La CTA de lxs Trabajadorxs, la CTA Autónoma, la UTEP, la Corriente Federal de Trabajadores y representantes de las Organizaciones Sindicales, sociales, productivas y políticas convocan a una «jornada federal de lucha» este jueves 5 de diciembre. En la provincia de Buenos Aires no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas.

En el marco de esta jornada habrá una movilización y un acto en Plaza de Mayo bajo la consigna «La Patria no se vende». «Estamos viviendo un momento en el que crecen la indigencia y el hambre en la Argentina, en contra de lo que dice el Gobierno y de esta euforia de las corporaciones financieras», aseguró Hugo Yasky.

Y advirtió: «El Gobierno tiene una lógica de ajuste permanente y construye una Argentina en la que tiende a desaparecer la industria, cae el consumo de los sectores populares, se concentra la riqueza en pocas manos en nombre de la libertad. Pero la única libertad que nos queda a los sectores populares es la de pasar hambre, la de elegir entre pagar las tarifas o poder tener la comida en la mesa. Nosotrxs no queremos esa libertad. Queremos un país con justicia social».

Por su parte, Hugo Godoy de la CTA Autónoma manifestó: «Esta lucha no se trata solo de resistencia, es una lucha de construcción. El compromiso y el mensaje de todas las Organizaciones que convocamos a esta jornada federal de lucha es por una Patria sin hambre, con Soberanía, con Justicia Social, con paz, con producción y trabajo».

Adhiere a esta medida de fuerza la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). «Con el plan de lucha que los estatales definimos apenas asumió Milei, hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre”, aseguró su titular, Rodlfo Aguiar.

«Se anticipa un alto acatamiento a la huelga del próximo jueves en todos los ministerios y en las provincias”, agregó el dirigente. Las protestas se replicarán en todo el país con manifestaciones, asambleas, radios abiertas y cortes de ruta.

Este viernes 29 de noviembre se llevó a cabo el acto de traspaso de mando en el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), marcando el inicio de una nueva gestión encabezada por el ingeniero Jorge Castellano como presidente de la institución.

En su discurso, Castellano destacó la importancia de continuar con el proyecto de gestión en curso y de enfrentar los desafíos que atraviesa la profesión en el contexto actual. “Estamos en momentos de cambio para la Argentina, que nos obligan a adaptarnos para fortalecer la profesión”, señaló.

Además, enfatizó la voluntad de la nueva gestión de mantener un diálogo constructivo con otras disciplinas como Higiene y Seguridad y agrimensura para resolver tensiones por incumbencias, aunque advirtió que “si de esa manera no se consiguen resultados, estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias”.

El nuevo tesorero del CIPBA, Leandro Campos, alertó sobre el impacto de la disminución en la obra pública, especialmente aquella financiada con capitales nacionales, en la recaudación del Colegio, y adelantó  que la institución implementará nuevos mecanismos para fortalecer sus ingresos y garantizar la sostenibilidad económica.

Por su parte, el vicepresidente Ricardo Brassesco hizo un llamado a la unidad de los ingenieros e ingenieras de la provincia. “La única manera de cuidar nuestra actividad y enfrentar los desafíos inmediatos es trabajando juntos como colectivo profesional”, afirmó, remarcando la importancia de la cohesión interna para la defensa de la ingeniería.

El secretario, Jorge Jurado, respaldó esta postura y subrayó la necesidad de afrontar la gestión con el apoyo de todos los profesionales de la provincia. “Debemos asumir nuestra responsabilidad de defender a la ingeniería y a nuestra entidad en momentos difíciles como estos”, expresó.

Los desafíos para la nueva gestión del Colegio de Ingenieros

La nueva gestión reafirmó su compromiso de combatir la usurpación de incumbencias por parte de otras profesiones y de regularizar la matriculación de quienes trabajan irregularmente en la provincia. Estos puntos, junto con la continuidad de los reclamos administrativos y judiciales para defender las incumbencias profesionales.

Castellano enfatizó que será necesario generar «políticas de fortalecimiento institucional y modernización de procedimientos que nos hagan ser más efectivos, entre ellos un nuevo sistema unificado de gestión on line», dijo.

Este jueves fue el último turno de trabajo en Dánica Llavallol. Los trabajadores que salieron a los 5 de la mañana ya no deben volver porque la empresa les dio vacaciones obligadas hasta que concreten los despidos. Además de eliminar 150 puestos laborales, la firma del mega grupo frigorífico Beltrán pretende pagar indemnizaciones al 50%.

En dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa mostró una postura inflexible de cerrar la planta donde se fábrica margarina desde 1939.

“Con los compañeros hicimos una asamblea, algunos querían ir a la lucha pero la mayoría ya están cansados porque venimos de 5 años de conflictos permanentes”, dijo a Todo Provincial el trabajador de la planta y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA) seccional CABA y Gran Buenos Aires, Diego Kañe.

Con 8 frigoríficos en las principales zonas de producción ganadera del país, el Grupo Beltrán es el número 1 en faena ganadera. En 2018, compró la empresa Dánica al grupo brasileño BRF. Desde ese momento, comenzaron los conflictos laborales constantes.

«De entrada, Beltrán quiso cambiarnos de convenio para que salgamos de aceiteros y pasemos a contratos individuales bajo el convenio de alimentación”, recordó Kañe que mencionó: «En San Luis cerraron la planta y después la reabrieron con nuevos empleados en esas condiciones”.

Aunque desde el SOEIA sospechan una maniobra similar en la histórica planta de Dánica Llavallol, la empresa asegura que avanzará con su cierre definitivo para una unificación de la producción de margarina en Córdoba. “Quieren llevarse la planta de hidrógeno que es el corazón de la fábrica”, advirtió Kañe.

Para colmo, Beltrán pretende pagar las indemnizaciones al 50% y en cuotas, aplicando el artículo 247 que establece esa posibilidad cuando un trabajador es despedido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.

“Ahora nos queda es pelear por la indemnizaciones al 100%”, dijo el representante del SOEIA y reprochó: “Encima tenemos que soportar que pretendan pagar al 50% y en cuotas. Es una cargada, poco más y nos piden que le limpiemos la casa”.

Con este cierre, serán despedidos 100 trabajadores encuadrados en el convenio de aceiteros y unos 50 contratados. En total son 150 personas que se quedarán sin su fuente de sustento.

El próximo miércoles a las 9 de la mañana, los trabajadores se movilizarán a la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata en reclamo del pago de las indemnizaciones en tiempo y forma. Desde el SOEIA reclamarán que mientras dure el conflicto, la firma no avance con el vaciamiento de la planta.

“La verdad que venimos de muchos años de desgaste, todo los años antes de las fiestas empezaban los conflictos. Siempre hablaron de crisis pero en todos estos años les fue muy bien y ganaron mucha plata”, apuntó Kañe.