El Gobierno bonaerense decidió aplicar un congelamiento de la tarifa de la VTV durante 90 días, suspendiendo el aumento previsto para abril de 2025. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 163/2025 del Ministerio de Transporte, en acuerdo con las empresas concesionarias del sistema de verificación técnica.

La decisión se tomó con el objetivo de aliviar el impacto económico sobre los usuarios en el actual contexto inflacionario. De esta forma, se mantendrá sin cambios el valor vigente de la Verificación Técnica Vehicular por un plazo de tres meses.

La tarifa que debía entrar en vigencia el 5 de abril había sido calculada en base al salario de un operario categoría 1 del convenio SMATA-CAVEA, según lo establecido en la anterior Resolución N° 220/2024, que preveía aumentos escalonados hasta diciembre de este año. Para vehículos de hasta 2.500 kg, el valor de la VTV había alcanzado los $63.463,30 con IVA incluido.

La postergación del nuevo cuadro tarifario fue consensuada entre el Estado provincial y las concesionarias, nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). El acuerdo quedó asentado en un acta firmada el 31 de marzo de 2025, que recibió la aprobación de los organismos de control: Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia.

Desde el Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, destacaron que el congelamiento de la tarifa de la VTV es una medida con alcance transitorio, pero esencial para proteger el bolsillo de los conductores bonaerenses en medio de la crisis económica. Además, remarcaron que la decisión se encuentra dentro de las facultades legales del Ejecutivo provincial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la movilización hacia Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó su proscripción electoral.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos frente a una condena absolutamente injusta, fuera de la ley y con un procedimiento judicial totalmente trucho contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Y agregó: «Es también una amenaza, un intento de disciplinamiento al campo popular, a la dirigencia ya los sindicatos que no podemos permitir. Hoy estamos donde tenemos que estar, en la calle, en una manifestación pacífica para denunciar la violencia y la persecución», agregó.

La presencia del gobernador bonaerense se dio en el marco de una movilización multitudinaria y pacífica que reunió columnas de distintos sectores políticos y sindicales, entre ellos Verónica Magario, Andrés Larroque y Fernando Espinoza, entre otros referentes del peronismo bonaerense.

Durante la jornada, Kicillof también cuestionó los fundamentos del gobierno nacional: “¿Qué tiene que ver con la libertad meter preso a quien se opone y piensa distinto? ¿De qué libertad están hablando? Esta es la amenaza: disciplinar al campo popular, a la dirigencia, a los sindicatos. Estamos acá para mostrar lo contrario al gobierno de Milei”.

El mandatario vinculó el fallo de la Corte Suprema con una estrategia política del Ejecutivo nacional. “Está claro que la Corte actúa alineada con los intereses del presidente Javier Milei. Esta movilización es una respuesta popular y pacífica ante un avance antidemocrático”, señaló.

Respecto del proceso electoral que se avecina en septiembre, Kicillof consideró que esta movilización marca un camino. “Vamos a buscar una lista conjunta de todos los sectores, en contra de la cantidad de despidos, del cierre de empresas, del desguace del Estado. Cuando el Gobierno dice que todo marcha según el plan, eso es: desindustrializar, precarizar, destruir el trabajo”.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, puso en marcha una campaña de sensibilización para visibilizar y promover la figura de las Familias Solidarias, una modalidad de cuidado temporal para niñas, niños y adolescentes que deben ser separados de su familia de origen por diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Durante 2023, más de 160 chicos pasaron por esta experiencia, cifra que se elevó a 219 en 2024. En lo que va de este año, ya son 245 los niños, niñas y adolescentes acogidos bajo este programa.

Desde el ministerio que conduce Andrés “Cuervo” Larroque, se impulsa esta política como parte del fortalecimiento del sistema de cuidados alternativos, buscando entornos seguros y afectivos para garantizar el desarrollo integral de los chicos y chicas, mientras se trabaja para restituir sus derechos y revertir las causas que motivaron la medida de abrigo.

La directora ejecutiva del Organismo de Niñez, Andrea Cáceres, explicó que, si bien el programa creció, “buscamos un aumento mucho mayor de parejas o familias monoparentales que se sumen, para que más chicos tengan esta oportunidad. Por eso, lanzamos una campaña para sensibilizar sobre el tema. Desde la Provincia siempre vamos a fomentar el trabajo en comunidad”.

Una experiencia transformadora

Historias como la de Cecilia, una vecina de La Plata, muestran el impacto del programa. Junto a su esposo y su hijo decidió convertirse en Familia Solidaria. “Invitaría a todos a no perderse esta experiencia, porque significa dar amor y ofrecer una alternativa al cuidado en instituciones”, compartió.

Su primera experiencia fue con un niño de 2 años. “Mucha gente me dice ‘yo no podría, me voy a encariñar’. Y sí, claro que uno se encariña, ¡y está bien! De eso se trata: de darlo todo sabiendo que es temporal, de vivir el presente para ellos, de cuidarlos, quererlos y amarlos, sabiendo que en algún momento se irán”, reflexionó.

¿Qué implica ser Familia Solidaria?

El rol consiste en brindar alojamiento, cuidado personalizado y acompañamiento afectivo durante un tiempo limitado, mientras los equipos técnicos de los Servicios Locales y Zonales realizan el seguimiento y trabajan para garantizar la restitución de derechos.

El programa no tiene fines adoptivos. Para postularse, se debe tener más de 21 años, no estar inscripto en el Registro de Adopción ni tener intención adoptiva. También se requiere no contar con antecedentes penales, denuncias por violencia familiar ni figurar como deudores alimentarios.

Las familias reciben capacitación previa, acompañamiento técnico y el apoyo constante de un equipo profesional que orienta y asiste ante cada duda o desafío.

Quienes deseen participar pueden acercarse al Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos más cercano a su domicilio.