

De acuerdo a lo que trascendió, el Enargas no habría autorizado un cierre inmediato total, pero sí una transición gradual de hasta ocho meses, con el objetivo de evitar un colapso en la atención y permitir que los usuarios se adapten a los canales digitales.

En cuanto a los trabajadores, desde la empresa habrían señalado que los puestos laborales serían reubicados en otras áreas, aunque la incertidumbre persiste en el sector.

Mientras tanto, el debate ya está instalado: por un lado, la digitalización como tendencia creciente; por el otro, el riesgo de dejar sin atención directa a miles de usuarios en el interior.

Este martes 21 de abril no habrá clases en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires debido al paro nacional de ATE, gremio que nuclea a la gran mayoría de los auxiliares de la educación. A la medida también se sumarán sectores docentes enrolados en SUTEBA Multicolor, lo que profundizará el impacto en el sistema educativo.

La protesta fue definida por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para exigir la reapertura de paritarias y rechazar los recortes en el Estado nacional.

Sin auxiliares y con adhesión docente, se complica el dictado de clases

Aunque el paro afecta principalmente a los porteros y auxiliares escolares, cuya ausencia impide el normal funcionamiento de los establecimientos, la adhesión de docentes de la Multicolor —sector disidente de SUTEBA alineado con partidos de izquierda— refuerza el escenario de suspensión de actividades en numerosos distritos.

Desde ese espacio convocaron a parar junto a ATE “por presupuesto para educación, salarios y contra la vulneración a nuestros pibes y pibas”.

Además, impulsan durante la semana actividades como abrazos a las escuelas y acciones de difusión hacia la comunidad educativa.

Reclamos educativos y sociales

Entre los principales planteos de la Multicolor se destacan:

• “Basta de criminalizar a nuestra juventud. ¡Fuera la policía de las escuelas!”
• Salario igual a la canasta familiar para docentes y auxiliares
• Creación de horas institucionales pagas y fortalecimiento del acompañamiento pedagógico
• Presencia de Equipos de Orientación Escolar en todas las escuelas
• Implementación de parejas pedagógicas en aulas con más de 15 estudiantes
• Desarrollo de dispositivos de salud mental públicos articulados con las escuelas
• Mayor presupuesto para hospitales, centros de salud y servicios de niñez
• Políticas de cuidado y licencias laborales para las familias trabajadoras
• Fomento de la participación comunitaria en las escuelas

Críticas al Gobierno nacional

Desde ATE provincia de Buenos Aires, el secretario general Claudio Arévalo cuestionó con dureza la gestión nacional: “Necesitamos fortalecer la lucha en la calle para confrontar al gobierno nacional que ataca a los jubilados y trabajadores”.

También advirtió sobre el impacto de los recortes: “La quita de recursos afecta directamente a las políticas públicas de salud, niñez y programas sociales”.

Y concluyó: “Este gobierno está destruyendo el Estado. Desde que asumió Javier Milei no ha sacado una sola medida que favorezca a las mayorías populares”.

El conflicto por la tarifa de transporte de granos sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que, tras diez días de protestas, se frustrara a último momento la firma de un acuerdo que preveía un aumento del 17%. La decisión de los cargadores de retirar la oferta obligó a los transportistas a continuar con las medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia, con fuerte impacto en el acceso a Puerto Quequén, donde la actividad permanece paralizada.

En diálogo con Todo Provincial, el presidente de ATCADe, Miguel Aguilar, expresó: “Nosotros aceptamos bajar hasta un 17% haciendo un gran esfuerzo. Supuestamente CONINAGRO estaba de acuerdo pero acopiadores lo rechazó”.

“Ellos se mantienen en un aumento del 14% que nosotros rechazamos. CATAC aceptó pero no pudo sacar a los transportistas de las rutas porque no los representan. La tarifa del 14% no está consensuada”, detalló el líder de ATCADe.

Y remarcó: “Nosotros no la aceptamos y nos mantuvimos en pedir un 25%. Por eso seguimos concentrados en la ruta en varios lugares”.

Aunque en algunos puntos como Bahía Blanca comenzaron a levantarse protestas, Aguilar fue claro respecto a la situación en el sudeste bonaerense: “Todo lo que converge a Puerto Quequén está parado. Tres Arroyos, Tandil, Benito Juárez, Orense, Azul, Ayacucho, Balcarce, Otamendi y Lobería están con camiones a la vera de la ruta”.

“Es un juego para desgastar”

El titular de ATCADe también cuestionó la dinámica de la negociación: “Para el transportista es muy difícil entender lo que sucedió. Primero nos ofrecieron un 20%, lo aceptamos pero nos bajaron a un 19% y cedimos, después a 17% y ahora retiraron todo. En vez de subir la oferta con el paso del tiempo la fueron bajando”.

En ese sentido, denunció: “Es un juego que hacen entre ellos para generar un desgaste”.

Además, apuntó contra el poder de los sectores concentrados: “Los acopiadores ya no son solo plantas de silo, son pooles de siembra. Cada uno maneja 5 o 6 mil hectáreas. Son una potencia muy grande”.

Aguilar advirtió que el conflicto ya genera pérdidas millonarias: “El Estado está perdiendo millones de dólares en exportaciones por culpa de este juego de ellos, pero después nos responsabilizan a nosotros”.

También deslizó una lectura política del conflicto: “Creo que detrás de todo esto hay algo político. He visto que CONINAGRO le plantea al gobierno que si no baja las retenciones no puede aumentar nuestra tarifa. Creo que nos están usando”.

Finalmente, concluyó: “Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo pero nos llaman para entretenernos y tomarnos el pelo”.