Kicillof viaja a Guaminí para inaugurar la nueva Planta Potabilizadora de Agua que había paralizado Milei
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El próximo martes 28 de abril, ABSA inaugurará la nueva Planta Potabilizadora de Aguade Guaminí, una obra clave para garantizar el acceso al agua potable en el distrito, que había sido paralizada por el gobierno nacional y fue reactivada por la Provincia. Se espera la presencia del gobernador, Axel Kicillof.
La planta potabilizadora, que ya contaba con más de un 80% de avance, había sido frenada tras la paralización de la obra pública nacional. Su reactivación se concretó en agosto de 2025, en el marco de la decisión del gobierno provincial de retomar proyectos esenciales.
El acto de inauguración se realizará el próximo martes 28 de abril a las 15:30 en la sede de ABSA (Hipólito Yrigoyen 11, esquina García Pereyra).
Guaminí se convirtió así en el primer distrito en reactivar una de las siete plantas potabilizadoras que ABSA tenía en ejecución con financiamiento nacional.
La obra incluyó la instalación de nuevos módulos, cañerías, cisternas y una estación de bombeo, lo que permitirá mejorar el abastecimiento y la calidad del servicio para los vecinos.
Durante la jornada también se realizará la firma de convenios y la entrega de escrituras a familias del distrito, que accederán finalmente al título de propiedad de sus viviendas tras años de espera.
Desde el municipio destacaron que se trata de “un día trascendental”, ya que la obra representa “salud, mejor calidad de vida y el cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad”.
Un joven de 25 años fue aprehendido esta mañana en Coronel Suárez, acusado de atropellar y matar a dos personas que circulaban en moto en el ingreso al Aeroclub local y luego darse a la fuga.
El hecho se registró alrededor de las 05:25 sobre la avenida Casey. Al llegar al lugar, personal policial encontró a una mujer sin vida sobre la banquina, mientras que el hombre que la acompañaba fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció poco después a causa de las graves heridas.
Fuentes policiales identificaron a las víctimas como Maira Melisa Videla (31) y Jorge Damián Videla (33), quienes eran hermanos.
Según la información oficial, ambas víctimas circulaban en un ciclomotor Kymco 110 cuando fueron embestidas desde atrás por una camioneta que transitaba en el mismo sentido. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.
Horas más tarde, cerca de las 07:25, la policía aprehendió a Ramiro Pallela, de 25 años y domiciliado en la localidad de La Colina, señalado como el conductor del vehículo. En el procedimiento se le secuestró un teléfono celular, un iPhone 14 Pro.
Posteriormente, alrededor de las 08:00, se incautó una camioneta Chevrolet S10 gris en inmediaciones del Aero Golf Club, que habría participado en el hecho. También fueron identificados los acompañantes.
En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica, personal de la SubDDI Coronel Suárez y la ayudante fiscal Dra. Stadelman.
La causa quedó en manos de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de doble homicidio culposo.
El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó este jueves 23 de abril una ordenanza que crea el Programa Municipal de Prevención y Abordaje Integral del Sobreendeudamiento Familiar, una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática extendida en la ciudad. Dos de cada tres familias contrajeron deudas el último año.
El proyecto fue impulsado por el concejal Claudio Carucci (Unión por la Patria) y se apoya en datos elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que indican que 2 de cada 3 hogares en Bahía Blanca contrajeron alguna deuda en el último año y que 1 de cada 3 presenta atrasos en los pagos.
Según el relevamiento, la morosidad en hogares vulnerables alcanza el 54%, mientras que en aquellos donde la mujer es la única sostén económica, el nivel de endeudamiento asciende al 84%.
La ordenanza establece tres ejes principales de intervención. En primer lugar, se implementarán acciones de educación financiera con enfoque de derechos, mediante campañas y talleres orientados a fortalecer la autonomía económica de las familias.
En segundo término, se prevé la detección temprana en territorio a través de los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC), que funcionarán como espacios de identificación de situaciones de riesgo y de orientación.
Por último, se reforzará la orientación y articulación institucional mediante la intervención de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que brindará asesoramiento, canalizará reclamos y mediará ante posibles prácticas abusivas.
Articulación institucional y generación de datos
La normativa también dispone la creación de una Mesa Interinstitucional de Abordaje Integral del Sobreendeudamiento Familiar, integrada por representantes del Concejo Deliberante, la OMIC, la Secretaría de Políticas Sociales y universidades locales. Este ámbito tendrá la tarea de elaborar informes periódicos, diseñar indicadores de alerta temprana y proponer recomendaciones de política pública.
Asimismo, se pondrá en marcha un Sistema de Información Local que permitirá relevar y sistematizar datos sobre endeudamiento familiar, con el objetivo de identificar patrones territoriales de riesgo, garantizando la protección de datos personales.
Carucci destacó que la iniciativa aborda un fenómeno estructural: “El sobreendeudamiento no es un problema individual, es estructural. Afecta a 2 de cada 3 hogares en Bahía Blanca. Por eso es fundamental que el Municipio asuma un rol activo en la prevención, la educación financiera y el acompañamiento a las familias”.
En esa línea, remarcó que se trata de una política pública preventiva sustentada en evidencia académica local y aseguró que Bahía Blanca se convierte en la primera ciudad del país en avanzar con una ordenanza de estas características.
Lo que comenzó como una oportunidad de desarrollo terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial y económica para una familia de Tres Arroyos, que hoy enfrenta la pérdida total de sus bienes tras un prolongado litigio contra Walmart Argentina.
Todo se remonta a 2013, cuando la familia firmó un contrato con la empresa para la construcción de un supermercado en un terreno propio. El acuerdo contemplaba el alquiler del predio por un plazo de 30 años, en lo que parecía una inversión segura y a largo plazo. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.
Según trascendió, la firma ocupó el terreno durante casi cuatro años sin abonar alquiler y luego se retiró del país, dejando trunca la iniciativa. A partir de allí comenzó una disputa judicial que, lejos de resolverse a favor de los propietarios, terminó agravando su situación.
Un fallo inesperado y una deuda millonaria
La demanda iniciada por la familia fue rechazada por la Justicia bajo el argumento de un “mal encuadre jurídico”. Pero lo más impactante llegó después: se les impusieron honorarios a favor de dos abogados de la empresa por un total de 56.993 UMAs, lo que equivale a más de $5.270 millones a valores actualizados a febrero de 2026.
El monto fue convalidado por la Cámara Civil Nacional, pese a que la familia no fue condenada a pagar ninguna indemnización. El resultado fue devastador: los integrantes del grupo —una mujer de 87 años, su hija (fallecida en 2025) y un hijo con discapacidad motriz— fueron declarados en quiebra, y sus bienes comenzaron a ser ejecutados y subastados en la provincia de Buenos Aires.
El caso sumó además denuncias penales contra el titular del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos por presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También se señalaron conductas irregulares por parte de uno de los abogados beneficiarios de los honorarios, quien habría intimidado a un juez de Zárate-Campana, situación que derivó en una denuncia formal.
En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario mediante el artículo 280, aunque aclaró que esa decisión no implicaba avalar la justicia del fallo.
Lejos de cerrarse, el conflicto continúa: actualmente se tramitan planteos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense y el caso podría escalar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los denunciantes sostienen que existen similitudes con el antecedente “Cantos vs. Argentina”, donde se cuestionaron sanciones económicas desproporcionadas que afectan el acceso a la Justicia.
