Las y los trabajadores de Molinos Río de la Plata iniciaron un paro por tiempo indeterminado en rechazo al despido de once empleados, en el marco de lo que consideran un plan de precarización y ajuste laboral por parte de la empresa. La medida fue impulsada por la Comisión Interna y la conducción del STIA filial Buenos Aires, tras una serie de despidos ejecutados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

El paro por despidos en Molinos Río de la Plata comenzó el miércoles 17 a las 21, luego de que seis trabajadores fueran citados a la oficina de Recursos Humanos y notificados de su desvinculación. La escena se repitió este jueves, con cuatro cesantías más, confirmando un proceso que ya había sido denunciado formalmente ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Comisión Interna explicaron que los despidos ocurren en el marco de una reducción deliberada de la dotación de personal, que deja operarios por debajo del mínimo requerido para cada máquina, afectando directamente la seguridad y salud en el trabajo. Denunciaron también la desindicalización y la imposición de condiciones laborales irregulares por parte de la empresa.

“Están despidiendo ilegalmente y ejecutando un plan de precarización que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores”, señalaron desde el gremio, al tiempo que exigieron la reincorporación inmediata, el cese de las cesantías y condiciones laborales dignas y seguras.

El conflicto ya había sido anticipado en audiencias previas ante la cartera laboral bonaerense. El pasado 23 de mayo, los trabajadores habían denunciado públicamente que la empresa —propiedad del grupo Pérez Companc, una de las familias más ricas del país— mantenía reuniones informales con empleados para presionar con rebajas salariales y mayor carga laboral, bajo amenaza de despidos.

El paro por despidos en Molinos Río de la Plata se da en un contexto nacional de ajuste, con una fuerte pérdida de puestos de trabajo industriales. “La motosierra entró en Molinos en sintonía con el Gobierno Nacional. Hay un desprecio por los trabajadores y una clara intención de desconocer la autoridad del Ministerio de Trabajo provincial, que debe actuar con firmeza”, manifestaron desde el sindicato.

La empresa suiza Clariant anunció el cierre definitivo de su planta en el Parque Industrial de Zárate, lo que implicará el cese de su producción en el país y afectará a unos 50 trabajadores. La medida se enmarca en una serie de conflictos laborales en el sector químico, en un contexto económico cada vez más adverso para la industria nacional.

Según pudo saber InfoGremiales, los productos que antes se fabricaban localmente serán importados desde Brasil, marcando un retroceso en el desarrollo productivo del sector. Clariant informó que continuará con presencia comercial en Argentina, pero sin operar plantas propias ni generar empleo industrial en el país.

El cierre planta Clariant fue comunicado a clientes, proveedores y al Sindicato de Trabajadores Químicos, y responde a un análisis de viabilidad financiera global realizado por la casa matriz en Suiza. Si bien la empresa aseguró que abonará las indemnizaciones correspondientes, persisten dudas sobre si se hará de manera completa.

La medida ya genera un fuerte impacto social y económico en la comunidad de Zárate, donde la industria química representa uno de los principales motores de empleo y desarrollo.

Pero el caso de Clariant no es aislado. La empresa Archroma se encuentra bajo conciliación obligatoria tras despedir a seis trabajadores; Agrofina evalúa un recorte de personal mediante un procedimiento preventivo de crisis; y en Alpek, un conflicto por 29 despidos derivó en una reorganización de turnos para evitar cesantías.

Este escenario refleja las dificultades crecientes de la industria nacional, golpeada por la caída del consumo, la paralización de la obra pública, la recesión industrial y un modelo económico que promueve la apertura de importaciones y la eliminación de incentivos a la producción.

El cierre planta Clariant se suma a una lista cada vez más extensa de empresas que abandonan la actividad productiva en el país, profundizando la crisis industrial y el deterioro del empleo formal.

A pesar de que los sindicatos docentes no convocaron a un paro, el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación ATE sí decretó decretó una huelga para este miércoles 18 de junio por lo que muchas escuelas no tendrán clases.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas para este miércoles 18 de junio, con movilizaciones en todo el país y un reclamo central: el juicio político a la Corte Suprema por su rol en la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

Para ATE, la actual Corte Suprema actúa con arbitrariedad política, elige cajonear o acelerar expedientes según su conveniencia y ahora, con la proscripción de dirigentes políticos, hiere de muerte la democracia. En ese sentido, Aguiar afirmó que “se cumplen todas las causales para su enjuiciamiento que se encuentran previstas en la Constitución Nacional”.

Desde ATE estiman que más de medio millón de personas participarán de las protestas en todo el país. En la Capital Federal, se esperan al menos 50 mil trabajadores estatales. “Existen pruebas concretas de que el máximo tribunal es parcial y dependiente. Está rota la división de poderes en el país”, concluyó Aguiar.

ATE Provincia de Buenos Aires convoca al paro lo que afectará al dictado de clases en muchas escuelas bonaerenses ya que se trata del gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación.