Lo sucedido el pasado viernes en la Comisaría 3º de Merlo es el emergente de una crisis estructural que afecta a todo el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires. Sobrepoblación, hacinamiento y torturas sistemáticas son la base de este sistema que sólo reproduce la violencia y vulnera los derechos de las personas detenidas. Esta crisis es el resultado de una política criminal punitivista que podría endurecerse aún más si se aprueban las reformas regresivas a la ley de ejecución penal propuestas por el gobierno provincial, como ya se hizo en Nación el año pasado.
Los hechos ocurridos en la Comisaria 3ra de Merlo, donde los detenidos denunciaron públicamente las condiciones infrahumanas de detención, son un claro ejemplo de la situación dramática que se vive en todos los lugares de encierro de la Provincia. No es un hecho excepcional sino una realidad generalizada.
Como la CPM viene denunciando desde hace años, el sistema está colapsado y genera múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas. Esta situación ha motivado la presentación de cientos de habeas corpus, reiterados informes a la Justicia y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y motivó incluso la solicitud de una medida cautelar ante la CIDH en 2015.
Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades ni los funcionarios judiciales. La política criminal y penitenciaria ha profundizado aún más su sello regresivo conduciendo a un colapso que padecen diariamente las personas detenidas y sus familiares.
Este colapso se expresa, en primer lugar, en la cantidad de personas detenidas en todo el sistema de adultos. A noviembre de 2017 había 42.800 en toda la provincia, lo que implica un 90% de sobrepoblación contra un 65% del año anterior.
En las comisarías la situación se agrava día a día, porque en ninguna de ellas existen las mínimas condiciones para alojar personas. A principios de diciembre de 2017 había 3097 personas detenidas en comisarías, padeciendo estas pésimas condiciones de encierro, con situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo. Los apenas 1.034 camastros existentes en comisarías provinciales son una muestra de la gravedad descrita. Dos de cada tres detenidos duermen en el piso, la mayoría de las veces sin colchón. Este deterioro estructural del sistema es el que se puso en evidencia en la Comisaría 3ra de Merlo.
Por esto, la CPM intervino hoy ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de Morón, para solicitar una serie de medidas tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas allí detenidas. En el mismo escrito, la CPM pide además que se de cumplimiento a la orden de clausura que pesa sobre la Comisaría 3ra de Merlo, al tiempo que prohíba el alojamiento de cualquier otra persona en el futuro.
Esto último resulta crucial porque el deterioro del sistema pone en grave riesgo la vida de miles de personas y vulnera sistemáticamente sus derechos e integridad.
Los antecedentes lo señalan de manera cruda y contundente. La Masacre de la Comisaria 1ra de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo del 2017, fue otro alerta gravísimo no escuchado por el Poder Ejecutivo. Los siete jóvenes incinerados en los calabozos no han interpelado a la toma de decisiones que la situación obliga, ya que no ha habido a la fecha ninguna acción orientada a revertir esta crisis.
Aun hoy, el 80 % de las comisarias que alojan detenidos no cuentan con los medios adecuados para enfrentar incendios o siniestros de ningún tipo: no hay matafuegos, no hay red de incendios o un sistema de contingencia adecuado. La Masacre puede repetirse en cualquier momento, todas las comisarías son escenarios posibles por sus condiciones de alojamiento contrarias a las leyes vigentes.
Pero hay un dato aún más alarmante: las reformas de la ley de ejecución penal aprobadas a nivel nacional provocaran mayor cantidad de personas detenidas; y será más grave aún si el Ejecutivo provincial logra la aprobación de los proyectos regresivos de reforma a la ley de ejecución provincial que envió a la Legislatura.
Al mismo tiempo, tampoco el Poder Judicial actúa como debe hacerlo. Al contrario, sigue convalidando el accionar policial que conduce la política criminal de la provincia. No controla ni garantiza las mínimas condiciones que exige el plexo normativo, la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes. Los detenidos están a disposición de los jueces y son ellos quienes deben velar por sus derechos. Si no lo hacen no es porque no sepan lo que ocurre, sino porque no cumplen con sus deberes como funcionarios públicos y se guían por la demagogia punitiva que no resuelve el problema del delito, sino que lo agrava.
