La Defensoría del pueblo bonaerense resolvió más del 90% de los reclamos de inquilinos

septiembre 27, 2018 | Provincial

La principal queja que recibe la defensoría del pueblo conducida por Guido Lorenzino, es la del estado de las viviendas alquiladas. Desde hace más de un año, el organismo cuenta con un área dedicada al tema.

Problemas en las viviendas, conflictos con los propietarios o las inmobiliarias, e irregularidades en los contratos, fueron algunos de los inconvenientes que la Defensoría del Pueblo bonaerense resolvió.

El Área de Atención Primaria a Inquilinos Bonaerenses, que coordina Cecilia Gómez Mirada, surgió como respuesta a las problemáticas que atraviesan muchos ciudadanos en cuanto al acceso a la vivienda y los contratos de alquiler. Desde septiembre de 2017 resolvió el 91,11% de los conflictos, mientras que un 8,88% aún continúan activos y el 2.57% restante fueron derivados a otros sectores debido a su complejidad.

“La problemática habitacional es uno de los grandes inconvenientes que viven las familias bonaerenses. Si a eso le sumamos las dificultades relacionadas a todo lo que tiene que ver con el alquiler, estamos ante un combo explosivo. Nuestra intención es resolver estos conflictos apelando al diálogo y al respeto por las normas, lo que explica el alto porcentaje de soluciones alcanzadas”, expresó Lorenzino.

En cuanto a los reclamos, el 37,7% se deben a problemas estructurales de la vivienda o vicios ocultos (humedad, filtraciones, roturas de cañerías, etc.), o la falta de respuestas por parte de los propietarios y las inmobiliarias. En segundo lugar, el 20,05% de las quejas surgieron por problemas con el depósito del contrato, y cierra el podio, con el 17.19%, los inconvenientes relacionados a cobros indebidos de honorarios en donde las inmobiliarias incumplen con lo normado por la ley provincial.

Más atrás, con el 14,32%, aparecen los reclamos que giran en torno a la finalización de los contratos y, finalmente, el 10.88% de las consultas se deben a cuestiones generales como cuáles son las normativas vigentes que garantizan los derechos de los inquilinos, los pagos de servicios públicos e inquietudes sobre la renovación de contratos.

 

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